Los torturadores franquistas buscados por Argentina se promocionaron en la Policía y la Guardia Civil

Gemma García / Jesús Rodríguez // La juez argentina María Servini cursó la semana pasada una orden internacional de búsqueda y captura contra cuatro presuntos torturadores españoles que durante los últimos años del franquismo y la Transición fueron acusados de maltratar de manera salvaje a numerosos disidentes al antiguo régimen, en algunos casos hasta la muerte. La resolución judicial considera probada su participación en los hechos y se dirige a la policía española y a la Interpol para que procedan a su detención inmediata para extraditarlos a Argentina o, subsidiariamente, para juzgarlos en un tribunal español. Servini asegura en su auto de más de 200 páginas que es un agravio a la humanidad la impunidad de la que gozan todos los responsables de las muertes y torturas del franquismo y que es la obligación de cualquier Estado de Derecho luchar contra los crímenes contra la humanidad, aunque se hayan producido en cualquier otro punto del planeta.

Los cuatro presuntos torturadores podrían ser detenidos en cualquier momento si cruzan las fronteras del Estado español, pero con la ley en la mano también deberían ser detenidos por la Policía española, los Mossos o la Ertzaintza. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha negado a hacer declaraciones en torno al caso, alegando que se trata de una actuación judicial. El sitio web Wiki.Puntoyseguido, desde donde se buscaba información sobre estos cuatro y muchos otros presuntos torturadores, se encuentra inaccesible desde el domingo por la mañana. A continuación hacemos un repaso al currículum represor de los cuatro personajes, pero también a sus actuales ocupaciones, que van desde la seguridad privada hasta la enseñanza en una escuela de equitación.

Juan Antonio González Pacheco (Billy El Niño)

Hasta su disolución en 1976, Juan Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño, formó parte de la Brigada Político Social (BPD), la policía política del régimen franquista. Sus actuaciones protagonizaron múltiples denuncias por maltratos y torturas, aunque sólo en dos ocasiones fue condenado. En 1973, fruto de una querella por lesiones, tuvo que pagar una pequeña multa y, en 1974, fue condenado por una falta de maltrato y coacciones contra Francisco Lobatón de Medina, a un día de arresto y 1.000 pesetas de multa. A pesar de las insignificantes consecuencias, aparece al menos en 17 querellas contra el franquismo por delitos de tortura.

González Pacheco fue uno de «los chicos de Conesa», como se conocía a los subordinados del temido comisario Roberto Conesa, tanto dentro de la BPS, como posteriormente en la Brigada Central de Información, el ala más dura de la represión en los primeros años de la transición. Se encargaba de la lucha contra ETA y los GRAPO. Junto con el comisario Manuel Ballesteros, que ocupaba la jefatura del Mando Único de la Lucha contraterrorista, y Roberto Conesa, se le acusó de instigar la matanza de Atocha contra el bufete de abogados laboralistas, el 24 de enero de 1977, y fue citado a declarar.

Como tantos otros, se benefició de la ley de Amnistía del 77 y, además, fue condecorado con la Medalla de Plata al Mérito Policial otorgada entonces por el Ministro de Interior español Rodolfo Martín Villa, también incluido en la querella contra los crímenes del franquismo. Cuatro años más tarde, fue trasladado a la Comisaría General de Policía Judicial, dedicada a asuntos relacionados con estafas. En ese momento, fuentes policiales apuntaron a «un intento de mejorar la imagen de la Brigada Central de Información». Una mala imagen gestada en los vínculos con el anterior régimen y las actuaciones oscuras.

Un episodio turbio fue el atentado en 1980 contra el bar Hendayais (País Vasco del Norte). Según las declaraciones del comisario Ballesteros, González Pacheco era el intermediario entre la policía y el comando de informadores, acusados de ametrallar el bar y provocar tres muertos y nueve heridos. Ballesteros se negó a facilitar a la justicia la identidad de los informadores, que cobraban mensualmente de los presupuestos del Ministerio de interior español para «luchar contra le terrorismo». La acción fue reivindicada por la organización armada parapolicial Batallón Vasco Español.

En 1985 González Pacheco consta como jefe de seguridad de la empresa automovilística Automóviles Talbot, SA en Madrid. En los últimos años se le ha vinculado a la empresa Loomis Spain SA, la división de transporte de fondos del grupo Securitas, como jefe de tráfico.

Jesús Muñecas Aguilar (golpista del 23- F)

En 1976 era capitán de la Guardia Civil de la Comandancia de San Sebastián y, concretamente, se encargaba del cuartel de Tolosa. Por aquellas fechas el jefe de esta subregión de la Benemérita con oficinas y calabozos en el barrio donostiarra de Intxaurrondo era Antonio Tejero Molina, quien poco después se haría tristemente famoso por el golpe de Estado del 23- F. Muñecas fue relegado del cargo al frente del municipio de Tolosa después de las torturas sufridas por Amparo Arangoi, una trabajadora de Papelera Sarrió de Leiza (Navarra), detenida en abril de 1976.

A raíz de los interrogatorios a los que fue sometida, Arangoa, que era la vicepresidenta del Sindicato del Papel y las Artes Gráficas y vocal del Consejo de Trabajadores de Navarra, tuvo que ser ingresada en la residencia Virgen del Camino de Iruñea, donde los médicos, después de impedir la entrada de los guardias civiles en el centro médico (donde querían seguir con los interrogatorios ), le detectaron hematomas por todo el cuerpo, de gran profundidad en la región del glúteo, con posible bloqueo intestinal y renal, con choque traumático. El diagnóstico fue «pronóstico reservado».

A pesar de estos graves antecedentes, el capitán -originario de Zaragoza- fue trasladado al Escuadrón de Caballería de la Primera Comandancia Móvil de la Guardia Civil. Durante la víspera del asalto al Congreso de los Diputados en 1981, y a petición de su amigo Antonio Tejero, Muñecas organizó desde el cuartel de Valdemoro un autobús con agentes y mandos del cuerpo dispuestos a participar del golpe de Estado. Se trasladaron hasta la Carrera de San Jerónimo y fue él en persona quien anunció a los diputados que «una autoridad militar, por supuesto», haría aparición en la Cámara Baja, aunque esto nunca sucedió.

El Tribunal Supremo, unos meses más tarde, lo condenó a cinco años de prisión por la intentona golpista, pero abandonó el centro penitenciario mucho antes, en octubre de 1984. Su afición a los caballos y el apoyo que recibió de adinerados amigos después de salir de la cárcel, como el empresario Pedro Montalvo, facilitó que abriera una escuela de equitación en el municipio de Valdemoro. El Centro Hípico Valdemoro continúa en funcionamiento hoy en día y es toda una referencia del sector equino en la comunidad de Madrid. Muñecas Aguilar es el propietario pero también ha ejercido como reconocido maestro de equitación. En el marco de los gobiernos de José María Aznar, el capitán ocupó una plaza de asesor del ministro Francisco Álvarez Cascos.

Celso Galván Abascal (escolta de Franco y de la Casa Real)

En 1969 estaba adscrito a la Brigada Político-Social y participó del registro de un domicilio en la calle Príncipe de Vergara de Madrid, donde murió el militante antifranquista Enrique Ruano. Según la versión oficial de la época, el joven -que había sido detenido junto con su compañera bajo la acusación de militar en el FELIPE (Frente de Liberación Popular)- se suicidó lanzándose por el patio del edificio donde se estaba haciendo el registro. En 1994 el Tribunal Supremo ordenó la reapertura del caso inicialmente archivado por la Audiencia Provincial de Madrid. Fue entonces cuando se exhumó el cadáver y se descubrió la sospechosa desaparición de una parte de la clavícula, donde según la acusación se habría podido alojar la bala que acabó con su vida. De hecho, en la autopsia de 1969 ya se hacía referencia a una herida contusa, aunque no se mencionaba ninguna hipótesis causante. El tribunal que juzgó los hechos en 1996 consideró que la versión oficial tenía poca credibilidad, pero acordó la absolución de los tres policías imputados porque no había pruebas que demostraran la autoría del homicidio.

Tras abandonar el área de información -que tenía como principal función indagar en las actividades de la disidencia al régimen, elaborar archivos y hacer interrogatorios de activistas-, Galván Abascal asumió las funciones de escolta del General Franco y, posteriormente, continuó con la tarea de guardaespaldas de los miembros de la Casa Real.

José Ignacio Giralte González (comisario jefe de Alcobendas)

Este ex miembro de la Brigada Político-Social de la dictadura logró pasar de puntillas por la Transición -como la mayoría de policías acusados de torturas- y, una vez incorporado al Cuerpo Nacional de Policía, ascendió hasta la categoría de comisario jefe de la comisaría de Alcobendas. En cuatro de las querellas presentadas ante la justicia argentina aparece su nombre, y se le acusa de haber perpetrado torturas contra miembros del movimiento estudiantil de los años 60 y 70. Giralte fue uno de los hombres de Billy El Niño y, según relata una de sus víctimas, durante los brutales interrogatorios y registros le acompañaba el que hoy en día todavía ocupa la plaza de comisario en Leganés, Jesús González Reglero. El nombre de este último, a pesar de figurar en las investigaciones judiciales que se instruyen desde Argentina, por ahora no ha sido incorporado al listado de presuntos extorturadores en busca y captura internacional.

[Artículo publicado en La Directa]