La comunidad educativa exige la retirada de la ‘ley Wert’

Que nunca llegue a aprobarse la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE). Ese es el objetivo que se han planteado desde la Plataforma por la Escuela Pública y por el que han convocado para este jueves una jornada de paro educativo en todo el Estado.

El tiempo corre en su contra ya que esta previsto que este mismo viernes, la conocida como ley Wert de enseñanza, llegue hasta el Consejo de Ministros para su validación por parte del Gobierno.

Para evitarlo, padres y madres, estudiantes y profesorado han llamado a la huelga en la educación pública (y concertada) y le piden al ministro de Educación “que abra un proceso en el que seamos escuchados sobre las necesidades y mejoras que habría que aplicar a la escuela pública para poder superar los elementos con los que no estamos de acuerdo y que hay que mejorar”.

La jornada reivindicativa ya comenzó anoche cuando alumnos, padres y profesores de diferentes institutos y facultades se encerraron para debatir sobre el sistema educativo español.

Se espera que la respuesta de la comunidad educativa sea masiva ya que es la primera vez que, a nivel estatal, se convoca una movilización conjunta de todos los actores del sistema educativo. A lo largo de la tarde se sucederán las manifestaciones en las grandes ciudades aunque ya, desde buena mañana, se suceden los piquetes informativos y diferentes concentraciones en los entornos de las universidades y los centros educativos.

La ley Wert

Aunque las protestas se centran en los recortes a nivel general, el otro caballo de batalla es la retirada por parte del gobierno de la LOMCE. El ministro de Educación, José Ignacio Wert es hacia quien apuntan todas las críticas y hacia su reforma educativa que, a juicio de los convocantes, implanta un modelo de educación pública “de segunda categoría”.

Uno de los puntos más polémicos de la nueva Ley es que vuelven las reválidas. Unas en cada etapa educativa (primaria, secundaria y bachillerato); su aprobación será indispensable para conseguir el título.

Asimismo, se establece que cada centro tendrá una especialización, el director será elegido por la administración,y no por el consejo escolar, y éste podrá exigir perfiles para los profesores de su centro y vetar a algunos candidatos.

Otros puntos que rechazan desde la Plataforma por la Escuela Pública es que se recupere la materia alternativa a la de religión y se elimine Educación para la Ciudadanía. También ha recibido muchas críticas que el texto blinde las subvenciones a los colegios que imparten educación diferenciada por sexos o que se tenga en cuenta la “demanda social” a la hora de planificar la oferta de plazas lo que puede beneficiar a la escuela concertada o privada.

Finalmente, las autonomías con lengua propia también añaden a todas estas razones para la protesta que la ley Wert cuestione el papel de la lengua autonómica como lengua vehicular de las aulas y que se obligue al Estado a pagar un colegio privado en caso de que no se ofrezca la enseñanza en castellano en un centro público.

Por su parte, el ministro de Educación ha defendido su reforma como el cambio necesario “para dejar atrás las alarmantes cifras de abandono escolar temprano y los mediocres resultados en las comparaciones internacionales”.