“La Audiencia Nacional nos inspira poca confianza“

“La Audiencia Nacional no nos inspira demasiada confianza. Somos del País Vasco y cualquier cosa que pasa ahí se mezcla con otro tipo de cuestiones que no tienen nada que ver. Estamos preocupados por esto y por la gravedad de las penas que demandan“. Así explica Mikel Álvarez, uno de los cuatro imputados por los tartazos que recibió la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, con qué estado de ánimo esperan a la celebración del juicio, el próximo 18 de noviembre.

Los hechos tuvieron lugar el 27 de octubre de 2011 durante la celebración del XXIX Consejo Plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, en Toulouse, presidido por Yolanda Barcina. Gorka Ovejero, entonces teniente alcalde de Arruazu, Ibon García y Julio Villanueva interrumpieron el acto para embadurnar a la presidenta con tarta de merengue.  Mientras, Mikel Álvarez describía en francés cuál era el motivo de su acción de protesta.

Al día, siguiente fue también Álvarez quien ofreció una rueda de prensa en España para volver a explicarse. Por este motivo, está imputado como colaborador necesario en el delito de atentado grave contra la autoridad, por el que la Fiscalía solicita cinco años de cárcel para todos los participantes excepto para Gorka Ovejero, para el que pide nueve años de prisión por el cargo que ostentaba.

Mikel Álvarez cuenta que calificar los hechos como de atentado grave contra la autoridad es un caso único en todo el mundo. “Después de la conferencia hubo una denuncia interpuesta vía telefónica por el presidente de las regiones pirenaicas, como anfitrión del acto, a la policía francesa. La fiscalía de Toulouse archivó la denuncia porque no había indicios de delito“.

Esta reacción, según asevera Álvarez,  es común en toda Europa. “Ni se persiguen judicialmente, ni quien recibe los tartazos lo denuncia“. Un caso paradigmático es el de un exministro francés que recibió un tartazo. “Por el daño que esta acción causó a su imagen pública se impuso una indemnización de un euro, es decir, simbólica, al autor de la reivindicación. Y por este mismo hecho la fiscalía pide penas de prisión contra nosotros de entre 5 y 9 años y habla de atentado grave contra la autoridad“.

Contra el Tren de Alta Velocidad

El origen de esta acción de protesta reside en al proyecto de Tren de Alta Velocidad (TAV) que se está construyendo en Navarra y el País Vasco, cuya red ferroviaria ya es conocida como la “Y vasca“. Los motivos de oposición, además del evidente daño ecológico, pasan por un perjuicio socio-económico de la zona. Beatriz Arana, miembro del tercer movimiento contra el TAV, explica que, sobre la base de lo escrito por el recientemente fallecido activista de Ecologistas en Acción Rafael Fernández Durán, protestan sobre el denominado “Tsunami urbanizador».

Este concepto define un conjunto de infraestructuras que van naciendo a partir de la estación de tren. “A medida que avanza esa mancha de hormigón, se va perdiendo la tierra, que es garantía de supervivencia, soberanía alimentaria y de una relativa autonomía con respecto del capital“, cuenta Arana. “Cuanto más avanza este tsunami más van quedando los pueblos en manos del mercado; es decir, que son los intereses mercantilistas los que prevalecen sobre los de las personas».

A las consecuencias que este megaproyecto tiene sobre la gente y su tierra, se le suma la imposibilidad de los afectados a intervenir en la decisión de implantar el TAV. Fue durante la década de los 90 cuando surgieron diferentes voces contrarias a su implantación, tales como el sindicato de campesinos, algunos partidos políticos minoritarios, ayuntamientos o grupos ecologistas. Mikel Álvarez cuenta que la base del rechazo se establecía en tres puntos básicos: el impacto socio-económico, el derecho a veto, es decir, “devolver la capacidad de decisión a las poblaciones locales directamente afectadas que dieran lugar a consultas populares» y el cuestionamiento del modelo de transportes, ordenación del territorio y sociedad que suponen este tipo de planes de infraestructuras.

Mikel Álvarez explica que la respuesta por parte de las autoridades a estas voces disonantes fue autoritaria y antidemocrática. Cuenta que primero los ignoraron, pero cuando desde los distintos ayuntamientos comenzaron a habilitar referendos para que los ciudadanos opinaran sobre el TAV, acusaron a los alcaldes de prevaricación y desobediencia civil, por lo que desde entonces las consultas populares debían partir de los habitantes de las localidades afectadas.

Y además de las trabas, “hubo represiones violentas y amenazas. En 2008 se emitió una circular interna de la policía autonómica vasca donde se ordenaba que cualquier acción en contra del TAV se metiera en un expediente oficial y se enviara a la Audiencia Nacional de Madrid como asunto de terrorismo“. La mayor parte de estos expedientes se devolvieron a los tribunales de origen al considerar que no había indicios de terrorismo, pero el efecto disuasorio que tuvo amenaza fue importante.

Solidaridad e información

Mientras aguardan a que llegue el juicio, los imputados y los movimientos que se solidarizan con ellos están tratando de dar a conocer su caso mediante diferentes acciones. En Madrid, por ejemplo, llevan toda la semana dando charlas informativas en diferentes lugares de la capital, donde se quedarán hasta el domingo. También han redactado un manifiesto de solidaridad para que todo el que quiera se adhiera a su causa y ayuden a que se conozca su caso.

“Defendemos la legitimidad de las acciones simbólicas de protesta, como lo fueron los tartazos, frente a cargos públicos autoritarios que imponen el TAV mientras ocultan su verdadero impacto ecológico y socio-económico“, cuenta Mikel Álvarez. Aunque, con este manifiesto, también pretenden denunciar la desproporcionalidad de las penas solicitadas y el archivo de la causa. Fuera de la capital, ya se están organizando diversas concentraciones en localidades o por comarcas afectadas en el País Vasco para el día 12 de noviembre y, cuatro días más tarde, el día 16,  está convocada una manifestación en Pamplona contra las obras del TAV y en solidaridad con los tartalaris.

“Es fundamental que se conozca nuestro caso porque no solo nos afecta a nosotros. Queremos evitar la criminalización de los movimientos sociales de protesta o de acciones de desobediencia civil, que cada vez están más amenazados, como también vemos con el endurecimiento represivo contra las protestas sociales anunciadas en la reforma del Código Penal«, indica Álvarez.

Una reflexión que Beatriz Arana matiza al asegurar que lo que intentan criminalizar es cualquier tipo de expresión “como lo fue lo del tartazo. No hay que perder perspectiva. Untarle a una persona la cara de merengue no es un atentado, se ha usado hasta en el cine cómico como un instrumento lúdico. Definirlo como un atentado es hacer un uso erróneo e interesado del lenguaje». Una acción que, aunque consideran legítima,  no habrían tenido necesidad de llevarla a cabo si hubieran podido participar en el proceso de decisión sobre la construcción del TAV. “No nos dejan decidir sobre este tipo de proyectos, son totalmente impuestos a la población afectada que, en su mayor parte, no está de acuerdo. Pero como no tenemos canales de expresión, hay que mostrar la disconformidad con merengue», concluye.