La nueva ley de partidos le estalla en las manos al PP

MADRID // Esta mañana se ha presentado en los juzgados de Plaza Castilla de Madrid la primera querella criminal contra un partido político en España. Los demandantes, Izquierda Unida, Asociación Justicia y Sociedad, Federación Los Verdes, Els Verds, Berdeak, Os Verdes, se ha querellado como acusación popular contra la tesorera y gerente del PP, Carmen Navarro. Por un lado, por un delito de encubrimiento. Por otro, y esta resulta la principal novedad, contra la propia Navarro y el PP por daños informáticos.

Hasta el 17 de enero de este año, cuando entró en vigor la modificación de la ley de partidos, no se podía imputar a un partido político por un delito criminal. Y es precisamente esta modificación la que ha permitido que Izquierda Unida haya podido imputar al PP con esta querella.

El delito por el que imputan tanto a la tesorera del PP como al Partido Popular es el de daño informático, que consiste en destruir tanto sistemas informáticos completos como sus componentes, ya sean equipos, documentos o programas electrónicos ajenos, incluso cuando el ordenador sea personal. Este delito ya lo incluyó el juez Ruz en un acto de inhibición presentado el pasado 19 de septiembre, tal y como consta en la querella que se ha presentado hoy y a la que ha tenido acceso La Marea.

Uno de los argumentos que utilizó el PP para destruir los documentos que pertenecían a su extesorero Luis Bárcenas era que necesitaban el ordenador para que lo utilizara otra persona del partido. Sin embargo, tal y como ha declarado a este periódico uno de los abogados de Izquierda Unida encargado de presentar esta querella, Juan Moreno, «está demostrado que el ordenador lo encendieron a las 9.00 horas de la mañana y que a los pocos minutos lo apagaron y nunca más se ha vuelto usar».

Encubrimiento

Otro de los delitos que constan en la querella criminal que se ha presentado esta mañana es el de encubrimiento. Desde Izquierda Unida consideran que «en el seno del Partido Popular se han producido actos de destrucción de diferentes elementos probatorios (…) que podrían tener una incidencia determinante en el conocimiento de una estructura de financiación ilícita y opaca a un partido político por parte de empresarios contratantes de la administración pública».

También consideran evidente que los responsables del PP, «y desde luego la actual gerente y tesorera», conocían la investigación que se estaba llevando a cabo desde el Juzgado Central de Instrucción número 5. No ya por la trascendencia pública, sino porque «el Partido Popular pretendió personarse como acusación en dicha pieza separada o causa conocida como papeles de Bárcenas», como también lo estaban en la causa principal (caso Gürtel) hasta que se les expulsó como tal el pasado mes de abril.

Conciliación con Álvarez Cascos

Además de para presentar la querella criminal, el abogado de Izquierda Unida Enrique Santiago (personado también en el caso Bárcenas) ha acudido a los juzgados de Plaza Castilla para comparecer en el acto de conciliación que se ha generado a partir de la querella que presentó Álvarez Cascos por los delitos de calumnias e injurias.

Según consta en las alegaciones presentadas para este acto de conciliación, Francisco Álvarez Cascos había demandado a Enrique Santiago por «informaciones presuntamente calumniosas difundidas a consecuencia de su intervención profesional en la instrucción de un procedimiento judicial [el caso Bárcenas]», en el que el letrado actúa como abogado de la acusación popular.

En este acto de conciliación, el demandante, que no se ha presentado personalmente en los juzgados, pretendía que Enrique Santiago se retractara de sus acusaciones. Se refiere a las declaraciones que el letrado realizó en una rueda de prensa en las que afirmaba que las adjudicaciones públicas a la Constructora Hispánica habían aumentado considerablemente entre los años 2000 y 2004, fecha en la que Cascos era ministro de Fomento.

Por su parte, Enrique Santiago, según ha declarado a La Marea, se ha negado a retractarse de sus declaraciones ya que «no nos las hemos inventado. En el acto de conciliación de hoy vamos a presentar una serie de papeles en los que se demuestra que esto que afirmé ya constaba en las investigaciones realizadas sobre los papeles de Bárcenas».

Tras la celebración de este acto de conciliación, que ha tenido una duración muy breve, corresponde ahora a Francisco Álvarez Cascos decidir si sigue adelante con la querella o si las explicaciones del letrado de Izquierda Unida le han parecido suficientemente razonables como para retirarla. Una decisión que, según los letrados que acompañaban a Santiago, «puede tomar cuando quiera, no hay una fecha concreta».