El FROB y los 36.000 millones que nunca volverán

El pasado viernes supimos que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) daba por perdidos 36.000 millones de los 52.000 que se inyectaron el año pasado en algunas cajas nacionalizadas. Una noticia que no puede dejar indiferente a nadie, especialmente si se es consciente de la magnitud de esas cifras (una de las partidas presupuestarias más voluminosas es el gasto en prestaciones por desempleo y supone unos 27.000 millones de euros). No podemos olvidar que esos 36.000 millones de euros provienen del bolsillo del contribuyente español y que han ido a parar directamente y sin contraprestación alguna a las entidades financieras auxiliadas. Tras varios años escuchando el mensaje de que el dinero entregado a los bancos se iba a terminar recuperando, la evidencia nos demuestra lo que ya imaginábamos: que los platos rotos de la banca española los vamos a pagar todos los contribuyentes.

Hagamos memoria. Una vez estallada la crisis financiera y una vez que las entidades financieras españolas vieron sus balances gravemente deteriorados, el gobierno (en su día del PSOE) decidió inyectar ingentes cantidades de dinero público (extraído a través de impuestos, no lo olvidemos) para salvarles el cuello. Las ayudas fueron ejecutadas de muy diversas formas: algunas fueron a fondo perdido (el Estado regaló directamente ese dinero), otras tomaron la forma de inversión (si la cosa salía bien el Estado podía ganar dinero; si salía mal, perdía), otras de préstamo, otras de garantías (los bancos pidieron dinero prestado a otros bancos o al Banco Central Europeo con el respaldo del Estado, de forma que si llegado el momento no pueden devolver el dinero, quien debe pagar es el Estado), etc.

El caso es que los gobernantes intentaron por todos los medios hacernos creer que todas esas ayudas iban a ser temporales, y que cuando las entidades financieras se recuperasen iban a devolver todo el dinero público que habían recibido. En consecuencia, las ayudas a la banca no iban a significar más que un adelanto de dinero a unas entidades momentáneamente en problemas.

Hoy día ya empezamos a ver que todo aquello era una vil y elaborada mentira. Y así ha sido siempre. El mecanismo con el que el gobierno español ha ayudado a las entidades financieras siempre ha sido notablemente opaco y enrevesado para que sobre el papel parezca que no se está gastando dinero público en rescatar entidades fracasadas. Una de estas artimañas contables consiste en que el Estado se hace responsable del dinero que toman prestado las entidades financieras en apuros de forma que en caso de no poder devolver el dinero, quien asume las pérdidas es el Estado y no estas instituciones de crédito. Que el Estado termine contabilizando una pérdida depende de la evolución económica de las entidades financieras ayudadas: si a éstas su actividad les va muy bien, podrán devolver el dinero recibido; si les va mal, no podrán hacerlo y el Estado tendrá que admitir que perderá el dinero que en su día desembolsó. Esto último es precisamente lo que se reconoció el pasado viernes: determinadas cajas de ahorros no podrán devolver el dinero que recibieron y por lo tanto el Estado (es decir, el contribuyente) perderá el dinero. No hay más.

A este respecto cabe hacernos dos importantes preguntas. La primera es: ¿a cuánto alcanza la cifra de dinero público que se le ha regalado a la banca? Porque se han reconocido pérdidas de 36.000 millones de euros, pero si las ayudas han sido mucho más cuantiosas las pérdidas podrán ser superiores. Pues bien, la cifra total de ayuda a la banca hasta diciembre de 2012 alcanza la desorbitada cifra de 1.359.809 millones de euros (unas 37 veces las pérdidas que se reconocieron el pasado viernes). Esto no quiere decir que el Estado vaya a perder todo ese dinero que ha entregado o que ha avalado a las entidades financieras, porque una parte del dinero de las ayudas ya ha sido devuelta (aunque la cuantía es pequeña) y porque otra parte previsiblemente correrá la misma suerte, pero la constatación de que existe todavía una importantísima cantidad de dinero público en juego no puede hacer sino preocuparnos y mantenernos en un estado de alerta y desconfianza.

La segunda pregunta que debemos hacernos es: si el hecho de que el Estado pierda o no el dinero entregado depende de la evolución económica de las entidades financieras, ¿podemos hacernos alguna idea de si les irá bien o de si les irá mal? Y en cierto sentido sí que podemos. Por un lado, sabemos que buena parte del agujero en los balances de las entidades financieras se debe al estallido de la burbuja inmobiliaria, por lo que su tamaño no es sólo de una importante envergadura sino que su restablecimiento requeriría activar de nuevo una burbuja de activos de dimensiones similares –lo cual no sólo es difícil sino que sería absurdo. El dinero público otorgado por el Estado ha ido a tapar esos enormes agujeros y pensar que las entidades financieras con su actividad normal (sin la ayuda de burbujas) van a compensar todas las pérdidas sufridas es algo muy ingenuo.

Por otro lado no podemos olvidar que el buen comportamiento de las entidades de crédito depende del buen comportamiento de la actividad económica en general. Los bancos obtienen rentabilidad prestando dinero y también invirtiendo en los mercados financieros. La primera vía está prácticamente impedida porque el nivel de crédito está bajo mínimos. Mientras no se reactive la actividad económica a un ritmo aceptable y mientras los bancos no presten dinero, estos últimos no van a hacer negocio de esta forma. La segunda vía tiene mejor pinta, pero aquí nos encontramos con una paradoja a tener en cuenta. Hoy día los bancos están obteniendo mucho dinero invirtiendo en el mercado español de deuda pública. A través de esta vía podríamos incluso pensar –siendo muy optimistas–  que los bancos acabarían ganando suficiente dinero como para poder devolver todas las ayudas que recibieron del Estado. El problema radica en que ese dinero que estarían ganando mediante el negocio con la deuda pública española procedería en última instancia del mismo Estado, que lo obtendría a través de reducción en el gasto público y de aumentos de impuestos. Por lo tanto, nos encontraríamos con la absurda situación por la cual el Estado (y por lo tanto el contribuyente) acabaría recibiendo un dinero que en origen habría pagado a los bancos en concepto de intereses de deuda pública.

En definitiva, todo parece indicar lo que ya intuíamos desde un principio: que el dinero entregado a las entidades financieras no se va a recuperar en su totalidad, y que el mismo alcanza unas dimensiones astronómicas que superan con creces los 36.000 millones de euros anunciados el pasado viernes.

[Eduardo Garzón es autor del blog Saque de esquina]