La trama de 30 empresarios en números rojos que financió al PP en 2011

[Este reportaje forma parte del nº 8 de La Marea, ya a la venta en quioscos y aquí]

Las Islas Canarias, posiblemente la comunidad autón0ma con menos esquiadores de España, ha estado a punto de tener una pista de esquí cubierta a pocos kilómetros de la playa. Uno de los 100 mayores caciques de España, el constructor canario Ambrosio Jiménez Quintana, logró en 2005 permiso para construir el megaproyecto de Montaña Pacho. En sus 182.000 metros cuadrados, además de la pista de esquí, tenía proyectados cuatro polideportivos, 11 campos de fútbol, cuatro pistas de tenis, edificios residenciales y el centro comercial más grande de La Laguna. No obstante, el proyecto fracasó y se suspendió tras la construcción de algunos campos de fútbol y un colegio público.

Jiménez Quintana logró el permiso gracias a los votos a favor del PP y Coalición Canaria del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de La Laguna. La adjudicación fue a parar a Construcciones Industriales de Tenerife, empresa de la que el constructor grancanario es “administrador único” y que hizo entregas de dinero al PP. La ley sólo obliga a los partidos a elaborar un listado de donantes desde 2007. Desde entonces, la empresa ha entregado 100.000 euros al PP, en 2008, y otros 100.000, en 2011, los años en los que se celebraron las dos últimas elecciones generales. El ingreso está recogido en la contabilidad oficial del PP, incluida en el sumario del caso Bárcenas y a la que ha tenido acceso La Marea.

El constructor grancanario realizó más donaciones en 2011, a través de Promociones Horneras (50.000 euros) y Proyectos Inmobiliarios Las Arenas (50.000 euros). Aunque Jiménez Quintana reconoce pagos al PP y a todos los partidos políticos “como un detalle”, la Ley de Financiación de Partidos Políticos, de 2007, indica que las donaciones deben proceder de “personas físicas o jurídicas, que no contraten con las administraciones públicas”.

Además de haberse podido beneficiar de una decisión del PP, fuentes del caso Bárcenas señalan otra posible incompatibilidad entre donar 300.000 euros y despedir al 44% de los trabajadores de las tres empresas entre 2008 y 2011.

Y el caso de Jiménez Quintana no es único. La Marea ha analizado las cuentas desde 2007 de las 50 compañías que donaron, de forma legal, 1,3 millones (el doble que en 2008) al PP en 2011. Éstas reflejan que, en 2011, la mayor parte se encontraba en una situación económica asfixiante: 32 de ellas redujeron sus plantillas en un 31% de media desde 2007 (732 trabajadores despedidos, antes de hacer las donaciones) y 19 cerraron el ejercicio de 2011 con pérdidas (-16.021.330 euros, en total). A pesar de esto, donaron un total de 735.000 euros.

Otra empresa en apuros que financió al PP es Carma s.XXI SA, empresa de “alimentación al servicio de la hostelería”, que entregó 70.000 euros. La compañía balear llevaba cinco ejercicios seguidos perdiendo entre dos y cuatro millones. Un portavoz de la empresa, que no quiere dar su nombre, no ve incompatible donar dinero después de la salida de 54 de sus 151 trabajadores desde 2007. Y se defiende alegando que no realizaron ningún ERE, sino “salidas organizadas”.

Los grandes donantes son empresarios ligados a la construcción, el turismo o la hostelería. Decenas de ellos eran en 2011 constructores desesperados por la ruina de sus negocios. Con la venta de viviendas estancada, desde 2007 trataron de abrir nuevas brechas en los pocos pelotazos que todavía se podían conseguir en España: el turismo, las privatizaciones en Sanidad y Educación, o los contratos de obra y servicios de las administraciones públicas (muchas de éstas, gobernadas por el PP). Y algunos lo hicieron a cualquier precio: donando dinero al PP a través de empresas pantalla o, incluso, beneficiándose de relaciones amorosas. Varios han sido imputados por estos y otros motivos.

La conexión canaria

El 50% de las donaciones al PP el año que ganó Rajoy llegó de empresas de las Islas Canarias, la comunidad de España con la tasa más alta de casos de corrupción investigados por los tribunales: 0,9 por cada 100.000 habitantes, según informó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en junio. El 40% de los ayuntamientos canarios está afectado.

Tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, los colosos canarios de la construcción recondujeron sus negocios hacia el turismo. Y es ahí donde ahora se fragua la batalla por la hegemonía de los empresarios del archipiélago.

Además de Jiménez Quintana, en la pugna destaca el otro gran donante del PP: Eustasio López. En 2011, entregó 200.000 euros. La ley impide desde 2006 hacer donaciones superiores a 100.000 euros a un partido político, pero López también la eludió fraccionando los pagos a través de dos empresas: Áridos Canarios (100.000 euros) y Trabajos y Servicios Canarios (100.000 euros). Ambas, noqueadas por la crisis de la construcción, tuvieron números rojos en 2010 y 2011 y pasaron de tener 69 empleados en 2008, a 37 en 2011.

Además de la trampa de la partición, prohibida desde 2012, el constructor se ha beneficiado a su vez de decisiones de administraciones gobernadas por el PP en los últimos años.

López es presidente del gigantesco Grupo Lopesan y, entre otros, tiene una buena relación con el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, desde que éste fuera presidente del Cabildo de Gran Canaria, entre 2003 y 2007. Parte de la familia de López, cuya fortuna está estimada entre 600 y 640 millones, participa también en Lopesan, que aglutina a más de 100 empresas.

Antes y después de la donación de 200.000 euros, Lopesan logró subvenciones y contratos con administraciones en las que participaba el PP. En 2009, el gobierno autonómico de Coalición Canaria (CC) y PP dio una subvención a Trabajos y Servicios Canarios de 18.828,90 euros. En 2012, se le adjudicó un contrato de 14 millones, junto a Acciona, para desarrollar las obras de la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan), según el diario local La Provincia. Esta infraestructura está dedicada a la investigación científica y su financiación corre a cargo del Ministerio de Economía y el Gobierno de Canarias.

El grupo ha quedado salpicado en otras prácticas oscuras en los últimos años, como la incorporación del exconcejal del PP en San Bartolomé Andrés Fermoso como responsable del departamento jurídico de Lopesan, según confirman fuentes del grupo empresarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, uno de los centros de operaciones del grupo, el PP arrasó en las elecciones de 2011 y conquistó, entre otras, las alcaldías de los principales municipios turísticos (Las Palmas, San Bartolomé de Tijarana o Arrecife).

Además de la construcción, Lopesan tiene cada vez más presencia en el sector del turismo. Sólo en Gran Canaria, cuenta con tres hoteles de cinco estrellas en el sur de la isla y dos campos de golf. El pasado mes de agosto, TVE llegó a un acuerdo con el Patronato de Turismo de la isla y tres ayuntamientos del PP para que, durante el mes de agosto, La mañana de La 1, el programa matutino de la cadena, se rodara en uno de estos complejos, el hotel Lopesan Costa Meloneras. Los gastos corrieron a cargo de las administraciones públicas canarias y los ingresos fueron a parar al holding del donante del PP.

Presidente de fútbol y ‘vigilante’ en Metro de Madrid

Otro empresario con negocios con el PP es el presidente del club de fútbol UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, condenado a tres años de cárcel en 2011 por la Audiencia Provincial de Las Palmas por un delito contra la ordenación del territorio, aunque la sentencia está pendiente de recurso. Ramírez también figura entre los mecenas: Gestiones y Asesoramientos 3000, la empresa de la que fue apoderado hasta enero de 2011 y de la que ahora posee el 0,5% de las acciones, donó 50.000 euros en 2011 y 100.000 en 2010. Además, Ramírez también es dueño de Seguridad Integral Canaria. Esta empresa de vigilancia se encarga del control de muchos de los edificios oficiales del Gobierno de Canarias y de la Administración de Justicia.

En junio de 2013, la empresa pegó un pelotazo de 17 millones anuales (el contrato es de cuatro años, prorrogable a dos más) en su desembarco en Madrid: se le adjudicó la vigilancia de tres de las ocho zonas en que se divide la red del Metro de la capital. Metro de Madrid se ha negado a responder a las preguntas de La Marea sobre esta adjudicación.

FCC utilizó empresas pantalla

Pero las irregularidades no sólo se encuentran en las Canarias. Desde Madrid, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC)–la gran constructora de España que también donó 165.000 euros a la caja B en 2008, según los papeles de Bárcenas– burló la ley al utilizar empresas pantalla para entregar dos nuevas partidas al PP en 2011, al tiempo que firmaba contratos con administraciones públicas gobernadas por el partido. Así lo reconoció José María Mayor Oreja, exdirectivo de FCC y hermano del exministro del Interior Jaime Mayor Oreja, en su declaración ante el juez Ruz por el caso Bárcenas el pasado 29 de mayo. A través de Participaciones Teide SA y BBR Pretensados y Técnicas Especiales SL, FCC donó 40.000 y 20.000 euros. La constructora ostenta la presidencia en ambas empresas. Sus directivos llegaron a plantear una tercera, Megaplas SA, dedicada a desarrollar logos de empresas, pero renunciaron por la baja facturación que tenía. Habría sido “sospechoso”, aseguró Mayor Oreja ante Ruz, según fuentes del proceso judicial.

Tras hacerse pública la declaración de Mayor Oreja, el PP se apresuró a emitir un comunicado. En él, Génova se defendió amparándose en la ley: la utilización de sociedades pantalla para realizar entregas de dinero fue “legal” hasta 2012.

FCC es una de las constructoras con más negocios con la Administración pública y también forma parte de la trama canaria. Uno de sus hombres clave es el responsable de Medio Ambiente en las islas, Ángel Castanedo, que ha logrado en la última década suculentas concesiones. Es llamativo el aumento de contratos que se produjo entre 2003 y 2007, el tiempo que su pareja, Pepa Luzardo (PP), fue alcaldesa de Las Palmas.

Tras la crisis que vivió el partido hace diez años, Mariano Rajoy premió la fidelidad de Luzardo y la designó candidata a la alcaldía de la octava ciudad más poblada de España en 2003, para suceder al hoy ministro José Manuel Soria. Precisamente en este periodo, cientos de contratos millonarios fueron a parar de forma sistemática a FCC: servicios de limpieza, recogida de basura, mantenimiento de playas, parques y jardines, trabajos de mantenimiento en colegios…

Según el régimen jurídico de las Administraciones Públicas al que se tenía que atener durante sus años de alcaldesa, las autoridades tenían prohibido “intervenir en procedimientos” en el caso de tener una “amistad íntima con los administradores de entidades o sociedades interesadas”.

La única vez que Luzardo ha estado imputada fue en 2008 por presunta prevaricación, por el caso Canódromo, pero la causa se archivó cuatro años después al no quedar “debidamente justificada la perpetración del hecho supuestamente delictivo”. No obstante, la Justicia no la llegó a condenar.

Los lazos de Castanedo van más allá del Ayuntamiento de Las Palmas que gobernaba su pareja. En mayo de 2013, el alcalde del municipio de Tías (Las Palmas), Pancho Hernández, firmó con Castanedo un contrato de diez años para que FCC se encargase de la limpieza viaria y playas del municipio. El consistorio pagará a la empresa donante del PP cuatro millones anuales durante 10 años.

Imputados en tramas de corrupción

Entre los donantes, otro ejemplo llamativo es el de la constructora Lanzagrava, que acumuló 600.000 euros de pérdidas en 2011 y tuvo que reducir su plantilla un 73% (pasó de 237 trabajadores en 2007 a 63 en 2011) por falta de recursos. Aquel año, donó 10.000 euros al PP. ¿Por qué lo hizo? A preguntas de La Marea, la empresa no ha querido explicarlo.

De demostrarse alguna irregularidad, no sería la primera vez que la Justicia llama a la puerta de Lanzagrava. La policía detuvo a su dueño, Demetrio Rodríguez Robayna, imputado en la operación Jable en 2010. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investigaba el pago de comisiones ilegales de empresarios de Lanzarote a políticos para conseguir contratos públicos de obras y servicios en la isla. En los últimos años, Lanzagrava ha ejecutado un importante número de obras para el Ayuntamiento de Arrecife y, entre otras cosas, resultó adjudicataria del Plan de Barrios.

En los años de mayor bonanza, 2007 y 2008, la empresa ganó más de tres millones de euros anuales. El desplome del ladrillo le hizo cerrar los ejercicios de los dos años siguientes con escasos 67.000 y 19.000 euros de beneficio. Tras la detención de Rodríguez Robayna (se le puso en libertad sin fianza, pero se le mantuvo la imputación por cohecho y malversación de caudales públicos), las pérdidas superaron los 600.000 euros en 2011, el año de la donación. Aquel año, el PP arrasó en Arrecife. El partido pasó de tener cuatro a ocho concejales y se convirtió en la primera fuerza política, clave para la concesión de nuevos contratos públicos, uno de los motores que podría sacar de los numeros rojos a empresas como Lanzagrava.

VEINTE AÑOS DE INTIMIDACIÓN

La corrupción en Canarias no es un fenómeno nuevo. En los últimos 20 años, numerosas operaciones han dejado al desnudo acuerdos ilegales entre constructores y políticos. Algunos, pocos, se han atrevido a denunciarlo. Y los que lo han hecho han recibido serios correctivos. Un ejemplo es el del expresidente del PP de Tenerife (hasta 1999) y diputado en el Congreso (1998-2000), Francisco de la Barreda, que este año ha denunciado en varios medios que un empresario le ofreció 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros) a cambio de una licencia para un centro comercial. Además, ha declarado que en 2006 avisó por burofax a Rajoy de una presunta prevaricación por la adjudicación ilegal a Endesa de un parque eólico en La Palma en 1996. Rajoy no intervino y, a día de hoy, José María Aznar cobra como asesor de la compañía 200.000 euros anuales.

De la Barreda fue también quien denunció que, detrás de las amenazas y agresiones a la abogada Julia Bango, encargada de investigar la presunta recalificación ilegal de una finca de Tegueste (Tenerife), podría estar gente de su propio partido, el PP: “Ocho o diez garbanzos negros que sólo quieren amasar dinero y poder”. El cese de De la Barreda como presidente insular del PP fue fulminante.Desde que inició su investigación, Bango denunció que había recibido amenazas telefónicas. Un día, una voz le susurró lo guapas que eran sus hijas. Otro, la llamada fue más directa: “Te vamos a dejar marcada y en una silla de ruedas; abrígate, que en el cementerio hace mucho frío”. Y los avisos siguieron: un fax con tres gaviotas negras (una muerta y dos en vuelo) enviado desde la sede del PP, insultos y palizas de un motorista que la instó a abandonar la investigación… De la Barreda califica la triada de matones a sueldo, políticos y constructores de “organización de carácter mafioso”.