UE: proteger al especulador y marginar a quienes nos alimentan

DANIEL LÓPEZ y TOM KUCHARZ// La reforma de la Política Agraria Común (PAC) aprobada esta semana y defendida por el Gobierno español, está hecha a medida de los grandes terratenientes y multinacionales. En el seno del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, así como en el Consejo Europeo, que llevan desde el año 2011 negociando la “nueva” PAC, han pesado más las propuestas legislativas de la agroindustria, del sector financiero, de las empresas agroquímicas y biotecnológicas y la gran distribución. En cambio no han recogido las propuestas de organizaciones de pequeños agricultores, ecologistas y consumidores.

La PAC, que se lleva el 40% del total del presupuesto comunitario, apuesta y agrava una política que ha provocado que en los últimos 10 años desapareciera cerca del 30% del empleo agrario europeo. No apoya una agricultura que genere alimentos seguros y de calidad, ni fija población en el medio rural, ni garantiza rentas dignas para agricultores, ni precios justos para consumidores. Además, agrava la crisis ambiental (cambio climático, pérdida de biodiversidad, desertificación, deforestación, etc.) que provoca la agricultura industrial. También prolonga aquellas políticas internacionales que están causando hambre y desnutrición en muchos países del mundo.

Ecologistas en Acción cuestiona que la nueva PAC sea “más sostenible”, como argumentan el ministro de agricultura, alimentación y medioambiente, Miguel Arias Cañete, y las instituciones europeas. No se advierte voluntad política para poner remedio a los graves problemas de erosión, sobreexplotación y contaminación del agua y pérdida de biodiversidad que ponen en peligro la capacidad de producir alimentos.

El 30% destinado a los pagos directos queda profundamente descafeinado. La partida destinada a objetivos ambientales deja fuera cuestiones como la introducción de leguminosa autóctona en las rotaciones, así como los pagos directos a amplias superficies de los agrosistemas mediterráneos, que no entran en las estrechas definiciones de “pastos permanentes”, así como las medidas de apoyo a la ganadería extensiva. Tampoco apoya a los sistemas agrarios de Alto Valor Natural, que podrían haber tenido un importante papel en el apoyo de la ganadería extensiva y la agricultura ecológica. La reforma no condiciona los pagos directos al cumplimiento de políticas básicas de la UE, como la Directiva Marco de Agua o normativas relativas al uso de plaguicidas.

Al apostar por la mecanización, los monocultivos y el uso de agrotóxicos (fertilizantes y fitosanitarios) se está deteriorando el estado de la biodiversidad, de los recursos naturales y del agua que está causando cambio irreversibles en nuestros ecosistemas.

A su vez, los acuerdos tomados en Bruselas dejan fuera a un gran número de cuestiones de gran impacto social en el sistema agroalimentario. El llamado «Pilar 1» (80% del presupuesto total en 2012, destinado a los pagos directos) apoya una mayor intensificación de la agricultura, lo cual genera una mayor dependencia y endeudamiento de las explotaciones, la reducción y la precarización del empleo agrario, y mayores daños ambientales. Pero además la PAC prevé que un amplio margen del «Pilar 2» (desarrollo rural) podría ser transferible al Pilar 1 si el Estado miembro lo justifica. Todo esto prepara nuevas oleadas de éxodo rural. Algo que podría afectar especialmente a los países del Este de Europa que todavía tenían un alto grado de empleo en la agricultura.

Una política agraria sin agricultores

Con la nueva PAC, que previsiblemente permanecerá en vigor siete años, se pierde la oportunidad de defender a los pequeños agricultores como principales destinatarios de las ayudas, olvidando que son éstos los que realmente generan empleo y mantienen el medio rural vivo. Se sigue la senda suicida de los últimos 50 años: una política agraria sin agricultores.

La PAC mantiene los pagos por hectárea, que apoyan –principalmente- a quien posee la tierra y no a quien la trabaja. No hay tope para las subvenciones, lo que potencia la transferencia de fondos a las explotaciones más insostenibles y los grandes propietarios de la tierra en Europa. La cuantía del pago para las pequeñas explotaciones, así como el programa de apoyo para pequeños agricultores -con un fuerte potencial para generar empleo en el medio rural- quedan como propuestas “opcionales”.

Además, la eliminación de medidas de control de los mercados y la propuesta de financiación de seguros privados favorecerá la volatilidad de los precios y la especulación financiera con los alimentos. Su apuesta por las relaciones contractuales entre producción primaria e industria de transformación sienta bases sólidas para una mayor financiarización de los alimentos, lo que aumentará los precios de los alimentos y el endeudamiento del sector agrario beneficiando a los bancos y empresas de seguros, y empobreciendo al pequeño agricultor.

En definitiva, la UE y el Gobierno español siguen apostando por una agricultura industrial y globalizada, que arrasa con el territorio rural europeo y el de otros continentes, impulsando la concentración de las producciones y la subordinación de la producción primaria a la agroindustria y la distribución comercial. Esto es injusto para los pequeños agricultores y para los consumidores europeos, pero sobre todo para los países del Sur, que se continuarán viendo inundados por productos agrarios a precios por debajo del coste de producción real.

*Daniel López y Tom Kucharz son coordinadores del área de Agroecología y Soberanía de Ecologistas en Acción