España suspende en educación sexual

El Gobierno ha paralizado la estrategia de salud sexual y reproductiva, lo que ha producido un retroceso en el acceso a métodos anticonceptivos seguros y eficaces. Este retroceso ha generado dificultades para acceder a los servicios de planificación familiar y ha impedido la implementación de una política de formación coherente y reglada hacia estudiantes, educadores y profesionales sanitarios. Estas son las conclusiones generales del Barómetro europeo de acceso a la libre elección de anticonceptivos modernos en diez países de la Unión Europea, que se presentó ante el Parlamento Europeo el pasado mes de junio.

El informe europeo evalúa tanto las políticas como la situación actual de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, algo que no solamente contempla qué se ha hecho sobre el papel, sino en qué medida se está aplicando.

Durante la presentación de las conclusiones del barómetro, que tuvo lugar ayer jueves en el Ateneo de Madrid, la responsable de investigación y formación de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), Justa Montero, ha querido dejar claro que “los datos recogidos pertenecen al período que va entre junio y octubre de 2012. Si la investigación se hubiera hecho este año, los resultados serían aún peores“.

Uno de los motivos que sustentan esta afirmación tiene que ver con la ley de la Salud Sexual y Reproductiva de 2010. Según ha explicado el presidente de la FPFE, Luis Enrique Sánchez, esta norma preveía la inclusión y desarrollo en los currículos escolares de una formación reglada sobre métodos anticonceptivos, prevención de enfermedades de transmisión sexual o la negociación del uso de preservativo en adolescentes. Sin embargo, según ha explicado Sánchez, la nueva ley de Educación impuesta por José Ignacio Wert restringe o elimina los elementos que posibilitan la correcta educación de los estudiantes.

Anticonceptivos de tercera generación

Otra de las carencias más significativas de España tiene que ver con el acceso a los contraceptivos de tercera generación. Estos anticonceptivos, que son los más modernos, además de evitar un embarazo no deseado presentan otras ventajas. Por ejemplo, ayudan a prevenir la formación de ovarios poliquísticos y son recomendables en casos de sobrepeso, ya que contienen propiedades diuréticas. Además, los médicos recomiendan no usar contraceptivos tradicionales durante más de seis meses ya que pueden tener consecuencias tromboembólicas (es decir, producir episodios de trombosis, embolias o accidentes cardiovasculares).

En 2011 la Federación de Planificación Familiar Estatal logró que se subvencionaran gran parte de los anticonceptivos de barrera y contraceptivos hormonales más modernos, basados en el uso de nuevas moléculas, así como los de aplicación vía transdérmica o vaginal y el DIU. Sin embargo, no sólo se ha reducido el acceso financiado a estos contraceptivos sino que, desde el 1 de agosto, se ha sumado el recorte farmacéutico, lo que ha privado de su uso a alrededor de un millón de mujeres.

Según el presidente de la FPFE, que trabaja también como médico de familia en un centro de salud, el consecuente incremento de precio de estos anticonceptivos está generando que cada vez más mujeres pidan que les receten los tradicionales. “Es lógico si tenemos en cuenta que una caja mensual de una píldora anticonceptiva de tercera generación cuesta 12 euros, mientras que la que aún permanece subvencionada, que es la antigua, cuesta 2,5 euros. Sin embargo, está demostrado que, además de que en la mayoría de los casos son más beneficiosas las modernas, no es bueno cambiar de anticonceptivo cuando el cuerpo ya ha demostrado una reacción positiva al que se venía tomando“.

Cuestión ideológica

En el barómetro del acceso de las mujeres a la libre elección de anticonceptivos modernos en diez países de la Unión Europea se concluye que las actuales medidas de austeridad se perciben como el mayor obstáculo para progresar en el ámbito de la educación sexual y reproductiva. Sin embargo, Luis Enrique Sánchez ha admitido que, en el caso concreto de España, estos obstáculos también responden a una cuestión ideológica.

El presidente de la FPFE ha recalcado que en los otros nueve países incluidos dentro del barómetro (entre los que están Francia, Alemania, Polonia, Italia o los Países Bajos) la ideología no ha afectado en la aplicación de las medidas que contribuyen a mejorar la educación sexual. “Debe ser que en España somos más radicales y que, en lugar de pensar a largo plazo, las decisiones se toman pensando en el período de cuatro años que a cada uno le toca gobernar».

Por otro lado, también ha establecido una relación entre el aborto y la escasa formación en este ámbito. “Ahora que están introduciendo modificaciones en la ley de interrupción del embarazo deberían tener en cuenta que, cuanto menos acceso a la educación sexual se tenga, más riesgo se corre de que aumenten los embarazos no deseados y, por lo tanto, más mujeres van a tener que recurrir al aborto“.

Finalmente, Luis Enrique Sánchez ha querido hacer referencia al nuevo Real Decreto Ley que regula el acceso a la Sanidad Pública y que ha cambiado el sistema universal por uno de aseguramiento excluyente. “La población inmigrante es la más vulnerable ya que ha quedado claramente excluida del acceso a la salud. A mi consulta vienen mujeres de este colectivo a las que les mando citologías que son rechazadas por el hospital en las que tienen que hacérselas porque se les ha retirado la tarjeta sanitaria. Esta situación de inequidad supone un retroceso sin precedentes en España para la prevención de cáncer de cuello de útero, que se detecta, precisamente, mediante estas pruebas».