El PP aprueba la ley de Transparencia en el Congreso sin el PSOE

MADRID // Manuel Chaves, al que la juez Alaya abrió la puerta de la imputación por el escándalo de los ERE hace dos días, ha recibido esta mañana, sentado en su escaño del Congreso, los saludos afectuosos de compañeros como Trinidad Jiménez, Rosa Aguilar o Valeriano Gómez: una caricia en la espalda, un apretón de manos o, incluso, una breve charla con aspavientos de indignación de Gómez. Lo han hecho minutos antes del debate de la ley de Transparencia, que el PP ha sacado adelante con el apoyo de PNV y CiU. Hasta última hora, el PSOE no ha tenido clara la dirección de su voto.

Finalmente, lo ha hecho en contra porque «ésta no es la ley del PSOE, aunque coincida con muchos de los principios», ha asegurado su portavoz, Enrique Serrano.

El dirigente del PP Esteban González Pons ha acusado a los socialistas de «preferir que la corrupción siga viva con tal de que sólo mate al contrario».

El PSOE presentó 67 enmiendas al texto pero su líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, decidió a mediados de julio romper toda relación con el PP por la falta de respuestas al caso Bárcenas. Así, las negociaciones quedaron en punto muerto.

Sin citar los escándalos de Bárcenas (PP) o los ERE de Andalucía (PSOE), Serrano ha reprochado al PP que una «buena ley de trasparencia» debería de «poner trabas a la corrupción». En este sentido, ha cuestionado uno de los puntos más polémicos del proyecto: que el presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno vaya a ser elegido por el propio gobierno. El consejo de vigilancia estará formado por otras seis personas: cinco funcionarios y un senador o diputado. Los lobbies de transparencia independientes, como la plataforma Access Info Europe, no tendrán cabida en este organismo. Otros organismos públicos, como el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, sí que tienen regulado en sus estatutos la presencia de las ONG y asociaciones.

La izquierda vota en contra

Más crítico se ha mostrado el grupo Izquierda Plural, que en la tramitación del proyecto llegó a presentar una enmienda a la totalidad. Además de criticar la configuración del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el portavoz de IU Joan Josep Nuet ha denunciado que la batalla de la ley de transparencia «la ha ganado el aparato de agitación y propaganda el PP», que ha conseguido «retorcer las palabras en esta ley para que parezca lo que no es».

Nuet ha criticado que el proyecto, que será remitido al Senado para su aprobación, no señala la transparencia como un «derecho fundamental». Y ha puesto un ejemplo: «Que tengamos, por encima de la transparencia, la protección de datos para destruir un disco duro», en referencia al borrado de datos que ordenó el PP del ordenador de Bárcenas.

Sobre el silencio administrativo, el portavoz de IU ha recordado que «el 50% de las peticiones de los ciudadanos no las responde la administración». El proyecto de ley da la oportunidad de apelar este silencio ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, pero también le reconoce a este organismo el derecho de guardar silencio sobre la reclamación, ha denunciado el diputado.

La protección a Casa Real

Nuet ha criticado también las «dos velocidades» de la ley. Una, para administraciones públicas y, otra, para las instituciones públicas, protegidas en un anexo aparte. De este modo, quedan separadas la casa del rey, el Congreso… «¿Son todas iguales ante la ley de transparencia? No. Hay una parte especial para las élites de la política?».

Casa Real ya estaba protegida antes de la ley de transparencia, pero la nueva norma dará a un secretario especial el poder de filtrar las preguntas que se planteen sobre la monarquía. Hasta ahora, ese papel correspondía a la mesa del Parlamento, «pero la realidad es que la Casa Real seguirá sin una ley de transparencia que le obligué a responder», ha concluido Nuet.