El gobierno trocea Renfe para favorecer su privatización

VALENCIA // Este martes, 29 de octubre, estaba previsto que se reuniese el Consejo de Administración de Renfe-Operadora para ratificar la división de la empresa en varias sociedades para que, a partir del 1 de enero de 2014, pasen a ser sociedades anónimas. Desde ese momento, Adif, titular de las infraestructuras, pasará a ser Red Estado y Red AVE. O como desde la misma empresa han llegado a decir: Adif malo y Adif bueno. Por su parte, Renfe, la operadora del servicio, se dividirá en cuatro: mercancías, viajeros, talleres y alquiler de material ferroviario.

En la práctica esta división abre la puerta a que empresas del sector entren a gestionar los ferrocarriles españoles. Como explica Juan Ramón Ferrandis, del sindicato CGT y trabajador de Renfe, “el día 2 de enero se podrán comprar por cualquier inversor y, si las fluctuaciones del mercado hacen que las acciones caigan hasta la mitad, se podría dar un concurso de acreedores o incluso se podría regalar a cualquiera”.

Para Ferrandis, la segregación abre la puerta a la llegada de trenes extranjeros. “Eso va a llegar en un futuro no muy lejano”, asegura, a la vez que aventura que “cuando se licite la empresa de mercancías, se la va a quedar la empresa alemana Deutsche Bahn (DB), y se va a pagar con parte de la deuda que España debe a los mercados, y sobre todo a los alemanes”. Además, apunta a la empresa francesa SNCF como “muy interesada en el tráfico de viajeros”.

En lo que respecta a Adif, uno de sus trabajadores, José Luís Lázaro, explica que “también se podría dar el caso que, igual que ahora hay una empresa francesa que lleva un mando de control desde Figueras hasta Francia, a partir del día 2 de enero de 2014 podría llegar hasta Valencia”.

Lázaro recuerda que “será el Consejo de Ministros quien marcará las pautas de las licitaciones o los concursos y sus condiciones” y alerta de que “puede venir una empresa como El Corte Inglés que ponga el precio de los billetes al precio que quiera y entonces el gobierno o la comunidad autónoma deberá subvencionar el resto para que podamos viajar, así que seguiremos pagando, incluso después de la privatización”. El primer paquete que saldrá a concurso será el de los trenes turísticos y después podría llegar los regionales, cercanías o largo recorrido.

Desde el gobierno recuerdan que esta medida se hace para cunplir la Directiva Europea que establece que en el año 2019 se debe abrir el mercado en el transporte ferroviario. Una directiva ante la que Alemania o Francia han mostrado sus reticencias, pero que España empezará a cumplir a partir del año que viene.

De hecho, tanto Renfe como Adif han empezado ha privatizar y a vender algunas de sus instalaciones, como el mantenimiento de las vías o los servicios de la estación de Atocha en Madrid.

El gasto del AVE

Pero otro de los problemas a los que se enfrenta el sector ferroviario es la desaparición de líneas tras la entrada en vigor el pasado 20 de junio de la ley de la obligatoriedad de servicio público. Esta ley establece que para que una línea se mantenga, tiene que tener como mínimo un 15 por ciento de ocupación.

La privatización iría mucho más allá y dejaría de lado las líneas deficitarias. En este sentido, Ferrandis, de CGT, explica que “vamos a tener que pagar tres veces los billetes, como en el caso de Valls, en Tarragona donde se suspendió un servicio y el ayuntamiento tuvo que aportar dinero y el servicio siguió funcionando. Así, explica “ese trayecto se pagaba tres veces: con los presupuestos, con los impuestos municipales y con el billete; este es el modelo que quieren impartir en España”.

Donde sí parece más rentable el negocio es en las grandes líneas. Actualmente, el mantenimiento de la mayoría de líneas de Alta Velocidad, está subcontratado. Por ejemplo, la línea Madrid-Valencia cuesta 72 millones en mantenimiento anualmente, dinero que va a parar a las grandes contratas como ACS o Entrecanales. Cuando se tengan los 10.000 kilómetros de vía, el mantenimiento de esas líneas se llevará el 0,4% de los Presupuestos Generales del Estado, unos 6.000 millones de euros anuales para estas multinacionales.

Movilizaciones

Ante esta situación los sindicatos CGT y SF-Intersindical han convocado diferentes paros y jornadas de huelga para los próximos meses. El resto de sindicatos, como, UGT o CCOO pese a “estar totalmente en contra de la segregación” no se han sumado a los paros.

Este jueves será la primera jornada de huelga de 24 horas, tras los paros parciales de lunes, martes y miércoles. Los convocantes de estos paros confían en que con ellos «los usuarios visualicen cuál es la situación». «Si los usuarios ven peligrar parte de su patrimonio», afirman «sería muy positivo y habríais ganado mucho, pero además deben ver que con la privatización tendrán un servicio de menor calidad, menos seguro y con billetes más caros”.

Además, también hay unas connotaciones laborales ya que para el primer trimestre se espera un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ahora mismo se está negociando. Aunque desde los trabajadores hacen hincapié que “el gran problema es que están acabando con un pilar básico de esta sociedad que es tener derecho a movernos con unas garantías mínimas”.

La Marea está editada por la cooperativa de lectores y trabajadores MásPúblico
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