Afectados por las hipotecas basura denunciarán a Emilio Botín

Esta mañana, delante de la puerta de la Audiencia Nacional de Madrid, se han manifestado un grupo de personas para anunciar que la semana que viene interpondrán una denuncia penal contra Emilio Botín “y otros altos directivos de las entidades financieras que operan en España» por estafa con hipotecas basura. Uno de sus abogados, Rafael Mayoral, que también forma parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha asegurado a La Marea que “nos encontramos ante una crisis económica que tiene uno de los pilares en la concesión de hipotecas basura. Ocurrió en EEUU y ha ocurrido en España con la desfachatez absoluta de que incluso los directivos de los bancos lo han reconocido públicamente».

Se refería al consejero delegado del Grupo Santander, Alfredo Sáez, quien en octubre de 2007 declaró que «claro que hay subprime en España, es una cuestión de puro sentido común. Los criterios por los que una hipoteca se considera subprime en los países anglosajones se pueden aplicar perfectamente a España». Con estas palabras confirmaba la existencia de las hipotecas basura en nuestro país que, hasta ese momento, se había negado.

Este tipo de créditos, calificados como de alto riesgo, se caracterizan por ser préstamos por un elevado porcentaje del valor de la vivienda (por encima del 80% del valor de tasación, incluso hasta alcanzar el 120%), una elevada “tasa de esfuerzo» (el hipotecante destina una gran parte de su sueldo a satisfacer el crédito) y tasaciones forzadas para incrementar el valor del inmueble.

Durante la presentación de las cuentas trimestrales de su entidad, en octubre de 2007, Alfredo Sáenz también quiso dejar claro que, a pesar de que existen, “no es mucho el porcentaje de hipotecas de este tipo». Según explicó el consejero delegado del Grupo Santander, «la supervisión del Banco de España es muy minuciosa, por lo que sería muy difícil que una entidad se volviera loca e hiciera grandes cantidades de hipotecas subprime; enseguida tendría encima a la inspección».

Tuvo que pasar alrededor de un año y medio para que, en febrero de 2011, el Banco de España publicara los datos que reflejaban el impacto de estas hipotecas en el sector financiero. A pesar de lo que aseguró Alfredo Sáenz, las cifras revelaban que las llamadas hipotecas basura suponían más de 100.000 millones de euros en volumen y un 20% en porcentaje total de créditos hipotecarios en el mercado español.

Rafael Mayoral ha explicado que tanto él como sus representados consideran que “conceder créditos en perjuicio de los deudores es una auténtica estafa y por ello vamos a ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial porque parece que nadie actúa. Se han concedido hipotecas que son bombas de relojería, auténticas estafas  contra la población».

Será el próximo jueves, día 31, cuando procedan a presentar la denuncia penal ante las autoridades judiciales con el objetivo “cumplan con su misión. Exigimos tutela judicial efectiva, que los jueces y los fiscales cumplan con su obligación y que investiguen y pongan a disposición judicial a los responsables». Mayoral ha asegurado no entender “cómo hasta esta fecha no se han tomado medidas de oficio, tanto por parte de aquellos que están encargados de investigar los delitos financieros como por parte de las fuerzas o cuerpos de seguridad del Estado ni de la Fiscalía».

Dado que hay personas que atribuyen gran parte de la responsabilidad de la crisis a quienes contrataron los créditos hipotecarios, el letrado de la PAH ha querido aclarar que “las estafas no se cometen a punta de pistola, sino a punta de bolígrafo“. Considera que “sobre el derecho a la vivienda ha habido un monopolio ejercido por parte de las entidades financieras, por medio de préstamos hipotecarios, en los que se han impuesto las condiciones por una parte frente a otra». Además, el equipo de abogados que representa a los afectados que interpondrán la denuncia cree que “está sobradamente acreditado que los principales responsables de la burbuja inmobiliaria y de la estafa con hipotecas basura son las entidades financieras».

Una presunta estafa que consideran que está acreditada desde 2008, aunque su intención, a partir de la interposición de la denuncia penal, es que las autoridades judiciales investiguen desde cuándo se conceden este tipo de hipotecas. “Es necesario que haya una investigación generalizada sobre cuáles han sido las prácticas de las entidades financieras. Entendemos que hay indicios para sospechar que, en muchos casos, han sido prácticas delictivas», ha argumentado Mayoral.

Prácticas delictivas basadas en la concesión de hipotecas respecto a las que “desde el principio sabían que existía alto riesgo de que no se pudieran pagar, que existía una gestión temeraria del riesgo financiero en perjuicio de los deudores y del orden socio-económico del país que es lo que nos ha llevado a la crisis», ha explicado. “Consideramos que no hay nadie intocable, nadie que está por encima de la ley» por lo que el objetivo de Rafael Mayoral y de los denunciantes es que se abra una investigación para “acabar con la impunidad de los que creemos que son los máximos responsables de la crisis financiera en España».