El Cabanyal doblega a Rita Barberá

SERGI TARÍN // La incertidumbre duró unas cuántas horas. El pasado jueves, a mediodía, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, convocó de urgencia a los medios para referirse a las últimas novedades sobre el Plan del Cabanyal. Y lo hizo con todo el aparato pirotécnico de puesta en escena. Es decir, salón presidencial, mesa larga y amplia disposición de regidores llamados a toque de silbato. Entonces, con arrebato de pescatera, empezó la subasta del humo. Y humo compraron los medios durante la rápida carrera digital. Y humo tóxico consumieron muchos lectores. E, incluso, humo de excavadora creyeron distinguir cerca de casa algunos vecinos asustados.

Es la historia de una obsesión. Desde 1998, Barberá quiere perforar El Cabanyal prolongando la avenida de Blasco Ibáñez hasta la mar. Sobre el plano, esto supone la destrucción de 1.651 viviendas de alto valor patrimonial. Quince años de conflicto han permitido el hundimiento de una cincuentena. Y la compra de unas 500 más, muchas de las cuales estarían en tierra si el Ministerio de Cultura no hubiera emitido una orden en contra en diciembre de 2009. La norma prohíbe los derribos al considerarlos un expolio del patrimonio español. De hecho, el casco histórico del Cabanyal fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1993. Y la porción de trama que tiene a los bordes es, mayoritariamente, Conjunto Histórico Protegido. Se trata de una joya modernista de calles en retícula, paralelos a la mar y con edificios de dos plantas construidos sobre los solares de las antiguas barracas de pescadores.

La orden estatal fue contestada por el Partido Popular valenciano en marzo de 2010 con la Ley de Medidas de Protección y Revitalización del Conjunto Histórico de la Ciutat de Valencia. Una norma con un contenido totalmente opuesto al título y hecho a medida para la destrucción del barrio: “El PEPRI del Cabanyal no perjudica, daña o deteriora la protección del conjunto histórico de la ciudad”. Y todo esto sin ningún informe de entidades patrimoniales. Sólo a golpe de mayoría parlamentaria. La ley, tramitada y aprobada con un velocidad récord, entró en vigor el 6 de abril. Aquel día las máquinas tumbaron dos edificios y la policía cargó con dureza sobre el vecindario. Dos días más tarde, escombros y hostias se repitieron y multiplicaron. Finalmente, el 14 de abril, el Gobierno español presentó un recurso y el Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente el escombros.

Mensajes contradictorios

El pasado jueves, el Consejo de Ministros decidió retirar el recurso de inconstitucionalidad. “Se ha dado el primer paso oficial para deshacer el nudo del Cabanyal”, enfatizó Barberá. Pero pasó de puntillas por el verdadero hecho relevante: si el Gobierno renuncia al recurso es porque la Generalitat se ha comprometido a derogar la ley que lo motivó. Y sin recurso ni ley, lo único cierto es la orden ministerial, que impide tocar una piedra e insta en el ayuntamiento a cambiar el lesivo plan. “La derrota de Barberá es más que clara”, explica Maribel Domènech, portavoz de Salvem El Cabanyal, plataforma vecinal contraria a las demoliciones y que apuesta por la rehabilitación integral del barrio. Según Domènech, “la alcaldesa no ha querido hacer el ridículo y ha preferido retirar la norma antes de la sentencia del Constitucional, que parecía que sería muy catastrófica por sus intereses”.

Justo es decir que Barberá esgrimió durante la rueda de prensa una infinidad de mensajes contradictorios. “Tenemos que adaptarnos a la orden ministerial”, aseguró. Un argumento que, teóricamente, supone reconocer la ilegalidad perpetrada durante 15 años. Acto seguido, declaró que no se modificará ni una coma del planteamiento inicial y que se actuará “para que se mantenga un recuerdo claro del que fue [El Cabanyal]”. ¿Para qué destruir algo si se quiere recordar a continuación? Y, en tercer lugar, que la intervención se hará con “racionalidad, sensibilidad, consideración y respeto”. Unas palabras que en boca de Barberá referidas al Cabanyal suenan a pura escatología. No en balde, en todo este tiempo, desde el ayuntamiento se ha maniobrado para convertir el barrio en una incesante herida urbana. Degradación, suciedad, droga y pobreza son los cuatro jinetes de un apocalipsis con vistas a la mar.

Carencia de influencia

Muchos no se creen la imagen nueva de una alcaldesa conforme a la legalidad. Desde 2010, sus intentos para tumbar la orden del ministerio han resultado tan incontables como infructuosos. Primero la recurrió a la Audiencia Nacional, desde donde se ratificó el expolio. Después le rechazaron una querella en contra de Ángeles González-Sinde, la titular de Cultura de entonces. También ha recibido informes en contra de la Abogacía del Estado y del Defensor del Pueblo. Y las maniobras en la Moncloa para arrancar compromisos políticos en favor de la derogación han sido nulos. La pérdida de peso interno y la voluntad de Rajoy para alejarse de territorios apestados por la corrupción han sido determinantes en la carencia de influencia.

Pero Barberá, aseguran quienes la conocen, quiere prolongación. Aunque sea un centímetro. Y su centímetro más codiciado está en la calle San Pedro, afectado por la avenida y, además, por un bulevar perpendicular que implicaría el escombro de la hilera de casas situadas a ponente. Entre de ellas, la sede de Salvem y las viviendas de los principales opositores al PEPRI. “Si no puede prolongar, querrá venganza”, advierte Domènech. San Pedro es donde más edificios se han comprado y tumbado. Allí se hizo en 2007 el primer experimento fallido de expropiación forzosa colectiva. El resultado de todo es un itinerario de solares y fachadas deshechas. “El gobierno no tiene nada que decir si no hay BIC”, clamó Barberá. Y San Pedro no es BIC. “Pero sí conjunto histórico”, apunta Domènech, quien acto seguido explica que las zonas BIC tienen que estar forzosamente rodeadas de conjunto histórico. “Es un tipo de cordón sanitario que, si se rompe, atenta contra la normativa de patrimonio. Y esto no lo vamos a permitir”, concluye.

[Artículo publicado en La Veu]