Golpe mortal a la cooperación internacional

MADRID // Las ONG que se dedican a la ayuda al desarrollo han calculado que cuando un Estado dedica menos del 0,20% del PIB a la cooperación internacional podemos hablar de desaparición de la política pública. Este es el caso de España, que hoy en día destina un exiguo 0,15% de los Presupuestos Generales a esta partida. Una cifra a la que se ha llegado después de brutales recortes durante tres años consecutivos que, entre 2011 y 2013, ascienden al 70%.

En un contexto como el español, donde la crisis ha dejado sin trabajo a más de seis millones de personas y donde la pobreza ha aumentado un 8% desde 2008, puede haber personas que se pregunten si el dinero no debería destinarse antes a los residentes españoles que a los habitantes de países en vías de desarrollo.

“No se trata de que tengamos poco dinero y haya que elegir a qué personas salvar y a cuáles dejar morir, sino de revisión de prioridades. Mientras el dinero para la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) se recorta año tras año desde 2009, los presupuestos para fondos de Defensa y compra de armas no dejan de aumentar“, afirma Mercedes Ruiz-Giménez, presidenta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE). Y es que, mientras el Ministerio de Defensa cuenta con casi 45 millones para este fin, la cooperación internacional se tuvo que conformar con 12 millones de euros.

Por su parte, la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de UNICEF, Marta Arias, recuerda que España es la decimotercera economía más rica del planeta, por lo que “se deduce que tienen recursos de sobra para destinarlos dentro y fuera del país“. También señala que “ si pensamos en los países que mejores servicios públicos tienen en cuanto a Sanidad, Educación o Servicios Sociales, se nos vienen a la cabeza los nórdicos. Resulta que también los únicos que destinan el 0,7% del PIB a la AOD. No se trata de dinero, sino de políticas que apuesten por las personas.“

las consecuencias

Para evaluar el impacto que estos recortes están teniendo en las personas, las ONG que se dedican a la cooperación evalúan lo que se ha dejado y puede dejar de hacerse. Marta Arias, de UNICEF, cuenta que entre 1992 y 2012 se ha podido salvar la vida de 73 millones de niños menores de cinco años que podían haber muerto de causas evitables como la diarrea o el sarampión. “La reducción de partidas se traduce en vidas, no en ahorro económico“, asegura.

Según el último estudio realizado por la CONGDE, la considerable merma económica estatal ya está teniendo impacto en sectores de población que viven en zonas de conflicto y con menos de un dólar al día. En concreto, los proyectos en terreno (es decir, los que se realizan directamente en las zonas afectadas) han disminuido un 42%. En Mozambique, por ejemplo, han tenido que interrumpir los proyectos en los que se estaba trabajando para llevar agua potable a la población. Al igual que ha ocurrido con la reconstrucción de Haití tras el devastador terremoto de 2010 o los trabajos dirigidos a ayudar a las mujeres víctimas de violencia de género en países en vías de desarrollo.

Estos recortes también han tenido consecuencias en las ONG españolas que trabajan en estas zonas, y que son actores fundamentales en la cooperación internacional. El 31% de los trabajadores han sido despedidos, y el 21% de las sedes territoriales en nuestro país han tenido que cerrar por falta de recursos. Esto ha provocado que el 21% de las ONG hayan abandonado un país o una zona geográfica que necesitaba ayuda urgente.

Las posibles soluciones

Mercedes Ruiz-Giménez tiene claro que “los impuestos no son de ningún gobierno, sino de los ciudadanos. Somos nosotros los que tenemos que decidir si preferimos destinarlos a Defensa, a la banca o a la Ayuda Oficial al Desarrollo.“ En ocasiones, los gobiernos se escudan en la capacidad de las empresas privadas para subvencionar las actividades de las ONG. Sin embargo, la realidad muestra que, además de que el 96% de las organizaciones han visto reducidos los fondos públicos, el 57% también ha notado un descenso en la financiación privada.

Una de las soluciones que proponen las ONG del Tercer Sector pasa por la Ley de Mecenazgo. Una ley que, según Mercedes Ruiz-Giménez, “existe en todos los países del mundo. En Estados Unidos es especialmente característica“. Básicamente, consiste en fomentar a los particulares y a las empresas privadas para que hagan donaciones y aportaciones las organizaciones sin ánimo de lucro.

Incentivos que pueden pasar por elevar el porcentaje de deducción del IRPF y el Impuesto de Sociedades, regular también desde el punto de vista fiscal las aportaciones materiales diferentes a las económicas (comida, ropa, juguetes…). También proponen equiparar los incentivos fiscales que ya tienen las empresas que colaboran con las denominadas “actividades de interés general“ con los de las donaciones.

La presidenta de la CONGDE cuenta que “a pesar de que lo hemos propuesto varias veces, Cristóbal Montoro no quiere poner en marcha esta ley porque cree que va a perder fondos.“ Una presunta pérdida de fondos por la que no tendríamos que preocuparnos si el Gobierno legislara para evitar un fraude fiscal que equivale, aproximadamente, al 25% del PIB.