La Lomce “blinda” las malas prácticas neoliberales de Madrid y Valencia

El PP se dispone a consumar la aprobación, tras su paso por el Senado, de la ley educativa con menor consenso de la historia de la democracia. La Lomce ha contado con el rechazo de todos los partidos de oposición, los sindicatos, los estudiantes y las asociaciones de padres y madres. Pero poco importa la falta de acuerdos. La mayoría absoluta de los conservadores les permite pasar el rodillo e, incluso, aceptar las propias enmiendas que el PP puso a la ley en su tramitación parlamentaria, las cuales ascendieron a 42. Con ellas afinaba a última hora el carácter neoliberal de la ley, y daba marcha atrás en algunos de los pocos puntos de consenso con los sindicatos.

Uno de los objetivos de la Lomce parece ser dar respaldo a muchas de las malas prácticas que se venían realizando en regiones como la Comunidad de Madrid o el País Valencià, gobernadas por el PP y destacadas por su progresivo debilitamiento de la escuela pública. En las capitales de Madrid o Valencia, los alumnos que dan clase en centros públicos ya son menos de la mitad.

“La Lomce viene a dar cobertura al modelo educativo neoliberal y conservador que ya se había puesto en práctica en algunas regiones, viene a dar rango normativo y legal a todas esas prácticas”, asegura Francisco García, secretario general de la federación de enseñanza de CCOO. Muchas de ellas se encuentran judicializadas en estos momentos, tanto en tribunales españoles como europeos, a la espera de resoluciones definitivas acerca de la legalidad de las mismas.

De este diagnóstico están cerca otras organizaciones de profesores, como ANPE, lejana de las posturas de CCOO o UGT, que, aun así, se ha sumado a última hora a la huelga general de la enseñanza prevista para el 24 de octubre contra los recortes y la Lomce. “Lo que se hace en Madrid es legal, porque sacan una normativa y ya está, pero otra cosa es lo ético. Las instituciones públicas tienen que proteger la enseñanza pública. Lo que nadie entiende es por qué se incluyen todas estas prácticas en la Lomce si a nivel de algunas Comunidades se está haciendo”, cuestiona la vicepresidenta de ANPE, Carmen Guaita.

Cesión de suelo público a la iniciativa privada

En Madrid es ya algo habitual que se regale suelo público, o se rebaje el alquiler del terreno a centros de enseñanza privada o concertada. La Lomce respalda estas prácticas, que se dan sobre todo en regiones gobernadas por el sector más duro del PP, como ocurre también en Valencia. Una de las enmiendas añade: “Las administraciones educativas podrán convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional”.

En la Comunidad de Madrid se abrió este ciclo de malas prácticas en 2008 con la construcción, con fondos públicos, de un centro público en El Álamo y su posterior cesión a un concertado. Desde entonces, se ha aprobado la cesión de suelo del Estado en multitud de ocasiones. “No hemos podido demostrar que la cesión de suelo público sea ilegal porque no nos admitieron el recurso por falta de legitimación del recurrente. El tribunal decía que CCOO no es parte interesada en el proceso de escolarización, cosa que sería discutible. Para nosotros, desde luego, son prácticas abiertamente ilegales”, explica Francisco García.

Profesores nativos sin oposición

Es una mala práctica que comenzó a realizar la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, y la expresidenta de la región Esperanza Aguirre, quienes contrataron a 28 profesores de Inglaterra e Irlanda destinados a colegios bilingües. Una medida que ha indignado a los profesores y sindicatos, ya que se sitúa fuera de los cauces de contratación del funcionariado.

“Cualquier profesor que vaya a impartir enseñanzas regladas tiene que pasar por el mismo proceso de selección que está previsto para los profesores españoles, ni más ni menos. Cualquier ciudadano de la UE puede hacerlo, pero no se les puede seleccionar a dedo”, denuncia García. Esta práctica está judicializada en estos momentos, pendiente de una resolución judicial definitiva.

Carmen Guaita va aún más lejos y señala que elegir profesores “a dedo” puede ser anticonstitucional. Además, asegura que no tiene sentido incluir esta normativa en una ley orgánica de educación, y menos en un momento en que se ha despedido a 50.000 profesores de la enseñanza pública. “Si en un momento dado hubiera necesidad de profesores de habla inglesa nativos, se puede hacer una norma transitoria”, explica.

Evaluaciones externas y ránking de centros

La misma OCDE ha advertido al ministro de Educación, José Ignacio Wert, de que los ránking de centros “no son buenos”, ya que hay que evaluarlos teniendo en cuenta el contexto socioeconómico. En Madrid ya se ha publicado a lo largo de varios cursos la clasificación de los colegios según la nota obtenida en una prueba institucionalizada y externa. Algo que escandaliza a los profesores.

“Esta medida supone un gran desconocimiento de lo que es la educación, que no se mide por los resultados, sino por el progreso, por la diferencia entre el punto de partida de un alumno y su punto de salida”, aclara la sindicalista y también profesora Carmen Guaita.  El entorno socieconómico,  el sistema educativo del que procede o la necesidad de aprender la lengua española, como en el caso de los alumnos inmigrantes, son factores a tener muy en cuenta.

“La evaluación es un indicador y hay que usarlo, pero no sirve este parámetro para indicar el éxito o el fracaso de un centro, y pensar esto implica un desconocimiento tremendo”, añade Guaita. La Defensoría del Pueblo ha presentado quejas ante Educación en varias ocasiones por estos ránkings.

El alumno como beneficiario en vez de como sujeto de derecho

A pesar de las negociaciones con los sindicatos, el PP con una de sus enmiendas ha vuelto a redactar en la ley la consideración de “beneficiario” de los alumnos en lugar de “sujetos de derecho”. Un auténtico “cambio de paradigma”, en palabras de Francisco García, de CCOO. “Un derecho tiene carácter universal y se tiene por el hecho de ser ciudadano, pero un bien lo provee el mercado, por lo que tú accedes a la plaza pública según tu situación en el mercado. Este cambio de paradigma es una quiebra del derecho constitucional, tras la que pasas a ser un cliente, un usuario”, lamenta.

A partir de esta nueva denominación, se abre la puerta de par en par a cobrar por la educación más allá de los impuestos, algo que cada vez es más acusado en las enseñanzas postobligatorias y que parece querer contaminar a las obligatorias. En definitiva, los sindicatos y asociaciones de padres y madres creen que se da pie a la segregación económica.

Guaita remarca que este aparente juego de palabras no es inocente. “Es un término que no es neutral. Toda la ley está impregnada de un sesgo economicista, de productividad, de rendimiento. La educación se encarga de esto, es cierto, pero también de que la persona desarrolle su capacidad solidaria, de participación ciudadana, una actitud comprometida”, zanja.

Eduardo Muriel es redactor de La Marea. Puedes contactar con él escribiendo a emuriel@lamarea.com