La Caixa, un gigante señalado por los movimientos sociales

[Este artículo ha sido publicado en el nº 9 de La Marea, a la venta en quioscos y aquí]

La pasada Diada catalana, el 11 de septiembre, miles de personas convocadas por el procés constituent rodearon las torres de La Caixa en Barcelona. La iniciativa, impulsada por el presidente de la ONG Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, y la monja benedictina de Montserrat Teresa Forcades, plantea crear las bases para un cambio de régimen político, económico y social basado en una economía cooperativizada, una democracia horizontal y unas finanzas éticas. En el día en que el independentismo catalán mostraba su fuerza al exterior, los movimientos sociales apuntaron a La Caixa para evidenciar su voluntad de construir un sistema distinto. ¿Por qué La Caixa? “Porque en buena medida se ha convertido en el símbolo del poder económico y financiero en Cataluña”, apuntaba Oliveres en una entrevista con lamarea.com.

Pero el gigante bancario no sólo extiende su influencia sobre Cataluña. Desde el año pasado, es la primera entidad en España por valor de sus activos: 350.989 millones de euros. En los últimos años ha absorbido a Caixa Girona, Banca Cívica y el Banco de Valencia. De las 6.342 oficinas que posee el grupo, tan sólo 1.581 están en Cataluña, y el 65% de su volumen de negocio procede de fuera de Cataluña y las Islas Baleares.

Su radio de acción se extiende mucho más allá del propio sector financiero y alcanza al negocio de los carburantes, el agua, las telecomunicaciones, las infraestructuras y la salud. Es líder en pensiones, seguros y tarjetas bancarias. Con más de 13 millones de clientes y una cuota de mercado en España del 14,6%, articula su influencia a través del poder económico de sus empresas, sus vínculos con medios de comunicación, partidos políticos e, incluso, con la Casa Real.

Entre los 500 grupos que más facturan del planeta aparecen varios en los que La Caixa es accionista de referencia. Como Repsol, del cual Caixabank –la organización bancaria del grupo– es primera accionista, con el 12,2% de los títulos. También Gas Natural, cuya gestión controla a través de la sociedad de inversiones no cotizada Criteria CaixaHolding, con el 34,96% de las acciones.

En la selecta lista de poderosas empresas aparece también Telefónica, cuyos primeros accionistas son el BBVA (con un 5,753%), y CaixaBank, que posee el 5,6% después de que el año pasado incrementase su presencia en esta compañía, por la que han pasado todos los grandes poderes políticos y económicos del Estado: desde un exresponsable de la Casa Real como Fernando Almansa hasta destacados políticos. En el sector de las infraestructuras, Abertis se erige como el gran baluarte de la entidad que preside Isidre Fainé, a su vez vicepresidente de la empresa que gestiona el 59% del total de las vías de peaje españolas. Criteria CaixaHolding es la primera accionista de Abertis con un 22,52% del total de acciones.

En los últimos años, no son pocas las voces que han criticado que los ingresos que reportan los peajes multiplican el coste de su construcción y mantenimiento. El estudio que presentaron en el año 2000 las entidades y ayuntamientos firmantes de la Declaración de Gelida sobre la situación de los peajes en Cataluña, elaborado a partir de las estimaciones de las mismas concesionarias, evidencia esta disparidad. Mientras el coste de construcción del tramo Granollers–La Jonquera ascendió a 68,5 millones, los ingresos finales superaron los 3.000. Por su parte, con el tramo Martorell-Tarragona, que supuso un coste de 42,2 millones, la concesionaria Acesa (dependiente de Abertis), había ingresado 2.170 millones. La Caixa no se posiciona al respecto y alega que la cuestión depende exclusivamente de Abertis.

En el sector de los servicios básicos, la entidad está presente en Aguas de Barcelona (Agbar), la empresa que integrará la sociedad mixta que gestionará el suministro de agua en 23 municipios de Barcelona, incluida la capital. El 24,14% de las acciones que posee, sin embargo, queda lejos del 75,35% de la multinacional Suez Environnement. A cambio de ceder el control de Agbar a la compañía francesa, La Caixa se hizo en el 2009 con el control de Adeslas, rebautizada ahora como Adeslas SegurCaixa y la primera compañía de España en seguros médicos y dentales con más de 3 millones de clientes.

Y como todas las grandes empresas que pretenden articular su poder económico en España, La Caixa mantiene estrechas relaciones con la Corona. No en vano la infanta Cristina encontró acomodo laboral en la Fundación de la entidad. La periodista Pilar Eyre, que ha dedicado buena parte de su trabajo a escribir sobre la Casa Real, relata en un libro la escena: “Fue hace casi 20 años cuando don Juan Carlos invitó a su amigo Luis Monreal, entonces presidente de la Fundación La Caixa, a comer en Zarzuela. En los postres, puro en ristre y con gran aparato de golpes en la espalda, les espetó: ‘¡Hombre, Luis, ya que estás aquí, a ver si le encuentras algo a la infanta, que quiere irse a vivir a Barcelona!’. Este algo han sido 200.000 euros anuales y un puesto muy interesante, directora del Área Social”. Ese salario llega hoy a los 300.000 euros anuales, y la infanta los percibe en su nuevo destino en Suiza, donde se ha instalado huyendo de la polémica suscitada por el caso Urdangarín. La Caixa también encontró un puesto de trabajo para el exjefe de la Casa del Rey Alberto Aza, al que nombró miembro del consejo de administración de Criteria.

Medios de comunicación

En la relación de medios de comunicación con vínculos con La Caixa destacan algunos de los más influyentes del país, tal como recoge el libro Papel Mojado, editado por la revista satírica Mongolia. En primer lugar, aparece el Grupo Godó, editor de La Vanguardia, la cadena de radio Rac1 –líder de audiencia en Cataluña– y el canal de televisión 8tv. El dueño del grupo, el conde Javier Godó, es a su vez vicepresidente segundo de La Caixa y consejero de Caixabank. Pere Rusiñol, exredactor jefe de El País y supervisor de la información periodística de Mongolia, asegura que entre La Caixa y el Grupo Godó existe una “unidad de acción”. “En el momento en que la misma propiedad de La Vanguardia escala posiciones en La Caixa, como ha pasado con Lara (dueño de La Razón y Antena 3) en el Banc Sabadell, la fusión me parece inequívoca”, afirma.

La Caixa es a su vez el mayor acreedor del Grupo Zeta, editor de El Periódico y las revistas Tiempo e Interviú. “Aparentemente en este caso la influencia es inferior, porque simplemente es uno de los acreedores, pero en el momento en que coloca como consejero delegado a un financiero muy vinculado a La Caixa, Juan Llopart… El poder del consejero delegado es muy grande”, sostiene Rusiñol. La tercera pata de La Caixa en la prensa se materializará el próximo año en el gigante Prisa. Tras el canje de deuda por acciones formará –junto al Banco Santander y el HSBC– parte de su núcleo de referencia con el 20% de las acciones del grupo editor de El País, la Cadena Ser, Canal Plus, El Huffington Post y el diario económico Cinco Días. Este hecho forma parte de una dinámica generalizada, en la que la propiedad de los medios está pasando a las entidades financieras por las elevadas deudas del sector. Ello conlleva un gran peligro, sostiene Rusiñol: “Una ley inexorable es que nadie informará contra los intereses de su propietario. Esto ahora tiene una importancia enorme en un contexto en que todo gira alrededor del sector financiero”.

Igual de ilustrativo es que todos los grandes partidos políticos, en mayor o menor medida, tengan en estos momentos deudas con La Caixa, entre otras entidades financieras. CiU como federación, y también los dos partidos que la integran por separado, es la formación que más dinero debe a la entidad, un total de 21.490.000 euros. Le sigue el PSOE, que junto al PSC, suma 17.700.000 euros de deuda; ICV-EUiA, y su socio IU, alcanzan los 12.059.000 euros; el PP, 2.074.000 euros; y ERC, 480.000 euros. “Sin duda, La Caixa tiene importancia política por este motivo. Pero yo diría que esa influencia es menor que el poder económico que deriva de toda la inversión industrial que tiene a través de su participación en muchas otras empresas”, sostiene Oliveres.

La imagen social, el gran activo

Uno de los activos fundamentales de la entidad ha sido siempre mantener la confianza y la credibilidad entre sus clientes y la población. Por ello ha tratado de huir de polémicas como el boicot que promovió en 2004 el movimiento contra la guerra de Irak tras saber que La Caixa integraría un consorcio de bancos, el Irak Trade Bank, encargado de financiar las importaciones e importaciones en el país. La entidad abandonó el proyecto al poco tiempo por temor a dañar su imagen social.

En una economía globalizada en la cual la competencia es la regla, el crecimiento de La Caixa se ha basado en la expansión de su negocio a múltiples áreas económicas. Sin embargo, en comparación con gigantes financieros como el Banco Santander y el BBVA su contribución al área social es mucho mayor. En un momento en el que la obra social de las cajas está prácticamente desaparecida tras su conversión en bancos, ninguna entidad destina tantos recursos a este fin como La Caixa.

En los últimos seis años, su Obra Social ha mantenido un presupuesto de 500 millones de euros. Incluso el año pasado, cuando los beneficios atribuidos de la entidad se redujeron un 78% (fueron 230 millones de euros), después de haber destinado gran parte de los fondos a provisiones y dotaciones exigidas por Reales Decretos. La Obra Social es la joya de la corona de la entidad y la que le permite presentar su “compromiso con el bienestar de las personas y con el avance de la sociedad”. El desarrollo de programas de carácter social, tales como la atención a la pobreza infantil, el acceso a la vivienda de colectivos con dificultades y el fomento del empleo entre personas con discapacidad concentran el 68% del presupuesto de la Obra Social, que impulsa también eventos de divulgación cultural.

Tampoco existe una entidad financiera en España con tantas viviendas sociales, más de 13.000, y el grupo hace gala de que “no realiza desahucios de vivienda habitual”. El informe realizado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) junto al Observatori DESC, sin embargo, señala que el 13,8% de las personas afectadas tenían su hipoteca con La Caixa. A pesar de ello, es de las que más rápidamente reacciona cuando una movilización pone en cuestión su actividad. “Es de las entidades con las que se puede dialogar, porque le preocupa mucho la imagen. Pero malas prácticas tienen, desahucios incluidos”, explica la portavoz de la PAH Ada Colau.

Una de las piedras de toque con las que la entidad se ha jugado buena parte de la confianza de los ciudadanos ha sido la venta de participaciones preferentes. La Caixa asegura que los clientes a los que colocó preferentes no han perdido su dinero. Y es cierto, aunque las 48 horas establecidas para poder retirar el depósito cuando se vendió en su momento se han convertido en 10 años, tras canjearlas por obligaciones subordinadas.

Por otro lado, en uno de los temas más delicados para la imagen pública de las entidades financieras, la inversión en armamento, La Caixa trata de mantener un complicado equilibrio entre la necesidad de inversiones rentables que le permitan competir con otros bancos y la imagen exterior que proyecta. Mientras que el BBVA y el Banco Santander copaban el mayor número de inversiones en fabricantes de armas en el estudio Negocios sucios: Bancos españoles que financian armas, realizado en el año 2010 por la ONG de finanzas éticas Setem, La Caixa no aparecía en la lista.

El código ético que regula las inversiones, explica La Caixa, veta la inversión en empresas armamentísticas. Sin embargo, eso no acaba cumpliéndose. Al menos así lo denuncia el Centro de Estudios para la Paz JM Delàs de Justícia i Pau, que impulsa la campaña Caixabank sin armas. “Sus criterios de inversión son limitar ciertos tipos de inversiones en algunos tipos de empresas de armas. Es decir, hacen una lectura muy restrictiva de qué es una empresa de armas, sobre todo en aquellas que fabrican las más controvertidas, como las minas antipersona o las bombas de racimo”, argumenta Jordi Calvo, miembro del Centro JM Delàs.

Gran parte de las inversiones en armamento detectadas por los impulsores de la campaña proceden de las que había realizado Banca Cívica, ahora absorbida por la entidad que preside Fainé. “La Caixa opta por empresas con un componente más electrónico, tecnológico, y hay una tendencia a reducir la participación directamente en empresas que se dedican 100% al armamento”, explica Calvo. Es decir, que La Caixa, por ejemplo, no reconoce a Indra –empresa a la que están vinculados algunos de los fondos de inversión que ofrece a sus clientes– como una empresa que fabrique armas, a pesar de que la compañía se dedique, además de a fabricar elementos tecnológicos que se instalan en el Metro de Barcelona, a componentes electrónicos necesarios para el lanzamiento de misiles.