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De consejeros y barricadas

El Consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, nunca ha explicado las verdaderas razones que le empujan a mantener el despropósito de la privatización de seis hospitales y 27 centros de salud. La razón parece clara: Lasquetty no podía demostrar lo que afirmaba, porque era falso.

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Mónica Lanza

Desde que hace ya casi 11 meses empezara la peor pesadilla que ha vivido la sanidad pública madrileña, resultan muy desconcertantes la extraña actitud y la falta de argumentos del Consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty.

¿Qué esperamos los ciudadanos de aquellos políticos en los que depositamos nuestra confianza para gobernar? Creo que, como mínimo, honestidad, diálogo y claridad en sus actuaciones. No siempre estaremos de acuerdo con sus actos; de hecho, la mayoría no les habremos votado aunque legítimamente nos gobiernen, pero deberíamos poder asumir lo votado por nuestros conciudadanos, con el convencimiento de que se esforzarán en pro del bien común.

No es el caso del Sr. Lasquetty, quien, atrincherado tras el nebuloso «ahorro» al que alude desde el principio, nunca ha explicado las verdaderas razones que le empujan a mantener el despropósito de la privatización de seis hospitales y 27 centros de salud. ¿Cómo es posible que, en democracia, se pueda obligar a los ciudadanos a asumir un cambio de modelo de este calado, sin la más mínima demostración de su beneficio y con el desacuerdo palmario de la población?

Bien pensada como soy, quiero creer que el Consejero Lasquetty realizó un serio estudio previo, cuyos resultados le convencieron, dada su ignorancia supina acerca de la sanidad, de que la privatización era la única alternativa. Este estudio, que imagino duerme el sueño de los justos en algún cajón de alguna mesa, hubiera neutralizado, probablemente, el grueso del conflicto. Ante semejante argumento, muchos trabajadores y usuarios de los centros sanitarios, hubiéramos tenido que olvidar nuestra oposición a la privatización abrumados por las razones del Consejero. Sin embargo, Lasquetti nunca reveló tal estudio a los madrileños, permitiendo con ello que muchísimos de nosotros nos instaláramos en lo que él ha dado en llamar «las barricadas».

¿Qué responsabilidad demuestra un Consejero que no le ahorra a profesionales y ciudadanos varias huelgas sanitarias y admite la realización de manifestaciones multitudinarias a lo largo de once meses, cuando dice tener las razones que podrían evitarlas?, ¿por qué permitió Lasquetty que el conflicto creciera y se extendiera por hospitales y centros de salud y llegara a las calles, si estaba en su mano anularlo? Desde mi punto de vista, la razón parece clara: Lasquetty no podía demostrar lo que afirmaba, porque era falso.

Pasado el tiempo, vimos como el Consejero en lugar de negociar y estudiar nuestras propuestas alternativas -sospecho que ni llegó a leer las que se le presentaron, porque nunca pareció que actuara de buena fe-, nos ha insultado y descalificado a «los de la barricada», porque hemos porfiado en nuestra oposición a sus intenciones.

¿Por qué un político, al que los votantes han confiado la custodia del patrimonio común, ataca y desacredita a aquellos ciudadanos que manifiestan su legítima discrepancia cuando el político actúa en contra del interés de la mayoría? La respuesta, de nuevo, parece clara: Lasquetty no tenía datos para contrarrestar nuestras propuestas.

Hemos llegado al momento en que, tras intentar por todos los medios posibles que el Consejero modificara sus intenciones, «los de la barricada» hemos recurrido al amparo de una instancia superior: los tribunales.

Y una vez más Lasquetty, en lugar de aprovechar la ocasión para que la Justicia dé su aprobación al proceso que él emprendió el 31 de octubre de 2012 y determine si es correcto y conforme a la ley, impide, alegando la no legitimación procesal de los recurrentes, que los jueces estudien minuciosamente la operación completa y decidan lo que corresponda.

¿Por qué el Consejero vuelve a actuar de esta manera incomprensible para la mayoría de los ciudadanos?, ¿por qué considera necesario impedir el escrutinio que harían los magistrados de los actos llevados a cabo hasta el momento?, ¿por qué cuando un juez ha decidido paralizar el proceso mientras se estudia en profundidad, el Consejero le responde, no con argumentos jurídicos, sino con un duro ataque personal? Esta vez, la respuesta ya no está tan clara y Lasquetty con su secretismo, favorece todo tipo de especulaciones y sospechas por parte de los ciudadanos.

Con suerte, el tiempo y los jueces las despejarán. Nosotros, desde «la barricada», confiamos en que así sea.

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