No daremos marcha atrás, impediremos que el franquismo vuelva a las aulas

Ana García es la secretaria general del Sindicato de Estudiantes

Utilizando la crisis como excusa, el Partido Popular pretende devolvernos a los oscuros tiempos del franquismo. Conquistas fundamentales como la educación y la sanidad públicas, de las que depende el bienestar de la mayoría de la población, están en su punto de mira. Rajoy y sus ministros añoran aquella época en la que sólo los ricos tenían acceso a una formación académica y una atención médica de calidad. En esta política de recorte salvaje de los derechos sociales, que afecta a trabajadores en activo y parados, a pensionistas y dependientes, los jóvenes somos, sin duda, un objetivo destacado.

Wert apesta a franquismo

La LOMCE, reforma educativa del aborrecido ministro Wert, es un fiel exponente de este viaje al pasado más oscuro de nuestra historia reciente. Pretende recuperar las reválidas franquistas en 4º de la ESO, 2º de Bachillerato y el Acceso a la Universidad. Rescata también la religión como asignatura computable para la nota media. Permite además financiar con dinero público centros privados que segregan a sus alumnos por sexo, poniendo en práctica esta reivindicación de los sectores ultracatólicos más fanáticos. A su vez, esta contrarreforma no se olvida de atacar nuestros derechos democráticos más elementales. Con respecto a las lenguas cooficiales de las nacionalidades históricas, intenta acabar con el derecho a estudiar con garantías el catalán, el galego y el euskera en la red pública. Baste recordar las declaraciones del Ministro acerca de que había “que españolizar a los estudiantes catalanes”. Y, por supuesto, también quieren acabar con el derecho a huelga para los estudiantes. La abrumadora oposición juvenil a sus planes de es respondida con represión.

Defendamos la escuela pública, defendamos la igualdad

Otro objetivo prioritario de la derecha es acabar con los valores de igualdad y justicia social contenidos en la enseñanza pública. Quieren destruir un modelo educativo que se fundamenta en que cualquier persona, sin importar su origen social, su situación económica, su raza o su sexo, tiene derecho a una formación académica de calidad. Tras el despido de 50.000 profesores y el recorte de 5.000 millones de euros por parte del gobierno, hay algo más que un ajuste presupuestario. Hacinándonos en las aulas, dificultando la labor del profesorado, acabando con los refuerzos para alumnos con necesidades especiales, pretenden convertir nuestros centros de estudio, los colegios e institutos públicos de los barrios obreros, en guetos de marginación y fracaso escolar. Por supuesto, hay un gran beneficiario de estos planes, la patronal de la enseñanza privada y concertada, aquellos que transforman un derecho universal en un lucrativo negocio.

Esta operación, se remata dinamitando otra reivindicación histórica de la comunidad educativa vital para que muchos estudiantes podamos finalizar nuestros estudios: la gratuidad de la enseñanza. En 2013, han sido 578.000 los niños que han dejado de recibir ayudas para material escolar, a lo que hay que sumar la reducción hasta casi su desaparición de las becas de comedor en numerosas comunidades autónomas.

No al tasazo y el decreto de becas

Pretenden expulsar a los hijos de los trabajadores del sistema educativo lo antes posible y, por supuesto, que no podamos acceder a la formación superior. El nuevo decreto de becas excluirá de la Universidad en torno a cien mil estudiantes que no disponemos de recursos económicos exigiéndonos más que a los demás. Se nos castiga por no tener dinero. La nota mínima para obtener exención de pago de tasas en la universidad es de 5,5 (el PP la subió el curso pasado 0,5 puntos) y para obtener alguna ayuda económica compensatoria la nota mínima exigida será de 6,5 en los grados y 7 para los másters. Mientras tanto, quien tenga dinero podrá estudiar tanto si saca un 7 como si saca un 2.

Nada queda a salvo, tampoco la Formación Profesional. Por ejemplo, en Madrid se han incrementado las tasas de grado superior en la FP hasta alcanzar los 400 euros. Pero eso no es todo: ya se publicó en el BOE que a partir de este curso se penalizará con 120 euros cada asignatura suspensa. El razonamiento de la derecha es transparente: ¿Para qué invertir en la formación de los jóvenes si lo que quieren los empresarios es mano de obra barata por el menor salario posible? Para los defensores del capitalismo el dinero destinado a la educación pública es un gasto “superfluo”.

Por una educación pública de calidad, democrática, laica y científica

En cambio, para la inmensa mayoría de las familias es la oportunidad de aspirar a una vida digna. Por ello, vamos a defender la escuela pública hasta el final. Sabemos que nunca nadie ha regalado nada a nuestras familias. La educación y la sanidad pública fueron una conquista arrancada a través de la lucha por nuestros padres y abuelos, que con su determinación también acabaron con la dictadura franquista.

Nuestros objetivos con la semana de lucha y las 72 horas de huelga de los días 22, 23 y 24 de octubre son claros: queremos que se retiren la LOMCE, el tasazo y el decreto de becas; que se devuelva el dinero robado a la enseñanza pública y se restituya a su puesto de trabajo a nuestros profesores despedidos. Que dimita el ministro Wert y garantizar que nadie vea vetado su derecho a la educación por no tener dinero.

El Partido Popular ataca y golpea a los más desfavorecidos, mientras protege y gobierna en favor de un puñado de banqueros a los que ya ha entregado a fondo perdido ¡61.000 millones de euros! La comunidad educativa formamos parte de una amplia rebelión social contra la derecha junto a la Marea Blanca, a la PAH y el extraordinario movimiento contra los desahucios, a los trabajadores que quieren impedir el cierre de sus fábricas… Somos mayoría y tenemos fuerza para obligar a dimitir al gobierno del PP.