Entidades catalanas promueven un frente por el alquiler forzoso de las casas vacías

BARCELONA// La Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna ha puesto en marcha una campaña con el objetivo de aglutinar el mayor número de entidades y organizaciones posibles y pedir al Govern de la Generalitat y al Parlament de Catalunya que impulsen medidas para poner en régimen de alquiler social los pisos vacíos en manos de entidades financieras. Según datos de la Plataforma, integrada por CCOO Catalunya, UGT Catalunya, Justicia i Pau, la Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC) y Cáritas Diocesana, las entidades financieras tienen 120.000 viviendas vacías, nuevas y de segunda mano, en Cataluña, mientras que tan solo son 900 los pisos que el Fondo Social de Viviendas tiene en la comunidad.

La demanda de crear un Fondo Social de Viviendas de Cataluña contempla la integración de los cerca de 80.000 pisos de obra nueva sin vender que contabilizó un estudio de la Generalitat sobre el stock de viviendas (casi 90.000 según el informe del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya), y los pisos de segunda mano, cuyo número no está cuantificado. Según los estándares europeos, recuerda la Plataforma, un 18% del parque construido debería dedicarse al alquiler social, lo que en Cataluña equivaldría a medio millón de viviendas. La oferta actual, por lo tanto, se encuentra muy lejos de esta cifra.

“Estas viviendas existen y gran parte están en manos de entidades financieras, muchas de las cuales han sido rescatadas con dinero público, lo que supone una contradicción absoluta”, ha expresado el presidente de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres. “Estamos planteando el alquiler forzoso de los pisos vacíos de las entidades financieras, para acoger a las familias desahuciadas, en vía de desahucio, y aquellas que se encuentran mal alojadas”, ha subrayado el secretario general de CCOO Catalunya, Joan Carles Gallego.

Necesidad de 220.000 viviendas

Según un estudio sobre exclusión social realizado en 2009, en Cataluña hay 37.000 personas residentes en alojamientos que no reúnen unas condiciones mínimas. En los últimos cinco años, según datos del Consejo General del Poder Judicial, las ejecuciones hipotecarias llevadas a cabo en la comunidad se elevaron a 50.000. En Cataluña,  las familias inscritas en el registro de solicitantes de viviendas protegidas son además 69.000, ; y el pacto nacional de vivienda estima en 65.000 las familias en riesgo de exclusión residencial. Todo ello sitúa las necesidades de vivienda de alquiler social en la comunidad en una cifra superior a las 220.000.

La Plataforma señala, además, que uno de los problemas del Fondo Social de Viviendas es que los pisos están exclusivamente destinados a familias víctimas de ejecuciones hipotecarias y deja fuera a aquellas que han sido desahuciadas por no poder pagar el alquiler y a las que se encuentran mal alojadas, cuando, precisamente, en Barcelona y su área metropolitana el 80% de los desahucios se producen por impago del alquiler.

El secretario general de la UGT Catalunya, Josep Maria Álvarez, ha reivindicado que “esta es una buena oportunidad para situar como elemento central la vivienda de alquiler. Durante mucho tiempo se ha ido implantando la cultura de la propiedad, y necesitamos un cambio en la política de vivienda”. Para Álvarez, la creación del parque de viviendas en régimen de alquiler social, con precios que vayan de 150€ a 450€ siempre que no superen el 30% de los ingresos familiares, supondría “poner a disposición de la gente un bien que es suyo porque ya lo ha pagado”, en referencia al elevado gasto público desembolsado para rescatar a las entidades financieras.

Cambio de rumbo de la Administración

“Lo que estamos planteando es posible. Se está haciendo hoy en Andalucía, en Canarias y en Navarra”, ha apuntado Gallego. La respuesta de la Comisión Europea al decreto andaluz de vivienda, alegando que la expropiación temporal de pisos vacíos en manos de los bancos para ponerlos en alquiler afectaría negativamente a la estabilidad del sector financiero, es para las entidades un claro ejemplo de que la Administración mira más por los intereses de las entidades financieras que por los de la población. “La Comisión Europea se pone la manos en la cabeza con las medidas que se han tomado en Andalucía, cuando a mi modo de ver son bastante limitadas”, ha defendido Álvarez.

En los próximos días, la campaña irá aglutinando a diversas plataformas, entidades cívicas y organizaciones sociales con el objetivo de “evidenciar que existe una mayoría social que demanda estas medidas”, ha sostenido Gallego. Fuentes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) indican que ya han recibido la comunicación de la campaña, y que en la próxima asamblea discutirán su adhesión, si bien, recuerdan, “estamos pidiendo estas medidas desde hace tiempo”.