Sociedad
Hospitales ocupados en Inglaterra: retales de una resistencia a la privatización
En las décadas de los 70 y 80 profesionales se apoderan de hospitales como rechazo a los recortes y a los procesos privatizadores
Sur de Londres, año 1984. El gobierno de Margaret Thatcher está en pleno proceso privatizador. La excusa, una fuerte recesión económica. Primero son las empresas más alejadas del Estado del Bienestar, pero luego el ansia privatizadora comienza a tocar a la sanidad.
Son los años 80 y el gobierno de la conservadora Dama de Hierro aprueba el Compulsory Competitive Tendering, una norma que significaba que los gestores de los servicios públicos de salud debían sacar a concurso servicios secundarios como la lavandería, la limpieza, la restauración o la conserjería. Era el primer paso hacia la privatización que, años más tarde, consagraría el primer ministro John Major.
En medio de esa vorágine privatizadora, un grupo de médicos inicia al sur de la City un proyecto de autogestión que, si bien duró dos meses, continuó con la tradición inglesa de ocupación y toma de de empresas ante la reestructuración económica que en los años 70 imponía el Fondo Monetario Internacional.
Los orígenes
El hospital que inició estas propuestas de autogestiñon fue el Elizabeth Garret Anderson (EGA), nacido como centro de atención sanitario para mujeres y de formación de doctoras. Con varias décadas de historia, en 1974 el gobierno decide cerrarlo, lo que supone una gran contestación social.
Tras dos años de lucha y negociaciones con la administración se decide la ocupación del centro y su puesta en funcionamiento de forma autogestionada con la participación de comités de apoyo de otros centros, sindicatos y sociedad civil.
La secretaría del hospital fue la que asumió la gerencia y para ciertos servicios como el mantenimento o el servicio de ambulancias se contrató a personal externo. La ocupación convirtió al EGA en un centro de innovación e investigación sobre la salud de la mujer. Sus trabajadores exigían que la autoridad sanitaria hiciese mantenimiento ensencial de los edificions degradados y su continuidad. Incluso se llegó a desplegar una pancarta: “este hospital se encuentra bajo control de los trabajadores”.
En 1978 volvió la amenaza de cierre, pero la presión popular hizo que fuese “indultado” y se transformó en un hospital ginecológico. Actualmente el edificio está cerrado, pero sus servicios se trasladaron al hospital University College London, cerca de su anterior ubicación.
El ejemplo del EGA fue seguido por, al menos, otros diez hospitales, entre ellos, el de Hounslow o el de Mujeres del sur de Londres. Si al principio nacieron como protesta para el mantenimento de las instalaciones y el servicio, pronto mutaron a piezas de lanza contra los recortes sanitarios que iniciaron los laboristas y que alcanzó su apogeo con el gobierno de Margaret Thatcher en los ochenta.
Éxito o fracaso del modelo inglés
Hasta hace poco, los defensores de la externalización de servicios sanitarios y de la apuesta por el modelo de concesión administrativa (modelo Alzira) miraban hacia Inglaterra como ejemplo de buena gestión. Los últimos datos conocidos sobre el privatizado sistema de salud inglés lo ponen en evidencia.
Por ejemplo, un estudio encargado en 2008 por la Universidad de Manchester demostró que los hospitales construidos y gestionados le salen a la administración por el doble de dinero que uno público. El informe, dirigido por la profesora Jean Shaoul, analizó los 12 primeros hospitales de gestión privada nacidos en el Reino Unido, y en ellos se evidenció que se multiplicaron los costes financieros.
También dos informes de sendas universidades de Londres y Manchester, demostraron que la administración tiene que rescatar a los hospitales porque la empresa adjudicataria empieza a tener pérdidas si asume ella sola todo el gasto.
El mismo gobierno de la nación, en 2009, publicó un polémico informe donde se demostraba que había un aumento de la mortalidad en los hospitales. Especialmente escandaloso fue el caso del Stafford Hospital, de gestión privada, donde, según el informe, entre 400 y 1.200 personas perdieron la vida al primar los intereses económicos. Tras conocer esos datos, muchos entendieron las luchas de los años 70 y 80 en el ámbito sanitario…
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