El aborto, Gallardón y otras cosas de la jerarquía

Que el Vaticano tenga estatus de Estado y que la jerarquía católica española haga política sin pasar por las urnas es un insulto a la inteligencia democrática. Que la iglesia católica se lleve cada año 11.337,1 millones de euros (según los datos de Europa Laica) es una estafa y que la cantidad no haya descendido, cuando los recortes han llegado a las becas de los comedores infantiles y a las medicinas de los ancianos, demuestra la hipocresía de la jerarquía católica. Que el ministro de Justicia se pliegue a las exigencias del cardenal Rouco Varela es otra muestra de la decadencia de las instituciones del Estado y la velocidad de crucero hacia el desastre que lleva nuestra democracia. Que Gallardón diga que el peligro sobre la salud física y psíquica de la madre no debe ser entendido como un «pretexto» para abortar, es una agresión más de un Gobierno que se ha vuelto verbalmente pirómano. Las declaraciones de Gallardón respecto al aborto demuestran una tremenda ignorancia o hipocresía por parte del ministro de Justicia porque ¿debemos creer que el ministro desconoce las historia, los datos y la regulación internacional respecto al aborto?

Suecia reguló el aborto, al igual que Francia, en 1974; Italia aprobó su regulación en 1978, Holanda en 1984, Bélgica en 1990, Alemania en 1992 y Dinamarca en 1995, por citar algunos ejemplos. España acometió una primera despenalización parcial del aborto en 1983. Cuando se iniciaron los trabajos para la nueva ley, la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (la que ahora quiere derogar Gallardón), ya habían transcurrido más de 25 años de aquello.

La Ley de 2010 tenía como objetivos fundamentales que ninguna mujer fuera a la cárcel por abortar y que tampoco tuviera que alegar poco menos que estar loca para poder hacerlo, pero, sobre todo, pretendía eliminar la inseguridad jurídica de la ley anterior que era tan frágil que tras un aborto se creaba el temor permanente de que cualquier historial clínico terminara en un juzgado o que cualquier día, la policía apareciese a la puerta de casa. Las mayores polémicas durante su tramitación se centraron en la capacidad que otorgaba la ley para que las jóvenes de 16 y 17 años decidieran libremente sobre su maternidad. En realidad, solo se trataba de eliminar la excepción establecida en la Ley de autonomía del paciente (aprobada por el PP), de manera que el aborto se equipara al resto de prestaciones sanitarias para las que la mayoría de edad para consentir, por ejemplo, una operación a corazón abierto, está establecida en 16 años.

Hipocresía o desconocimiento, ambos imperdonables en un ministro sobre todo, cuando la realidad es tozuda: las mujeres abortan, con leyes o sin leyes, jugándose la cárcel y jugándose la salud e incluso su vida, en ocasiones. De hecho, 100.000 mujeres habían interrumpido su embarazo en España el año anterior a la aprobación de la ley de 2010 y durante los ocho años de gobierno del PP con la ley anterior, se practicaron en España 500.000 abortos. Como mínimo, un ministro de Justicia debería asegurar que esos miles de mujeres no se jueguen la salud ni vayan a la cárcel.

¿Hipocresía o desconocimiento ante la normativa internacional? Ya en 1978 en la Conferencia de Alma Ata se incluye la planificación familiar como un objetivo de la salud materna e infantil. En 1994, en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de Naciones Unidas (El Cairo), se abandona el término de salud materna e infantil para acuñar el de salud sexual y reproductiva y se hacen las recomendaciones pertinentes a los estados para asegurar el libre ejercicio de la sexualidad sin riesgos, la libre elección del número de  hijos e hijas y la protección de la maternidad. El Plan de Acción de El Cairo fue adoptado formalmente por la Unión Europea y todos sus estados miembros en 1996 y por si no hubiese quedado claro, en 2008, la Resolución 1607 del Consejo de Europa reconoce el aborto como un derecho, remarcando que la libertad de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo debe ser respetada y que los gobiernos de los estados miembro deben garantizar que la interrupción del embarazo sea una práctica accesible y segura.

Yo me inclino por la hipocresía teniendo en cuenta que Gallardón esta semana no tuvo ningún pudor en anunciar que la salud de la madre no puede ser un «pretexto» para practicar un aborto y tampoco en hacer referencia a las recomendaciones de Naciones Unidas para eliminar el aborto eugenésico (por razón de discapacidad).

Y por si acaso estoy equivocada y es desconocimiento, no está de más recordarle al ministro que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado respecto al aborto y, por ejemplo, en respuesta a la propuesta de inconstitucionalidad que presentó Alianza Popular en 1985, entre otras cosas, el Tribunal dictó: «En cuanto a la indicación de ‘grave peligro’ para la vida de la embarazada, si la vida del ‘nasciturus’ se protegiera incondicionalmente se protegería más a la vida del no nacido que a la vida del nacido, y se penalizaría a la mujer por defender su derecho a la vida; por consiguiente, resulta constitucional la prevalencia de la vida de la madre«.

Constitucional, de sentido común, de sentido de la justicia, de dignidad… salvo para algunos jerarcas y sus amigos que aún consideran que la vida de las mujeres es poca cosa frente a su fe y sus intereses.

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