Gran parte del crédito del ICO acaba en grandes empresas e incluso bancos

ALEJANDRO INURRIETA // La situación del crédito en España comienza a ser asfixiante para un buen número de empresas y particulares. La burbuja inmobiliaria ha dejado seco el sistema financiero. Esa sequía se refleja con creciente intensidad en las sucesivas oleadas de la encuesta que realiza el BCE entre entidades financieras europeas. La encuesta más reciente refleja que la oferta de crédito volvió a contraerse ligeramente en el primer trimestre de 2013 tanto en España como en la Unión Económica y Monetaria. En la UEM, la caída del crédito fue, en general, un poco menor que la del último trimestre de 2012, mientras que en España el retroceso se mantuvo invariable en lo que respecta a la financiación a las empresas no financieras y a los hogares para consumo, y fue algo mayor en los préstamos a las familias para compra de vivienda.

Si la oferta de crédito por parte de la banca comercial se reduce, lo lógico es que las entidades públicas tomen el relevo, pues para eso se han creado: para cubrir operaciones que las entidades privadas desdeñan o que, simplemente, no ven rentables. El problema del Instituto de Crédito Oficial (ICO) es que, al ser una mera agencia de intermediación, que aporta fondos a los bancos para que estos otorguen crédito, resulta un modelo poco operativo, arcaico y muy sujeto a las veleidades de las grandes corporaciones financieras.

En el primer trimestre de 2013, el ICO utilizó apenas un 7% de su presupuesto anual, que es de 22.000 millones de euros, lo que supone una reducción de más del 70% respecto al año anterior. La explicación que dan el Ministerio de Economía y los bancos es que la demanda de crédito ha descendido, pero la realidad es que el encarecimiento de los préstamos, la brusca elevación de las garantías requeridas al solicitante y el escaso interés de la banca comercial por estos productos están echando por tierra la propaganda de las bondades de los créditos ICO.

Lo que el balance del ICO esconde –porque no se publica– es que, en muchas provincias, la mayor parte de la financiación va a parar a grandes empresas como Telefónica o, incluso, el Banco Santander, lo cual choca contra cualquier lógica del mercado. El caso de León es paradigmático: allí, el 50% de la financiación del ICO en 2012 lo acapararon grandes empresas. La financiación pública debería destinarse a quien tiene dificultades de acceso al crédito, con garantías menos rígidas y un coste de financiación más bajo que en el mercado.

Por tanto, mientras este sucedáneo de banca pública perviva, solo las empresas más potentes y las que puedan ejercer de lobby ante la gran banca podrán disfrutar de una financiación que ya no tiene carácter social. Sin una verdadera banca pública –al estilo de la de Dakota del Norte en EEUU, que presta a proyectos empresariales pequeños y a particulares en situación de exclusión social y que presenta superávit y una ratio de endeudamiento más baja que la media–, no se forjará un verdadero sistema financiero equilibrado. Por supuesto, nada que ver con el modelo de cajas de ahorro del estilo Blesa, Rato, Pulido u Olivas.

[Artículo publicado en El Mono Político]