Egipto, entre la conspiración y la revolución

En el movimiento conducente a las gigantescas manifestaciones del 30 de junio de 2013, muchos millones de egipcios buscaron el fin del mandato de Mohamed Mursi, solicitando la convocatoria de elecciones presidenciales anticipadas. Los argumentos contra Mursi eran muchos: fracaso en el terreno económico, unilateralidad en la elección del gobierno y los altos cargos, elaboración así mismo unilateral de la constitución, tendencias autocráticas manifestadas principalmente en la declaración constitucional de noviembre de 2012 (luego retirada), continuidad de las detenciones y violaciones de los derechos humanos por la policía, tolerancia con las acciones violentas de particulares contra coptos, chiíes y mujeres y acciones así mismo violentas de los Hermanos Musulmanes contra los manifestantes ante el palacio presidencial en diciembre de 2012.

Todos estos argumentos encerraban gran parte de verdad, pero debían ser matizados, algo que ningún actor político ignoraba y que ahora está saliendo a la luz, por la falta de colaboración o abierto sabotaje desde el primer día, por un lado de la oposición, y por otro de amplios sectores del aparato del Estado -entre ellos la Fiscalía, el poder judicial y las fuerzas de seguridad-, amén de por una campaña mediática de tergiversación y demonización de los Hermanos Musulmanes.

Los millonarios dirigentes de dos de los principales partidos que componen el Frente Nacional de Salvación, Badawi (partido Wafd) y Sawiris (Egipcios Libres), desempeñaron un papel principal en esta campaña, al poner sus televisiones y sus medios de prensa a su servicio. Sawiris ha reconocido también haber puesto medios materiales en manos de los promotores del movimiento Tamarrod, que encabezó la campaña popular contra Mursi. Dichos promotores también han declarado haber recibido apoyo del ejército y de altos magistrados, entre otros.

Los dirigentes del Wafd y de los Egipcios Libres, confortablemente instalados en el régimen de Mubarak pese a no formar parte formalmente de él, pretenden brindar con sus partidos una fachada no contaminada por su pertenencia a la derecha llamada secularista, fachada que, tras acoger en sus filas a numerosos de sus dirigentes, se está desmoronando definitivamente ante los actuales acontecimientos. Tras ellos se alinean una serie de partidos menores dominados por el antiguo régimen.

Situación bastante diferente es la de numerosos dirigentes y activistas liberales y de izquierdas efectivamente comprometidos en la lucha contra Mubarak. Su oposición a Mursi era “natural” desde un punto de vista ideológico y político-práctico, pero la integración de gran parte de ellos en el Frente Nacional de Salvación, principalmente a través de los partidos del liberal Mohamed Al-Baradei (Al-Dustur) y del naserista Hamdín Al-Sibahi (Corriente Popular), implicaba serias contradicciones, para unos por unir sus fuerzas a la derecha, y para todos por hacerlo con los “remanentes” del régimen de Mubarak, y más aún cuando estos y aquella recurrían de nuevo a estrategias torticeras.

Más diferenciada fue la posición de los movimientos juveniles destacados en el levantamiento contra Mubarak, como el 6 de abril o los Revolucionarios Socialistas que, participando de la movilización contra Mursi, no quisieron asociarse al Frente Nacional de Salvación. El periodista y activista Hossam Al-Hamalawy, miembro de los Revolucionarios Socialistas, ha llamado la atención, además, sobre la necesidad de distinguir entre los promotores y coordinadores centrales de Tamarrod, desconocidos hasta entonces, y los muchos activistas de dichas organizaciones y otras que, descentralizadamente, se limitaron a difundir y apoyar su campaña.

Y en esto, llegó el ejército –que nunca se había ido-, con su golpe de estado del 3 de julio, que ha sido aplaudido, negado o tolerado por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas e intelectuales denominados secularistas, e incluso por fuerzas islamistas, como el partido salafí Al-Nur o el ex candidato presidencial y ex hermano musulmán Abu-l-Futuh. La postura de estos últimos, que también habían pedido a Mursi que convocara un plebiscito o elecciones presidenciales anticipadas, se basa, como la de muchos otros, en aceptar la deposición de Mursi como un hecho consumado que responde, si no en la forma sí en el fondo, a los deseos de la mayoría o de una gran parte del pueblo egipcio, y que puede y debe poner fin a la división del país y a la falta de estabilidad no sólo política sino también económica mediante la convocatoria de nuevas elecciones. En aras de la “paz social”, piden a los Hermanos Musulmanes que se retiren de las calles.

La hoja de ruta del nuevo presidente

El ejército y el nuevo presidente, Adly Mansur, han elaborado, respectivamente, una “hoja de ruta” y una declaración constitucional que suspende la constitución aprobada en 2012 y disuelven la Asamblea Consultiva (la segunda cámara, estando el Parlamento ya disuelto). Una nueva constitución será redactada por un comité de expertos, y expuesta a las propuestas de enmienda de 50 personalidades. La constitución será sometida a referéndum en torno a noviembre de 2013, según lo previsto, y en el plazo de dos meses se celebrarán elecciones legislativas. Nada más constituirse el Parlamento, se convocarán elecciones presidenciales.

En otro orden de cosas, ha sido constituido un nuevo gobierno, presidido por Hazem Biblawi, que se pretende “de unidad nacional” y de “expertos”. Sin embargo, entre su treintena de carteras, los principales partidos del Frente Nacional de Salvación cuentan con nueve carteras. Junto a ellos se encuentran diversos ex miembros de los gabinetes nombrados durante y después de la caída de Mubarak, tanto por los militares como por Mursi (algunos fueron cesados, y uno dimitió). También hay dos militares, además del ministro de Defensa, al-Sisi, y un ex general de policía, además del Ministro del Interior. Finalmente, gran parte de ellos han desempeñaron puestos de responsabilidad bajo el régimen de Mubarak, siendo tres de ellos miembros de su Buró Político en sus últimos años. Gran parte de ellos desempeñaron cargos importantes en los sectores relacionados con la liberalización de la economía.

A los de inclinaciones naseristas se les asigna el Ministerio de las Fuerzas Trabajadoras, el de Educación y el de Juventud. Los económicos siguen en manos de liberales. Los de Defensa, Interior, Producción Militar y Aprovisionamiento, en manos de militares o policía (el ministro del Interior sigue siendo el mismo del gobierno de Mursi, que según sus críticos no puso coto a la tortura y las detenciones políticas).

El ministro de Justicia Transicional y Reconciliación fue el encargado de investigar las muertes producidas tras el levantamiento contra Mubarak, investigación cuyos nulos resultados habían sido objeto de constantes quejas por los auténticos promotores y participantes en aquellas. La ministra de Información es una ex miembro del Buró Político del partido de Mubarak. Resulta evidente, por tanto, que el nuevo gobierno es un gobierno de unidad… frente a Mursi y los Hermanos Musulmanes, y se entienden las carcajadas de los partidarios de este, concentrados el 19 de julio en las plazas de Egipto –y del resto de los islamistas- ante la pretensión de que sea un gobierno de unidad nacional.

La “hoja de ruta” del ejército emplazaba también al presidente de la República y al Tribunal Constitucional –presidido también por aquel- a elaborar una nueva legislación electoral y un “código ético de los medios de comunicación” que serán piedras de toque del nuevo régimen. El cierre de cuatro canales de televisión de orientación islamista, y el constante hostigamiento a la cadena Al-Jazeera, pretenden dejar el campo expedito a los medios de comunicación privados -en su mayoría controlados por afines al régimen de Mubarak o al golpe de estado- y a los medios estatales, que se han unido a aquellos en la ocultación de la realidad y la tergiversación de los hechos y la demonización de lo Hermanos Musulmanes, cuyas concentraciones masivas desde el 30 de junio hasta hoy, y cuyas versiones de las diversas agresiones a los partidarios de Mursi –en particular la matanza del 9 de julio junto al palacio presidencial-, han sido en su mayor parte ocultadas. Recientemente, la organización Middle East Monitor, con sede en Londres, ha denunciado que algunos vídeos ampliamente difundidos por las televisiones egipcias y otras, como uno en el que supuestamente seguidores de Mursi lanzaban a un joven desde un tejado, causándole la muerte, habían sido “fabricados”.

Los sectores y personalidades con auténtica credibilidad de opositores a Mubarak, a Mursi y a un gobierno militar, exigen, entre críticas variadas a la declaración constitucional, a la hoja de ruta y al nuevo gobierno, que se ponga coto a los excesos de la prensa, que no se persiga a los Hermanos Musulmanes, y que estos puedan participar libremente en el futuro juego político (aun sabiendo que estos no pueden aceptarlo). Conscientes del retorno con fuerza de los “remanentes” del régimen de Mubarak, y de la escasa fiabilidad del alto mando militar, confían en la fuerza de la movilización popular para impedir cualquier involución democrática. Pero, objetivamente, esta ya se ha producido, y quienes no se han opuesto con firmeza al golpe de Estado tendrán que compartir la responsabilidad de lo que pueda pasar. Como señalaba hace poco el director del diario Al-Quds Al-Arabi, Abdel Bari Atwán, si, como pretenden muchos el 30 de junio de 2013 ha supuesto una “revolución correctora” de la “revolución del 25 de enero de 2011”, ahora será necesaria una tercera revolución correctora de la segunda.

*Javier Barreda Sureda es profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante.