El inspector imputado por las identificaciones en El Retiro alega que cumplía órdenes

MADRID // El inspector de policía imputado hace tres semanas por la identificación de un grupo de personas relacionadas con el 25-S en el parque de El Retiro ha declarado hoy ante el juez en el Juzgado de Instrucción nº33 de Madrid. El magistrado citó al agente el pasado 1 de julio para arrojar luz sobre su actuación en septiembre de 2012, cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron en una asamblea en el parque y realizaron una identificación colectiva de los participantes.

Los identificados denunciaron la actuación de la policía, al entender que la interrupción durante cerca de 40 minutos vulneró algunos de sus derechos fundamentales. En concreto, la acusación señala los artículos 540 y 542 del Código Penal. El primero penaliza con la «inhabilitación especial» durante entre uno y cuatro años a la autoridad o el funcionario público que «a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes».

Además, si prohíbe una «reunión pacífica» o la disuelve fuera de los casos expresamente permitidos por las leyes, también se enfrenta a la «inhabilitación especial para empleo o cargo público de cuatro a ocho años» y una multa de seis a nueve meses, según el artículo 542.

Negativa a responder a la acusación

En su declaración en el juzgado, el inspector se ha negado a responder a las preguntas de la acusación porque se trata de «una denuncia política que sólo busca degradar a la Policía Nacional», ha justificado. Por el contrario, sí que ha respondido a las cuestiones formuladas por la defensa y el juez, al que ha aportado dos vídeos sobre los que asienta su defensa.

A estos, el inspector imputado les ha asegurado que «la asamblea fue interrumpida, pero no disuelta». «Le preocupa que le imputen contra los derechos fundamentales, porque se haya disuelto una concentración sin amparo legal alguno», han explicado fuentes de la acusación. «Ha asegurado que recibió órdenes de identificar a la gente que participaba, sin saber si se trataba de una reunión política o una manifestación: su postura oficial es que él cumplía órdenes y que no se disolvió la asamblea».

Para contrastar esta versión, la acusación ha solicitado que se llame a declarar a la veintena de identificados y que desde el cuerpo de policía se aporte el listado de órdenes internas previas.

Según el auto de la Audiencia Provincial (AP), que ordenó reabrir el caso, el sobreseimiento inicial y el archivo de las diligencias fueron “precipitados”, ya que no se realizaron “las mínimas diligencias indispensables para tomar cabal conocimiento de la forma exacta en la que ocurrieron los hechos”.

De este modo, los tres jueces de la AP firmantes estimaron que no estaban “suficientemente esclarecidos” los motivos de las identificaciones y señalaron que, “lo más relevante”, es que la policía, tal y como denuncian los activistas, podría haber disuelto la reunión, un delito que se traduciría en la inhabilitación de los mandos responsables y la citada sanción económica.

Por otro lado, los magistrados pidieron que se esclareciese también “el uso que haya podido hacerse de las identidades de los manifestantes, es decir, si sus nombres quedaron registrados en una base de datos constituida al efecto”. Si se hubiera producido, según el auto, puede constituir “una importante forma de controlar a las personas que ejercitan el derecho de reunión”.

Este tema fue públicamente denunciado por activistas y organizaciones sociales, y potenciado por las palabras de la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que provocó revuelo al afirmar que tiene localizado a un grupo de “entre 800 y mil y pico personas que están en todo y son los que provocan los incidentes”.

Denuncia colectiva

Medio centenar de personas se encontraban reunidos en El Retiro, junto al Palacio de Cristal, en una asamblea preparatoria para la primera convocatoria Rodea el Congreso, cuando, según el testimonio de los presentes, llegaron de forma repentina dos furgones policiales. Los agentes obligaron a los activistas a levantarse, a colocarse junto a la pared y a identificarse. Un día después, los manifestantes se organizaron para interponer una denuncia colectiva.

El juzgado de instrucción nº 33 archivó rápidamente la causa, pero la Audiencia Provincial de Madrid ordenó reabrir el caso. “En este caso hay dos cuestiones: por un lado, la vulneración fundamental de reunión y, por el otro, qué se está haciendo con los datos de los manifestantes”, explicó entonces Juan Moreno, uno de los abogados de los activistas denunciantes. “Se abre una vía para investigar de forma efectiva cuáles han sido los motivos por los que los disidentes políticos han sido perseguidos, vigilados, hostigados y sancionados a lo largo de los últimos dos años”, añadió.

Además de las denuncias constantes por parte del 15-M, o por colectivos de abogados como ALA, el tema de las identificaciones políticas también fue incluida en la querella presentada por IU contra Cifuentes. Para este letrado, es claro que existe un “plan sistemático de vigilancia y control” de manifestantes. Moreno reivindicó que «los presentes en la asamblea estaban haciendo política. La política no sólo la hacen los partidos».

‘La lista de Cifu’

Tras las palabras de Cifuentes, en las que afirmó que la Policía tenía controlada la identidad de cientos de manifestantes, el hashtag #LaListadeCifu llegó a ser el tema más comentado en Twitter. Aquel mes también fueron detenidos cuatro activistas por desplegar un pancarta llamando a la acción Rodea el Congreso del 25-S y algunos dirigentes políticos pidieron explicaciones por este supuesto seguimiento. La polémica estaba servida. Desde Acampada Sol recordaban que «los archivos de activistas son ilegales» y que «todo el mundo tiene derecho a consultar su ficha policial”.

La Delegación del Gobierno salió a la palestra para negar la existencia de dicha lista, y alegó que la declaración de Cifuentes fue “una manera de hablar”. «Es cierto que la policía tiene localizado a un grupo que sabe que es siempre el mismo, porque acude a todas las manifestaciones, pero no quiere decir que se les tenga registrados con nombres y apellidos, ni tan siquiera identificados», aseguró un portavoz de la institución.