Empieza la batalla para demostrar la manipulación del Euribor

Artículo publicado en el número de junio de La Marea, disponible en kioskos y aquí.

El Euribor puede pasar por ser el índice bancario más conocido entre la gente común. El 82% de las hipotecas en España están vinculadas a este barómetro financiero y de su fluctuación depende la suma en concepto de intereses que se acabará pagando por el dinero prestado para la adquisición de la casa. Pero, ¿qué sucedería si este índice hubiera sido manipulado por las entidades bancarias que lo configuran? Los titulares de las hipotecas, 18 millones en España, habrían estado pagando durante años unos intereses basados en la arbitraria voluntad de los bancos, y no, como debería ser, en un cálculo aritmético e imparcial del precio del dinero. La iniciativa #opeuribor, impulsada por abogados activistas vinculados al 15M, pretende demostrar este abuso y para ello ha presentado un demanda que un juzgado mercantil de Barcelona admitió a trámite el pasado mes de abril.

Situemos el contexto. Antes de la entrada en vigor del euro, el índice de referencia por excelencia en las hipotecas españolas era el Mibor. Dicho índice se calculaba sobre la media del tipo de interés al que los bancos se prestaban dinero entre sí, en un plazo de un año, en el mercado interbancario español. Es decir, a grandes rasgos, si por ejemplo la entidad A prestaba al banco B un dinero al 2%, y el banco B dejaba dinero al C al 3%, el Mibor se fijaba en el 2,5%. El Banco de España era la institución encargada de comprobar la fiabilidad del índice y publicarlo, y también controlaba el registro de las operaciones cruzadas que lo sustentaban.

Con la aparición del euro, la gran mayoría de las transacciones pasaron a producirse en el mercado interbancario europeo. La institución encargada de configurarlo ya no se encuentra bajo control público, pues pasó a ser la Federación Bancaria Europea (FBA), una asociación civil integrada por las entidades financieras. La gran patronal de la banca europea.

Además, no es la propia FBA la que configura el índice, sino que se lo encarga a la mayor empresa privada de información económica del planeta: Thomson Reuters. La dinámica pasó entonces a ser la siguiente: 44 bancos internacionales, entre ellos los españoles Banco Santander y La Caixa, reportan cada día a Thompson Reuters el tipo al que están prestando el dinero. La empresa calcula la media y publica los datos todos los días de mercado a las 11 de la mañana. Según los autores de la denuncia, ningún otro organismo verifica que esta información se apoye en operaciones que se hayan producido realmente.

La escena tiene lugar en una oficina del grupo financiero Barclays en Europa. Es viernes, 13 de octubre de 2006. Un operador de euro swaps de Barclays envía un mensaje electrónico a otro empleado del banco. Le comunica que el lunes siguiente va a producirse una operación en la cual la entidad va a ingresar una suma importante de dinero por lo que conviene que el tipo de interés sea alto. “Tengo un fixing inmenso el lunes… algo así como 30bn 1m … y me gustaría que fuera muy muy muy alto… ¿puedes echarme una mano? Sé que un gran agente estará en contra nuestra… y no quiero perder dinero en esta transacción”. Quien recibe este mensaje en críptica jerga financiera es reportador de Euribor de la entidad. “Siempre procuramos hacer todo lo posible para ayudar…”, le responde. El día convenido, el Euribor a un mes de Barclays es de 3,36%, nada menos que un punto básico por encima del tipo enviado el día anterior.

La transcripción de la conversación es una de las muchas publicadas por el Departamento de Justicia de EEUU en su litigio con varias entidades financieras a las que acusó de haber manipulado el Euribor y su equivalente en la libra esterlina, el Libor. Seis años después de que comenzasen las investigaciones, Barclays ha reconocido haber manipulado el índice bancario de Londres y ha aceptado una sanción de 453 millones de dólares, 160 de los cuales irán a la administración estadounidense a cambio de dar carpetazo a la vía judicial.

El escándalo fue mayúsculo. La Comisión del Mercado de Valores de Canadá ha demandado a seis grandes bancos (HSBC Holdings, JPMorgan Chase, Royal Bank of Scotland, UBS, Citigroup y Deutsche Bank), y la Fiscalía de Nueva York les ha requerido la entrega de información a los investigadores. La Comisión Europea abrió una investigación, que aún sigue en curso, para determinar si existía un cártel bancario que podría haber estado manipulando a su antojo el Euribor, incidiendo con ello en los pagos de millones de ciudadanos. Tras visitar sin previo aviso las instalaciones de empresas de productos financieros vinculados al Euribor, Bruselas concluyó: “La Comisión teme que las empresas en cuestión pueden haber violado las normas comunitarias de defensa de la competencia que prohíben los cárteles y las prácticas comerciales restrictivas”.

La demanda que se está tramitando en el juzgado es el resultado de un trabajo en red en el cual han colaborado abogados de varios países. Una labor jurídica y a la vez periodística, por la extensa investigación que ha conllevado. Dos abogados sevillanos, Juan Ignacio Moreno Yagüe y Francisco Jurado, arrancaron la iniciativa. Otro letrado de Barcelona, Pepe Giménez, lleva la demanda. “Esto es 15M puro. Hasta hace poco no había ni oído hablar de Moreno Yagüe”, asegura Jiménez. Y es que fueron las redes que comenzaron a construirse tras la aparición del movimiento social las que han establecido puentes que han servido para canalizar la colaboración entre los letrados.

Y los demandantes concluyen: “Esa manipulación del índice en provecho propio viola todos los pactos y todas las normas existentes; hace que el índice no responda a un mercado; lo convierte en el fruto de un concierto de todos en el que el valor es una arbitrariedad de los implicados; establece un índice determinado según sus necesidades y, de acuerdo con los servicios de estadística, se decide en qué momento es conveniente hacer subir el índice (número de contratos en los cuales las entidades de crédito son acreedoras) o bajarlo (número de contratos en los que son deudoras)”.

El tribunal que lleve el caso, clave

“Lo importante no es tanto quién manipuló qué sino que el sistema está montado para que funcione así”, expresa Giménez. La demanda está dirigida contra Liberbank, interpuesta por un cliente que firmó una hipoteca con la entidad, que ya ha puesto en marcha el proceso de desahucio. Dicha hipoteca contemplaba unos intereses fijados en el Euribor incrementado en 1,20 puntos, que más tarde pasaba a incrementarse en 2,40 puntos. La tesis de la demanda reside en que si realmente no existen operaciones cruzadas que determinen el Euribor, este debería ser igual a cero, por lo que los intereses que debería haber cobrado la entidad tenían que haberse limitado al diferencial pactado (1,20% en un inicio y 2,40% en posteriores ciclos).

Los impulsores de la demanda consideran que la manipulación del Euribor es un hecho “plenamente demostrado”, pero exigen que las consecuencias sobre las hipotecas no esperen a que se resuelvan las investigaciones en curso. Tal como ha sucedido con el tema de las cláusulas abusivas que el ciudadano Mohamed Aziz reclamó en los tribunales, la batalla se centra en determinar la jurisdicción que resolverá la demanda. Los demandantes aspiran a que el juez eleve una cuestión prejudicial al Tribunal Europeo de Estrasburgo y que sea éste quien pronuncie el fallo. “El banco intentará que la causa vaya al Tribunal Supremo (TS). En la sala del TS está Sebastián Sastre, asesor jurídico de La Caixa durante 30 años”, asegura Giménez.

La magnitud de la cuestión hace temer a los letrados que la causa acabe resolviéndose por la puerta de atrás. Si el pleito acaba en Estrasburgo, son conscientes de que aparecerá la poderosa influencia de la Federación Europea Bancaria y de la propia Comisión Europea. Atender los argumentos de la demanda, asegura Giménez, provocaría “el crack final del sistema financiero”. También podría abrir la puerta a reclamar a los bancos millones de euros cobrados de forma ilícita. O bien servir de base para suspender procesos de desahucio. Lo único que parece probable es que el proceso se alargará durante varios años, y que el resultado final lo determinarán en mayor parte los múltiples intereses que intervengan durante esta carrera de fondo.