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El Gobierno elude hablar del Valle de los Caídos para no abrir “heridas innecesarias”
La Ley de Memoria Histórica insta al ejecutivo a convertir el monumento en un lugar para honrar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil
Con un lacónico «exigen el máximo consenso, para no reabrir heridas innecesarias» se refiere el gobierno de Mariano Rajoy a las recomendaciones que hizo el grupo de expertos para dar otro significado al Valle de los Caídos.
El pronunciamiento ha tenido lugar en un respuesta al diputado socialista Ramón Jáuregui, quien solicitaba información sobre la situación del monumento y por qué se destinaron 286.845 euros a restaurarlo sin adaptarlo a la Ley de Memoria Histórica.
En la respuesta, el Gobierno reconoce la labor de la Comisión de Expertos creada para definir el futuro del Valle de los Caídos, pero únicamente hace referencia a una de sus recomendaciones: la de adoptar todas las medidas necesarias para evitar el deterioro del monumento.
Del resto, nada. Solo se apela a la necesidad “del máximo consenso, para no reabrir heridas” y se recuerda que siempre “ha estado abierto al público”, siendo siempre “visitable”.
Obligados por la Ley de Memoria Histórica
El artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica, aprobada por el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 2007, establece que “en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo”.
Además, “la Fundación gestora del Valle de los Caídos incluirá entre sus objetivos honrar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 y de la represión política que la siguió con objeto de profundizar el conocimiento de ese período histórico y en la exaltación de la paz y de los valores democráticos”.
Para ello se creó una Comisión de Expertos en mayo de 2011 que, a finales de ese mismo año, dictó un informe con una lista de recomendaciones, entre las que estaba la de trasladar los restos del dictador Francisco Franco a otro lugar.
Asimismo, se propuso crear un centro de interpretación para explicar el origen y las circunstancias en las que se levantó ese gran cementerio en el que, según el último recuento oficial, hay enterradas 33.837 víctimas de los dos bandos de la Guerra Civil.
El informe también recomienda construir un memorial que incluiría la relación de las identidades conocidas de las víctimas enterradas en el recinto.
Pese a que en la respuesta a Jáuregui, el Gobierno “considera de interés las recomendaciones generales” del Comité de Expertos, a principios del mes de julio el Partido Popular ya rechazó en el Senado instar al gobierno a desarrollar y aplicar las recomendaciones aprobadas en ese comité. El motivo: “no abrir viejas heridas”.
Qué se puede esperar que digan y que hagan los que están en el poder si son los mismos. Si son los herederos ideológicos de aquel siniestro régimen.
Intentan tener la historia secuestrada para que todo quede como ellos la han presentado.
¿Transición? Por favor: si en la sombra siempre han gobernado ellos.
Para pasar página primero hay que leerla.
No es venganza, eso ya corrió bien de su parte, es justicia a la verdad como primera medida para empezar a curar las heridas cerradas en falso.
Hay una gran mancha en la historia de este país que se tendrá que limpiar. Será nenesario si queremos un país de ciudadanos más éticos.
De aquellos barros tenemos estos lodos
«No voy a terminar este artículo invocando la reconciliación, pues la Transición no se basó en la reparación del dolor de las víctimas, sino en la absolución de los verdugos. De hecho, la Reforma de la dictadura fue diseñada por criminales tan abyectos como Manuel Fraga, Rodolfo Martín Villa y José María de Areilza. Martín Villa ocultó y destruyó documentos para enterrar los crímenes del franquismo y organizó la guerra sucia contra anarquistas e independentistas vascos, catalanes y canarios desde su cargo de Ministro de la Gobernación entre 1976 y 1979. Entre sus hazañas, hay que mencionar el caso Scala (un atentado atribuido a la CNT que causó la muerte de cuatro trabajadores), el intento de asesinato del líder independentista canario Antonio Cubillo, el ametrallamiento de Juan José Etxabe, dirigente histórico de ETA, y su esposa Rosario Arregui (que murió a consecuencia de once balazos), y el asesinato de José Miguel Beñaran Ordeñana, “Argala”. Ahora es un empresario de éxito, que se emociona hablando de su papel en la Transición. Vive tranquilamente y nadie ha planteado su enjuiciamiento. Su ejemplo es una muestra elocuente de la impunidad de los verdugos, que siguen escribiendo la historia, mientras demonizan a los que se atrevieron a resistir contra las miserias de la dictadura y de una falsa normalización democrática. No se ha hecho justicia. Por eso, es absurdo hablar de reconciliación, pues nadie ha pedido perdón ni se ha reparado el daño causado.»
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