La investigación ciudadana pone en aprietos a los directivos de la Sanidad catalana

BARCELONA// Desde hace unas semanas, varios gestores de la sanidad pública catalana están compareciendo en el Parlament en el marco de una comisión de investigación. Algunos de ellos están imputados por presuntas irregularidades cometidas desde sus cargos de dirección en la sanidad pública, gravemente afectada por los recortes presupuestarios. Parte de estas no se conocieron por la labor de los medios de comunicación ni por las indagaciones de la justicia, sino por la investigación que han llevado a cabo profesionales de la sanidad y ciudadanos.

La revista gratuita Cafeambllet contribuyó a abrir el camino. Sus editores, Marta Sibina y Albano Dante, no son periodistas de formación. Durante dos años indagaron en el funcionamiento de los hospitales y fruto de ello detectaron numerosas irregularidades en su gestión. Si bien recogieron el testigo de otras personas que durante años investigaron en silencio a los gestores sanitarios, la repercusión que tuvo su caso ha servido de inspiración a otros colectivos ciudadanos, que con sus investigaciones han contribuido a abrir procesos judiciales y a que se inicien investigaciones de oficio por parte de la Oficina Antifraude de Cataluña o la Fiscalía.

El caso más reciente se conoció esta semana, cuando el diario El País daba a conocer las supuestas incompatibilidades que afectan al director del CatSalut, Josep Maria Padrosa, que a su vez es apoderado de seis empresas privadas que el año pasado facturaron a este organismo (que gestiona casi el 98% del presupuesto de la sanidad) más de 14 millones de euros, lo que incumpliría la Ley de Incompatibilidades para altos cargos de la Generalitat. Padrosa ha alegado desconocer que sus poderes en las empresas no se habían revocado, y el conseller de Salut, Boi Ruiz, defendió que la actuación de su antiguo compañero de junta en la patronal Unió Catalana d’Hospitals, la mayor del sector privado en Cataluña, fue «totalmente reglamentaria». La investigación realizada por la Plataforma de Afectados por los Recortes Sanitarios (PARS) fue clave para que se conocieran estos hechos.

En la PARS no hay periodistas, ni detectives. Ni siquiera la mayor parte de sus miembros trabajan en el ámbito sanitario, sino que desde otras profesiones les une la voluntad común de preservar el modelo público de salud y, de alguna manera, fiscalizar la actuación de aquellos gestores sanitarios que con el argumento del ahorro y la eficiencia reducen el gasto e impulsan privatizaciones.

La labor de investigación de la PARS tuvo sus bases en la querella presentada en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por diversos colectivos contra el conseller Boi Ruiz y otros tres altos cargos del Departamento de Salud, entre ellos el mismo Padrosa, por, entre otros presuntos delitos, impedir el derecho a la protección de la salud con los recortes aplicados. El tribunal la acabó archivando. “Cuando presentamos la denuncia ya hablábamos de las posibles incompatibilidades de Padrosa. Ni el TSJC ni la Fiscalía quisieron investigar, pero nosotros nunca hemos dejado de intentar hilar los datos a los que íbamos teniendo acceso”, explica Marian Rodríguez, administrativa e integrante de la PARS.

Cuando en mayo de este año, la Generalitat publicó el registro de convenios y contratos del CatSalut, observaron cómo las empresas de las que Padrosa seguía siendo apoderado facturaban directamente con el organismo de la Generalitat. Los documentos que han consultado son de dominio público, como los actos publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, la web de contratación pública de la Generalitat, el registro de convenios y contratos del CatSalut o las leyes que regulan el régimen de incompatibilidades para altos cargos. “La idea que nos gusta transmitir es que cualquiera que tenga el interés de investigar puede hacerlo, porque nuestra herramienta básica de trabajo es una conexión a Internet y Google”, cuenta Rodríguez.

Información al alcance de todos

Y es que en la red se encuentra, a disposición del que sepa encontrarla, mucha de la información que ha permitido conocer las supuestas irregularidades cometidas por los gestores sanitarios. Por ejemplo, los informes de la Sindicatura de Comptes (el tribunal de cuentas catalán). En éstos se sumergió un trabajador del Hospital Clínic de Barcelona, que prefiere mantener su anonimato por temor a represalias laborales, cuando comenzaron los recortes y se empezó a conocer la intención de los gestores de iniciar un proceso de privatización.

Fruto de esa investigación, llevada a cabo con ayuda de algunos de sus compañeros y de otros ciudadanos organizados durante el encierro en el hospital, conocieron, entre otros aspectos, que el Clínic había asumido una deuda privada de la empresa que presta el servicio de limpieza, irregularidades en los procesos de contratación del centro o los estrechos vínculos entre directivos como el exconsejero delegado del hospital, Raimon Belenes, con mutuas y empresas privadas del ámbito sanitario.

“Lo que me guió fue ver lo que estaba denunciando Cafeambllet, y dónde estaban encontrando la información. Me puse a mirar los informes de la Sindicatura de Comptes. Lo que encontré me hizo ver las dimensiones del nivel de corrupción que había habido en el Clínic, y el silencio que sobre esto había habido a todos los niveles, desde el sindical hasta fuera de ese ámbito”, explica el trabajador. Las supuestas irregularidades descubiertas están recogidas en un blog: Esclat Clínic, mediante el cual tratan de difundir los hechos que van conociendo.

Esta labor de investigación, sin embargo, requiere una gran dedicación, y ocupar las horas fuera de la jornada laboral. “Cuando empiezas a ver que has encontrado algo interesante, que tienes que seguir buscando, que hay que hilar datos, de repente las cosas se aceleran y al final te acabas acostando cada día a las dos o a las tres de la mañana. Evidentemente es un esfuerzo, pero nosotros estamos encantados de hacerlo y no podríamos hacer otra cosa”, explica Rodríguez.

En el Hospital de Sant Pau, también en la capital catalana, una denuncia del comité de empresa dio origen a una extensa investigación judicial que mantiene imputados a directivos del centro de los últimos 15 años. Pagos ilegales a altos cargos, sobrecostes en obras y adjudicaciones irregulares son algunos de las presuntas irregularidades que investiga la Justicia, y que salieron a la luz gracias al empeño de parte de los trabajadores. Entre ellos la radióloga Carmen Pérez, empleada en el centro desde 1979 y que fue la principal impulsora de las investigaciones que han permitido imputar a la cúpula del hospital.

La movilización genera redes de apoyo y difusión

El aumento de la movilización ha favorecido que se creen redes de apoyo y difusión, que ayudan a que se conozcan las informaciones. También el contacto con algunos grupos políticos que trasladan las denuncias al Parlament y con los medios de comunicación que quieran hacerse eco es clave para que las denuncias adquieran relevancia.

El colectivo de periodistas independientes Sicom (Solidaritat i Comunicació), colabora en la difusión de los escándalos que van saliendo a la luz, aportando sus conocimientos en el campo audiovisual para colgar las noticias en la red. Su presidente, Josep Cabayol, sostiene que esta dinámica ha aparecido en buena parte por la dejadez en sus funciones de los grandes medios de comunicación. “Alguna cosa no funciona en los medios de referencia. Y si los medios no hacen su trabajo es lógico que la ciudadanía, que está viendo que, o se autoorganiza y se autoempodera o no tiene nada que hacer, esté buscando fórmulas de hacer aflorar todas estas cosas que afectan a sus vidas y a su futuro”, defiende.

Cabayol explica que ha encontrado en todas estas personas un profundo sentido de responsabilidad ciudadana. “Es gente con un gran convencimiento de que los derechos no los da nadie sino que los conquista la ciudadanía, y por tanto es gente dispuesta a dedicar una parte de su vida a asegurar estos derechos. Son personas muy sensibilizadas y muy responsabilizadas, con una gran capacidad de trabajo y de sacrificio”, valora.

Su labor, además de ayudar en la difusión, es también comprobar, como periodistas, que los hechos que se denuncian son ciertos. “Nos corresponsabilizamos de la información, eso es importante. Cuando publicamos alguna cosa, porque alguien se pone en contacto con nosotros, toda la información está confirmada, sino no la damos”. En sus videos aportan también la documentación que acredita las presuntas irregularidades detectadas.

Ofrecer las herramientas necesarias a los ciudadanos para que sean capaces de iniciar investigaciones por su cuenta es uno de los objetivos que se plantearon los editores de Cafeambllet cuando publicaron su libro Artur Mas, ¿donde está mi dinero?. «Más allá de las manifestaciones y las pancartas, la investigación y la fiscalización ciudadana deben formar parte de la lucha por la sanidad. La intención es que el libro sirva de guía para cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos que quieran comenzar a investigar», exponen en la introducción de la obra.

Marian Rodríguez concluye: “Esa responsabilidad de la ciudadanía hoy en día está ocurriendo a unos niveles que no son ni mucho menos los ideales. Porque estamos en una situación muy crítica y porque están fallando de oficio todos los mecanismos de la Administración que tendrían que funcionar. Ahora más que nunca es necesario que los ciudadanos estemos atentos”.