El rompecabezas discriminatorio de la exclusión sanitaria

A. Gómez y G.García // Alpha Pam vivió un periplo marcado por la desatención médica en Mallorca. Se le denegaron las pruebas diagnósticas y también la visita de un especialista por su condición de migrante sin tarjeta sanitaria. Ocho días después de la tercera visita al hospital, murió de tuberculosis en su casa.

Daniel Stefan sufrió un accidente laboral cuando trabajaba sin contrato en el sector de la construcción, en Cataluña. Ahora necesita tratamiento continuado, pero hasta que Rumania no certifique que no tiene ningún tipo de cobertura sanitaria en su país de origen, sólo tiene acceso a urgencias. Hace tres meses que solicitó el certificado.

Cuando tenía ocho meses, la pequeña Rubie tuvo mucha fiebre. Su padre y su madre, de nacionalidad británica y vecinas de Calp, en Valencia, la llevaron a urgencias, pero allí no la querían atender si no pagaban 132 euros por anticipado porque la niña disponía de una tarjeta SIP provisional. Este trámite alargó una hora y media la espera en el hospital.

Son tres casos de exclusión sanitaria derivada del Real Decreto 16 /2012, aprobado hace poco más de un año. Desde setiembre de 2012 hasta hoy, en España, cada día 2.300 personas han perdido la tarjeta sanitaria, es decir, su derecho a la sanidad pública y universal. Esta vulneración es fruto de la puesta en marcha, hace poco más de un año, del Real Decreto 16 /2012, una reforma sanitaria aprobada por el gobierno popular que excluye de la sanidad pública a las personas que no tienen la condición de aseguradas: principalmente personas migradas sin permiso de residencia, pero también mayores de 26 años que no han cotizado, si no acreditan falta de ingresos.

La ley vincula la atención sanitaria a la cotización de los trabajadores. Se trata de un modelo caduco: en 1999, el Estado asumió totalmente la financiación de la asistencia sanitaria y se suprimió la aportación de cotizaciones sociales. Por lo tanto, actualmente, el sistema nacional de salud se financia con los impuestos generales que paga toda la población, al margen de la situación administrativa o laboral.

Mientras la ministra de Sanidad, Ana Mato, afirma que se siente «moderadamente satisfecha» por el balance de la reforma, organizaciones como Médicos del Mundo y Amnistía Internacional denuncian casos de exclusión sanitaria grave. Las palabras de la ministra -«Acabaremos con los abusos que cometen algunos extranjeros»- son, según las ONG, un envoltorio para excluir todo un colectivo y forzarlo a contratar seguros privados.

Estigmatización de los migrantes

Amnistía internacional, en el informe El laberinto de la exclusión sanitaria, condena los discursos que asocian inmigración y utilización indebida y abusiva de la sanidad, y advierte que contribuyen a estigmatizar a las personas migrantes. Hay datos que rebaten las palabras de Mato. Una encuesta de Médicos del Mundo hecha en 2010, por ejemplo, revela que solo el 4 % de las personas migraban por razones de salud.

Todavía hay otro argumento que desmonta la tesis de Mato y del gobierno popular. Tal como establece la ley, el Gobierno debería haber publicado una evaluación de impacto del real decreto antes de su aprobación, pero no lo ha hecho, a pesar de la petición de varias organizaciones y grupos parlamentarios. Incluso el Tribunal Constitucional se ha hecho eco de la falta de una evaluación.

Lo único que se puede certificar hoy es que, durante los más de doce meses de aplicación del decreto, el gobierno español ha retirado más de 870.000 tarjetas sanitarias a personas que se encontraban en situación irregular, aunque, en muchos casos, hacía años que residían y trabajaban en España. Un recorte más al frágil derecho a la salud, recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y suscrito por el Estado español a través de la 65 ª Asamblea Mundial de la Salud.

El decreto del apartheid

El Real Decreto Ley 16/201212 establece que las personas migradas en situación irregular mayores de edad sólo tendrán asistencia sanitaria gratuita en dos supuestos: en casos de urgencia o de accidentes hasta el alta médica y en el embarazo, el parto y el posparto. Las personas menores de edad, las solicitantes de protección internacional y las víctimas de trata de seres humanos en período de restablecimiento y reflexión también dispondrán de atención sanitaria gratuita. El resto tendrá que pagar por los servicios. Esto puede suponer, según la médico de Palma de Mallorca Mercedes Gutiérrez, cerca de 80 euros por una visita en un centro de atención primaria y 200 euros para una visita hospitalaria.

Para la ONG Amnistía Internacional, el real decreto es un error de previsión grave y una regresión en el marco de los derechos humanos. Según Francisco Garrido, abogado de Médicos del Mundo, la reforma provocará, a medio plazo, un incremento del gasto sanitario, un aumento de las enfermedades y un incremento de la mortalidad. «Puede suponer, junto con el resto de recortes sanitarios, un descenso de la esperanza de vida», alerta.

El balance traumático de la reforma se suma a la larga lista de recortes en la sanidad pública. Sin ir más lejos, desde el 1 de octubre pasado, las pacientes de enfermedades crónicas como la hepatitis C, la artritis reumatoide o determinados tumores están obligadas a desembolsar el 10 % del coste de su tratamiento (hasta ahora gratuito) en las farmacias de los hospitales.

Ante la situación, los organismos internacionales de protección de los derechos humanos se han manifestado preocupados. El comité DESC de la ONU, por ejemplo, ha recomendado a España que «las reformas adoptadas no limiten el acceso de las personas que residen en el Estado por parte los servicios de salud, cualquiera que sea su situación legal». Asimismo, el relator especial de las Naciones Unidas sobre discriminación ha calificado la norma de «novedad lamentable».

Desgraciadamente, el Estado español no es una excepción en el marco europeo. El conjunto de los estados miembros de la UE aplican normas que limitan el acceso de las personas sin papeles en la sanidad pública. Cada uno, sin embargo, lo hace con criterios y fórmulas diferentes: hay estados donde la exclusión de las personas es total, como Alemania o Grecia, y otros en que toma varias formas en función del tiempo de estancia en el país, como Francia, Portugal o el Reino Unido, donde Cameron ya ha anunciado que, en 2014 , se restringirá el acceso.

Pero las fórmulas también han sido distintas dentro del Estado español. Mientras algunos gobiernos autonómicos comenzaron a rechazar migrantes sin papeles meses antes de que entrara en vigor la norma, otros se han opuesto: es el caso de Andalucía y del País Vasco, que han interpuesto recursos de inconstitucionalidad. Cataluña, Valencia y las Islas Baleares han puesto en marcha la reforma con tres criterios distintos.

[Artículo publicado en La Directa]