El Gobierno renuncia a intensificar la lucha contra el fraude fiscal

Sólo ha pasado poco más de un mes desde que Mariano Rajoy anunció, a su llegada a Nueva York, que se plantaría en la Asamblea de las Naciones Unidas para poner los puntos sobre las íes a Reino Unido y Gibraltar. “Gibraltar no puede ser un paraíso fiscal, ni puede haber contrabando”. En el momento de la verdad, cuando el presidente español subió al estrado, la apelación a Gibraltar se limitó a pedir su descolonización, mientras que la reivindicación concreta de la eliminación de su papel como paraíso fiscal se quedó en el limbo.

Esta anécdota puede servir como ejemplo en la dinámica que ha seguido el PP respecto al fraude fiscal desde que llegó al Gobierno. En lo retórico, el fraude fiscal se ha puesto varias veces en el punto de mira, e incluso se han desarrollado dos leyes al respecto. Aun así, en la práctica, y amnistía fiscal mediante, el sistema tributario español es cada vez más regresivo, es decir, no paga más en términos porcentuales el que más tiene o gana sino todo lo contrario. Además, el fraude fiscal sigue existiendo, y una actuación coordinada internacionalmente contra los paraísos fiscales sigue esperando.

Ante esta situación, el grupo de la Izquierda Plural, a través de su diputado Alberto Garzón, presentó en el Pleno del Congreso el pasado martes una propuesta de ley que fue rechazada por el PP. La iniciativa tenía los siguientes puntos fuertes:

• Dificultar una nueva amnistía fiscal, obligando a convocarla a través de una ley orgánica (se necesita un mayor consenso para aprobar leyes orgánicas que ordinarias).

• Aumentar el periodo de tiempo en el que los delitos fiscales están vigentes a más de diez años. La Ley Orgánica 7/2012 de 27 de diciembre, puesta en marcha por el PP, ya recoge la prescripción a partir de los diez años cuando se dan agravantes como que la cantidad defraudada sea superior a 600.000 euros o se realice en el seno de una organización criminal.

• Endurecer las penas contra los defraudadores. Esta propuesta también está desarrollada en la ley citada anteriormente, que elevó la pena por delito fiscal a un máximo de seis años.

• Hacer público el nombre de las personas que se beneficiaron de la amnistía fiscal.

• Rebajar la cantidad máxima que se puede realizar en un pago efectivo, de los 2.500 euros que fijó el PP el año pasado, a un límite de 1.000 euros.

• Actuar contra los paraísos fiscales, en especial a los que existen dentro de la UE como Gibraltar, Andorra y Luxemburgo.

El diputado del PP Juan Antonio Abad defendió el no a la propuesta, argumentando que las motivaciones de la misma eran “políticas y no técnicas”, y porque a su Gobierno “le ha preocupado desde el primer momento el fraude fiscal y está legislando para ello». Respecto a esto último, son dos las leyes que el equipo de Rajoy ha puesto en marcha referentes al fraude fiscal. La primera de ellas es la Ley 7/2012 de 29 de octubre, que según sus promotores intentaba intensificar la lucha contra el fraude fiscal para combatir la caída de ingresos que sucedió al estallido de la crisis. La ley se aprobó con el voto único del Partido Popular tras rechazar 120 enmiendas de la oposición. La segunda es la ya mencionada Ley Orgánica 7/2012 de 27 de diciembre, cuyos principios más importantes han sido anteriormente comentados.

Frente a la idea del Partido Popular de que los deberes en cuanto al fraude fiscal están hechos y que ahora sólo queda esperar a que las nuevas leyes den sus frutos, hay varias voces que alertan de que los problemas siguen vigentes. Una de ellas es la de Miguel Ángel Luque, profesor titular de la Universidad de Almería y especialista en derecho financiero y tributario. Según Luque, cuando un defraudador decide no pagar impuestos tiene en cuenta tres situaciones conjuntamente:

1. La posibilidad de ser descubierto.

2. Las sanciones que se le pueden imponer si finalmente se descubre su actividad ilegal.

3. La posibilidad de que su conducta quede impune. El salir indemne de su delito puede deberse a la puesta en marcha de una amnistía fiscal, algo que en España ya ha sucedido y que, aunque improbable en el corto plazo, podría volver a suceder.

Respecto a la primera, Luque argumenta que no se está trabajando para aumentar las posibilidades de descubrir al evasor fiscal, ya que la Agencia Tributaria no está reponiendo a sus miembros jubilados y la plantilla es ya casi similar en número a la del año 1992, cuando se inauguró esta organización. Además, el profesor de la Universidad de Almería apunta que la vigilancia de la Agencia se limita sobre todo a las rentas del trabajo, “mientras que las grandes empresas, que es donde está el meollo de la cuestión, no reciben tanta presión, incluso hay multinacionales que no han sido nunca investigadas”.

En cuanto a las sanciones, Luque argumenta que éstas pierden su función disuasoria cuando existe la posibilidad de que una vez abierta la instrucción contra un defraudador, si este colabora y devuelve el dinero evadido íntegramente, la pena puede reducirse hasta los seis meses y no conllevar la entrada en prisión. Además, siempre que se colabore, la multa que se impone es de una cantidad irrisoria.

Otro de los problemas que remarcó Alberto Garzón durante su intervención en el Congreso, la mencionada regresividad del sistema tributario de España, sigue agravándose hoy tras dos años de mandato popular. Mientras que impuestos indirectos como el IVA o el de los hidrocarburos, que no diferencian entre los que más y menos tienen, no han hecho más que subir; el impuesto de sociedades, que grava el beneficio de las empresas, ha escapado tanto a la subida como al debate en torno a él.

Tal es esta situación que Manuel Lago, economista de CCOO, tituló el informe que publicó la Fundación 1º de Mayo y que estudiaba el sistema tributario desde el 2006 al 2011 como El impuesto de sociedades, principal responsable de la crisis fiscal española. La caída en la recaudación del impuesto de sociedades y de los otros impuestos es lógica porque la actividad económica también descendió. Aun así, Lago defiende que parte de la caída en la recaudación sobre el beneficio empresarial se debe a una cuestión ideológica y a la existencia de un tratamiento de favor implícito a las grandes empresas.

Este privilegio se concreta en la base imponible del impuesto, es decir, la cantidad sobre la que se aplicará el mismo. Según la lógica, un impuesto que actúa sobre los beneficios de las empresas debería de tener su base imponible sobre el beneficio de las mismas, pero en realidad esto no es así. Según Lago, la base imponible es cada vez más pequeña que los beneficios, por lo que las empresas acaban pagando menos de lo que en un principio deberían pagar. Las reducciones se hacen a través de una compleja ingeniería fiscal que ha permitido que en 2006 el impuesto se aplicara sólo sobre el 85% de los beneficios (15% libre de tributación) y que en 2010 la cantidad se redujera todavía más, hasta el 50% de los beneficios.

Para demostrar que beneficios y base imponible no son lo mismo en España, Lago señala las diferentes caídas de una y otra variable de 2006 a 2009. En estos años los beneficios empresariales se redujeron un 13%, mientras que la base imponible descendió un 44%, lo que demuestra, según el economista, que el impuesto de sociedades “va camino de la irrelevancia”. Esta situación ha provocado que, mientras teóricamente el impuesto de sociedades es de un 30% para grandes empresas y de un 25% para pymes, en realidad este impuesto ha gravado mucho menos a los beneficios, llegando a un mínimo histórico de tan sólo un 9,4% en 2010.

Aprovechar los resquicios legales

La disminución explicada del impuesto de sociedades no es una evasión de impuestos en sí, ya que las empresas no están actuando fuera de ley, sino dentro de ella y aprovechándose de los beneficios que se les reserva. Esto no quiere decir que esta práctica no sea un problema con implicaciones políticas y que se materializa finalmente en recortes sociales.

En una situación de crisis de las cuentas públicas como en la que se encuentra España, un reajuste del presupuesto puede realizarse tanto recortando gasto, como se está haciendo al reducir los servicios públicos, como también aumentando los ingresos a través de resolver la evasión fiscal y solucionando los resquicios legales por los que el dinero que, en teoría, tendría que recaudarse con los impuestos, se escapa. Para el Gobierno, esta segunda posibilidad está cerrada. De su discurso se desprende que todo lo que podían hacer ya está hecho en la lucha contra el fraude y en la consecución de ingresos, por lo que sólo queda seguir recortando para conseguir su principal objetivo de acabar con el déficit.