El miedo también mata

VALENCIA/ Jesús Bazán lleva casi una década en España, adonde llegó procedente de Bolivia. Aquí tenía una esposa, Soledad Torrico, y una hija de 20 años. Su vida en común se truncó el 19 de febrero cuando Soledad falleció tras pasar por varios centros de salud y servicios de urgencias de hospitales de la ciudad de Valencia. Ella tenía derecho a la tarjeta sanitaria, pero no lo sabía. Con el miedo en el cuerpo, Soledad fue a dos centros de salud, uno de especialidades, dos veces a un hospital e incluso buscó un médico privado. El relato del marido muestra a dos personas angustiadas, sin rumbo y con total desconocimiento de sus derechos. El miedo a ser rechazados por el sistema sanitario tuvo mucho que ver.

El Real Decreto 16/2012 del 20 de abril del año pasado significó todo un cambio de modelo en el sistema nacional de salud. A partir de ese momento, los pacientes pasaron a ser “asegurados”, y se cambió un modelo asistencial por otro que depende exclusivamente de tener un trabajo. Así, los inmigrantes que no cotizan a la Seguridad Social quedan excluidos del sistema y dejan de tener derecho a la atención médica, excepto en caso de estar embarazada, ser menor de edad o tener alguna enfermedad que requiera una atención urgente. Y ello a pesar de que la Sanidad se financia también con los impuestos que gravan al consumo, por lo que todos, sin excepción, la pagamos.

Soledad Torrico no entendía de “reales decretos”. Había sido despedida de su trabajo, pero estaba inscrita como demandante de empleo y su marido trabajaba. Estaba cubierta, pero no lo sabía. Por eso, al acudir a su centro de salud por una tos acompañada de fiebre, no se sorprendió de que le dijesen que su tarjeta no funcionaba. Estaba estropeada, pero ella lo interpretó como un rechazo. Fue al hospital hasta dos veces, pero a la tercera le dijeron que le iban a cobrar si volvía. El motivo: que no era su hospital de zona, pero ella y su marido dedujeron que no tenían derecho a la atención. Soledad falleció a los pocos días. La autopsia determinará los motivos.

El caso de esta ciudadana boliviana se ha hecho público, pero es muy difícil acceder a testimonios de personas que han tenido problemas con la atención sanitaria. “El miedo mata”, explica Rafael Sotoca, de la ONG Médicos del Mundo, “hay miedo a ser expulsados, a que les facturen, a ser tratados de forma diferente; miedo a perder los pocos derechos que les quedan”. Ese miedo hace que muchas personas se queden en casa, el efecto disuasorio del Decreto 16/2012 es muy grande.

Leyes disuasorias

El miedo también hizo a Carmen (nombre ficticio) coger la tarjeta sanitaria de su compañera de piso y acudir al hospital. Nacida en Filipinas, se había quedado sin cobertura sanitaria y desconocía que por estar embarazada sí tenía derecho a la asistencia. Esta mujer dio a luz a su hijo en un hospital madrileño el pasado septiembre, justo después de entrar en vigor la norma. Cuando el niño nació, lo abrazó, y él le dedicó su primera sonrisa, pero los papeles decían que no era suyo.

A efectos legales, el niño es de su compañera de piso. El bebé aparece registrado con otro apellido y ella está inmersa en un complicado proceso judicial: la administración la acusa de usurpación de identidad y de utilización indebida de documento público, entre otros delitos. Puede ir a la cárcel. Además, deberá hacerse pruebas de ADN para demostrar que, efectivamente, el hijo es suyo. La defensa utilizará el argumento de “miedo insuperable”, algo que hace que se tomen decisiones equivocadas por el temor a tener que pagar, a no ser atendido o a tener problemas de salud.

En todo caso, cuando se habla de atención sanitaria, no se contempla la prescripción farmacéutica, ni las pruebas diagnósticas. Ese es otro tema. El paciente, ahora ya el “asegurado”, que no tenga tarjeta sanitaria recibirá un consentimiento de pago que deberá firmar tras la atención. Días después se supone que recibirá una factura. Si no paga… no se sabe qué pasará, pero el efecto disuasorio ya se ha conseguido.

Esta situación ha hecho que muchos inmigrantes rechacen acudir al centro de salud para evitar tener una deuda con la Administración. Hay pavor a que el impago sea usado como un nuevo obstáculo para regularizar su situación en España. De nuevo, el miedo asoma.

Las cifras de personas afectadas por la nueva normativa son muy variables. Entre 150.000 y 900.000 se han quedado fuera de la cobertura sanitaria universal, según las ONG. En Madrid, se calcula que cerca de 50.000 personas “han desaparecido de repente”, como asegura Juan Luis Ruiz-Giménez, de la campaña Yo Sí, sanidad universal. El médico explica que “están ocultas, vienen poco a los centros de salud, por temor y por rechazo”.

Ruiz-Giménez califica el Real Decreto de “nefasto, ilegítimo, alegal, y que produce un efecto maligno”. El facultativo alerta de que “las enfermedades se han agravado y su incidencia empieza a ser muy preocupante”.

Pero, ¿quién es el responsable de esta medida que rechazan usuarios, ONG, partidos políticos y responsables autonómicos de variados colores políticos? No hay respuesta. Sólo una pista, la decisión de otorgar las tarjetas sanitarias ha pasado de las consejerías de Salud al Instituto Nacional de la Seguridad Social; es decir, al Ministerio de Trabajo. Una demostración más del cambio de modelo que vincula derechos a cotización social.

Sin medicamentos

Otra consecuencia del RD 16/2012 es que la pérdida de la tarjeta sanitaria viene asociada a que los pacientes deben pagar el 100% de los medicamentos. Se acabó la financiación. Rafael Sotoca critica esta política de la receta en blanco que hace que se deba pagar el importe total del medicamento: “No se distingue entre un canadiense de fin de semana en nuestro país y un subsahariano que lleva diez años en España, y no se diferencia pudiéndose hacer, porque hay datos para saber si eres un canadiense forrado o un subsahariano pelado”.

Esta situación hace que los pacientes con VIH deban desembolsar cada mes una cantidad de dinero prohibitiva, algo que podría llevarles a dejar el tratamiento, aunque los mismos médicos reconocen que no sucede porque “se están encontrando los medicamentos en los hospitales, para evitar que se monte mucho lío o se genere una alarma social o un problema de salud pública”. La Administración, en este caso, mira hacia otro lado.

A un diabético, el tratamiento le supone alrededor de 100 euros mensuales. Si no se toma la insulina, en 3 o 4 días acabará en el hospital con una descompensación. Pensando de forma únicamente mercantilista, le supondrá al Estado un gasto mayor, ya que recuperar su estado normal será un procedimiento muy caro para el que hará falta un tratamiento intensivo y numerosos profesionales.

Para Carlos Fluixá, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, “la realidad es que es una cuestión política y no económica, porque del número de personas que estamos hablando y el gasto que supone es absurdo; al revés, nos cuesta más un tratamiento de urgencias que uno preventivo”. Y recuerda que la mayoría de afectados son “jóvenes que han venido a buscar trabajo, pero que se han quedado sin él y sin dinero por la situación económica del país”.

Otro de los puntos más conflictivos a la hora de aplicar la ordenanza gubernamental es el caso de las enfermedades de transmisión sexual (ETS). “La mayoría de mujeres que sufren explotación sexual”, recuerdan desde Médicos del Mundo, “están en situación irregular, ¿qué hacemos con ellas? Si aplicamos la norma, perdemos una oportunidad de controlar lo que puede llegar a ser un problema de salud pública que necesita políticas de prevención y atención que ahora se acaban”.

Entre los casos más preocupantes de desatención aparecen los trasplantados. En lo que atañe a los trasplantes renales, la medicación supone 300 euros al mes, pero si se deja de tomar, en sólo una semana el paciente ingresaría por insuficiencia renal. La medicación para trasplante tiene un objetivo fundamental que es el de evitar el rechazo. Dejar de tomar la medicación, equivale a que el órgano se deteriore en muy pocos días. Además, esta medicación es cara y se tienen que tomar varias pastillas todos los días. “Imagínate que por eso perdemos un riñón, ¿cómo se lo explicas a la familia del donante? ¿Cómo le explicas que ha sido porque el sistema no ha sido capaz de cuidar el órgano?”, se preguntan desde las asociaciones de pacientes.

Infecciosos, diabéticos, trasplantados, simples gripes que acaban en muerte. El impacto del Real Decreto, seis meses después de su aprobación, va en aumento. La rumorología y el temor hacen de caja de resonancia. El miedo que mata es la ley del nuevo sistema que priva de atención a los inmigrantes en situación administrativa irregular.

(Este artículo fue publicado en el número de abril de la revista La Marea. Puedes adquirirlo aquí).