Los hogares con placas solares se enfrentan a la ruina económica

MADRID// Hace unos años, 56.000 familias hipotecaron sus casas para apostar por un modelo energético sostenible. Instalaron en sus hogares  placas solares, en el 90% de los casos huertos fotovoltaicos y el resto placas en los tejados para producir energía que venden a la red eléctrica. Para fomentar el desarrollo de la tecnología, en 2004 el Estado prometió unas ayudas (primas). Por cada kilowatio/hora producido de energía por estas familias, el Estado aportaba un porcentaje. Y así, con la seguridad de que la inversión estaba respaldada por lo firmado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pequeños inversores se animaron. En 2008, tras la modificación legal que permitía instalar macro-plantas sin límite, desembarcaron bancos y constructoras. Hoy la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energía Renovables (Anpier) estima que los créditos medios que los hogares han asumido para una instalación estándar supera los 300.000 euros. Pero las reglas del juego han cambiado; más de 5 decretos y decenas de órdenes ministeriales han ido ahogando al sector fotovoltaico, que espera la estocada final en la próxima reforma energética (prevista para junio) en forma de nuevos recortes retroactivos en las primas retributivas.

Por otro lado, la forma de reflotar el sector herido de muerte por los constantes cambios regulatorios es a través de la promulgación de una ley que regule el autoconsumo o net metering, es decir, que cada consumidor instale en su casa un grupo de placas solares y descuente lo que produce de su factura de la luz. Quince meses lleva el sector esperando la ley de Balance Neto, que en muchos países, como Chile o Perú, ya se ha puesto en práctica exitosamente. Pero este mecanismo de independencia energética se ha topado con los intereses de los lobbies.

Autoconsumo es sinónimo de ahorro, de democratización de la energía y de liberación de las garras de los grandes grupos de energía, como Endesa o Iberdrola. Las eléctricas lo saben y por eso presionan al Gobierno, que últimamente tiende a legislar en su beneficio. “Los únicos que pierden con esta ley son las eléctricas, que dejan de tener poder absoluto sobre los consumidores”, explica Cote Romero, directora de Ecooo, una empresa sin ánimo de lucro que defiende la viabilidad de las renovables.

La reforma del mercado eléctrico, anunciada en junio de 2012, probablemente será aprobada en junio próximo. Miguel Ángel Martínez-Aroca, el presidente de Anpier, teme lo peor después de una conversación que tuvo con el secretario de Estado de la Energía, Alberto Nadal, en marzo. “Dile a quienes representas que pueden estar tranquilos: perderán las placas, pero buscaremos la solución para cancelar la deuda con los bancos”, le dijo el miembro del Gobierno, que fue vicesecretario general de Asuntos Económicos de la patronal CEOE y conferenciante del campus 2012 de la FAES, el think tank neoliberal del Partido Popular. La Marea intentó sin éxito corroborar la versión de Martínez-Aroca. Según el Ministerio de Economía, el sector fotovoltaico debe 15.000 millones de euros en créditos a la banca.

Preocupación sólo por el déficit tarifario

España era un país pionero en la apuesta por las energías renovables, pero en la futura reforma del sector eléctrico pesa cada vez más la presión de recortar el déficit público en detrimento de argumentos medioambientales. En este sentido, el famoso déficit de tarifa de las eléctricas es un quebradero de cabeza para el Gobierno. El Estado aduce que el coste de producción de la energía es mayor que las tarifas reguladas que las empresas pueden cobrar por ley al consumidor. El déficit resultante lo asume el Estado. Y esta diferencia crece sin parar y asciende ya a 24.000 millones de euros que lastran la deuda pública, algo que no se le ha escapado a la Comisión Europea que vigila las cuentas españolas.

El Gobierno de Mariano Rajoy evalúa seguir con la política de recortes de las primas a las energías renovables, que comenzó la anterior administración socialista con el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián. Una opción que se estudia es mantener de por vida la limitación de las horas de sol de producción de las placas, medida impuesta hasta 2014 para reducir dicho déficit. Pero este recorte ahora podría convertirse en permanente. Otra opción aún más radical sería volver a reducir la prima, lo cual obligaría a muchos propietarios de huertos solares a renunciar a sus instalaciones.

De forma paralela, ya se estudia la posibilidad de crear un “banco malo” al estilo del Sareb que ha absorbido los activos inmobiliarios problemáticos de los bancos. Entre las empresas privadas que participan en el accionariado del Sareb está Iberdrola, y Gas Natural se dispone ya a entrar.

“Una de las opciones que parece barajar el ministerio pasa por introducir algún mecanismo para que la prima que reciben las renovables sea variable: que se cobre no lo que le garantizaba la ley, sino una cantidad mayor o menor en función del consumo eléctrico”, dice Romero de Ecooo. Para el presidente de la Plataforma Legal Fotovoltaica, Carlos Mateu, “el argumento de que ahora se va a tarificar en función de lo que se aporte al mercado es vendible a la sociedad pero muy engañoso, porque los beneficios de las renovables no son sólo económicos”.

En definitiva, se trata de poner a competir a pequeños huertos fotovoltaicos con grandes empresas eléctricas de igual a igual. Con un matiz. “Para el Gobierno, quien tiene una placa en el tejado es un consumidor, no un productor, y por ello debe pagar un peaje”, explica Laia Ortiz, diputada de Izquierda Plural y portavoz en la Comisión de Energía. Con todo, y a pesar de que reconoce que “la reforma no pinta bien”, prefiere mantener una postura no alarmista: “No creo que se llegue a los desahucios, pero sí a destruir el tejido industrial fotovoltaico pues le está haciendo sombra a las eléctricas”.

En última instancia, como reconoce el presidente de la sección fotovoltaica de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), Javier García Breva, forzar a los pequeños propietarios a abandonar las placas “es una posible vía” para que la gran industria energética se apropie de unas instalaciones que le “están haciendo la competencia y, además, son el futuro, pues el sol, el mar y el viento son recursos que no son limitados, a diferencia de los fósiles”.

De momento, la incertidumbre es máxima. Toda la información que se tiene acerca de la reforma es a través de filtraciones. Los pequeños productores están a la espera de leer en el BOE si las placas se las va a quedar un Sareb creado ad hoc o si simplemente van a seguir agonizando. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ya anunció que la fotovoltaica no cabe en el banco malo creado para el ladrillo. La diputada Ortiz, sin embargo, cree que la ley del autoconsumo finalmente verá la luz, aunque con muchas pegas. Teme que el Gobierno impondrá altos peajes a los propietarios de huertos solares, de forma no sea rentable para estos inversores particulares. “Le compensará sólo a quien tenga una casa unifamiliar en las afueras y lo quiera hacer por filosofía”, asegura la diputada. Nada de usuarios colectivos y ni oír hablar de comunidades organizadas con una misma instalación.

Y es que, como apunta Ortiz, la fotovoltaica ha madurado mucho como tecnología en poco tiempo, “le queda muy poco para ser competitiva, incluso sin primas”. De hecho, actualmente se paga dos euros por watio instalado en el tejado y se amortiza en aproximadamente siete años, dependiendo de la zona climática del país.

España es el único país de la Unión Europea que no tiene una política de eficiencia energética y ahorro. Con unos recursos naturales privilegiados –sol, viento y agua–, en enero de 2012 se aprobó una moratoria que cerró la puerta a nuevos proyectos fotovoltaicos. La postura del ministro de Industria, José Manuel Soria, quedó patente en enero, cuando abandonó su puesto en la Agencia Internacional de las Energías Renovables y luego votó en contra de la Directiva Europea de Eficiencia Energética (2012/27/UE) en octubre. Así pues, España nada a contracorriente en materia energética en un momento en el que todos los países se rinden a la evidencia de que el planeta se acerca al colapso medioambiental.

Y es que España importa el 80% de la energía que consume con los riesgos que ello genera. De hecho la Agencia Internacional de Energía pronostica que en los próximos años, la entrada en los mercados energéticos de los gigantes asiáticos (China e India) absorberá el 90% de la producción mundial. De ahí que EEUU haya reducido su dependencia energética hasta un 30% en los últimos 30 años. “España es el único país que se gasta el 5% del PIB en las importaciones de gas y petróleo ¡Entre 45.000 y 50.000 millones de euros anuales!”, se escandaliza García Breva de APPA.

Subvenciones encubiertas a la industra pesada

Mientras argumenta que no hay dinero para potenciar las renovables, el Gobierno subvenciona de una forma encubierta a determinadas empresas industriales. Una de las medidas más escandalosas es el llamado “coste de interrumpibilidad”, que sale de los bolsillos de los consumidores y va directamente a tres empresas de industria pesada del norte: Alcoa, Arcelor y Asturiana de Zinc. Según explica  Ortiz, el ministro Soria prometió en la campaña electoral en Galicia en octubre pasado una subida de esta subvención, que ya supera los 500 millones de euros. El 27 de diciembre, una orden ministerial incrementaba en 242 millones esta partida, influyendo  en el déficit público. En teoría, esta subvención se otorga para evitar dejar sin sumistro a los usuarios en caso de que se dé un pico de consumo, pues se desconectaría a estas grandes empresas. “Hace años que no sucede porque ahora mismo nuestro sistema eléctrico tiene capacidad productiva de sobra”, aduce Romero.

Desde que empezó la liberalización del mercado de la energía, el Estado y los españoles han ido asumiendo, para beneficio de las grandes eléctricas, “lo que podríamos considerar deudas ilegítimas, un buen pedazo del famoso déficit de tarifa”, en palabras de Romero. Si todo ese dinero se hubiese puesto en un cerdito, a día de hoy tendríamos una energía nacionalizada eficiente, solidaria y justa. “No se puede esperar que un mercado como el de la energía se autoregule. El objetivo de un país debe ser la eficiencia, la protección del medio ambiente y el ahorro; el objetivo de la gran empresa es el mayor consumo a todo coste. Son intereses opuestos”, asegura Ortiz. Pero aunque parezca que todo está perdido, no es así. La reciente Plataforma por un nuevo modelo energético, que coordina Romero, ha sumado muchos apoyos en poco tiempo y están luchando contra el oligopolio energético. “Los ciudadanos debemos llegar a ser un consumidor soberano y no cautivo de los grandes poderes”, concluye.