Los comedores sociales públicos de Madrid segregan a los inmigrantes

MADRID// «Aquí no comen españoles». Así de tajante responde un trabajador del comedor de la calle Canarias de Madrid a un español que pregunta si puede pasar y sentarse a comer. En la puerta, un cartel reza «Comedor de Refugiados e Inmigrantes». Es uno de los cuatro comedores sociales de gestión directa de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), pero éste, a diferencia de los otros tres, lo coordina Cruz Roja y es sólo para inmigrantes.

En la comunidad dirigida por Ignacio González hay dos tipos de comedores y es la propia Consejería de Asuntos Sociales quien separa a españoles de inmigrantes, independientemente de su situación administrativa. El comedor en que finalmente se sentará la persona depende tan sólo de su condición de ser español. De hecho, y según explica la consejería de Asuntos Sociales, cuando un ciudadano nacido en España acude en busca de asistencia, es atendido allí y dirigido a la Dirección de Mayores. Cuando lo hace un inmigrante, es derivado a la Cruz Roja e inicia el camino al comedor de la calle Canarias.

Españoles a un lado, inmigrantes a otro. Pero la Comunidad de Madrid insiste en que los ciudadanos «no se separan». «Simplemente, un comedor está dirigido a inmigrantes y los otros tres no», explican fuentes de la consejería. El resto depende de la Dirección del Mayor. La web de la CAM indica los requisitos de acceso para los dos tipos de comedores.

«No hay un requisito específico»

En el caso del los «comedores para inmigrantes, extranjeros, asilados, refugiados y desplazados», la documentación a presentar es la solicitud que recoge Cruz Roja y «alguno de los siguientes documentos: pasaporte, cédula de inscripción consular, tarjeta de Número de Identificación de Extranjero (N.I.E.), denuncia presentada en Comisaría -en caso de robo-, u orden de salida o expulsión, en caso de inmigrantes procedentes de Ceuta, Melilla o Fuerteventura».

¿Qué sucede con los inmigrantes en situación administrativa irregular?. «Nadie se queda sin comer», aseguran fuentes cercanas a la ONG: «Las personas no son fichas para nosotros, así no trabaja la Cruz Roja». Esta empleada de la ONG explica que los inmigrantes sin papeles no tienen «ningún problema» en acceder al servicio «porque siempre tienen algún tipo de identificación, aunque sea de su país». «Además, no hay un requisito específico», añade contradiciendo la información publicada en la página de la administración pública. Pero la realidad es que la documentación demandada disuade a muchos inmigrantes que, o bien por considerar demasiado largo el proceso o bien por creer que no cumplen el perfil, desisten de solicitar la ayuda.

Asuntos Sociales niega que se esté segregando a la población. La versión oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid es que, además del comedor de inmigrantes, «el resto de comedores que gestiona la CAM también recibe a personas de origen inmigrante, además de otros centros que, gestionados por entidades y asociaciones, reciben ayudas económicas para atender a personas en situación de vulnerabilidad».

«No, no, aquí no vienen españoles»

La teoría de la no segregación dista mucho de la realidad del centro del número 5 de la calle Canarias. El pasado miércoles, una hilera de unos 15 inmigrantes esperaba a que las agujas del reloj llegasen a las 12.30 horas de la mañana para que las puertas del centro se abriesen. Ninguno era español. «No, no, aquí no vienen españoles», aseguraba un hombre rumano. A lo largo de la mañana, un lento goteo de personas se acercó al comedor social. No llegaron al centenar, lejos de la cifra que da la consejería: 634 servicios diarios, según los datos de marzo. De ser verdad, además, esta cifra incumpliría la cuarta cláusula del convenio entre la consejería y Cruz Roja, que establece que el comedor «prestará un máximo de 500 servicios diarios».

El acceso al comedor no es inmediato. En el caso de Candela, por ejemplo, pasaron dos meses entre su primera cita con la asistenta social y la primera visita al comedor de la calle Canarias. Esta ecuatoriana acude diariamente en busca de la comida para toda su familia en compañía de su hijo, de diez años, que tira del carro en el que han guardado los dos platos de alubias, dos raciones de pescado rebozado, fruta y el pack para la cena. Está a la espera de la nacionalidad, pero cumple uno de los requisitos: ha presentado el pasaporte y eso le dará comida durante un mes renovable.

Ante la puerta de otro de los comedores, el de plaza Elíptica, tres españoles esperaban a que se iniciara el reparto el pasado jueves, que generalmente se da sobre las 13:30 horas. Los tres, que prefieren mantener el anonimato, afirman que nunca han coincidido con un solo inmigrante en ese comedor. «Para eso ya está el de inmigrantes», comenta uno de ellos, de unos 30 años. Ellos tres llevan más de un año acudiendo diariamente a este local, que tiene capacidad para casi 200 personas, explican.

Según la consejería, los comedores de Santa Isabel, plaza Elíptica, San José y calle Canarias ofrecieron en 2012 «un millón de servicios, entre desayunos, comida, meriendas, cenas y kits de alimentos para fin de semana». Ello supuso un coste de 2.470.300 euros para el gobierno autonómico.

El hambre no entiende de burocracia

Las puertas se abren y los inmigrantes, despacio, van entrando a una planta baja oscura y silenciosa y pasando por un control. Quienes no se quieren sentar a comer en las mesas de madera que allí hay dispuestas, esperan con el carro de la compra en una mano. En la otra, todos llevan una cartilla amarilla de cartón expedida por Cruz Roja con su foto, nacionalidad, datos personales y el número de servicios que les pertenecen. Van pasando y les van tomando nota día a día.

Pero Amalia no tiene esa tarjeta. Ella es española y no va a la calle Canarias. Acude al comedor social de la Plaza Elíptica desde hace ocho años, «cuando abrieron». Tiene 88 años y cobra 282 euros mensuales de pensión. Afirma que no recuerda haber comido nunca al lado de un inmigrante. «Pero es que aquí la gente no cabe, desde que empezó la crisis se ha multiplicado el número de comensales: ahora ya casi no nos podemos sentar, la gente se lleva la comida a casa en bolsas». Y añade que se come muy bien, mientras carga el menú del jueves: una lata de lentejas, un filete de ternera, un yogurt y el sandwich y una pieza de fruta para la cena.

Al igual que en el comedor de la calle Canarias, este tipo de asistencia social incluye el desayuno (que se suele dar sobre las 10:00 horas), la comida, la merienda y la cena. Los viernes se da un extra para el fin de semana, porque el sábado y el domingo no abren los comedores. «Hasta leche dan», dice Amalia.

Claudio tardó tres meses en obtener la tarjeta amarilla que le da derecho durante dos meses a comer en el centro social de refugiados. Acudió a la Comunidad de Madrid, quien lo derivó a Cruz Roja, donde estudiaron su caso. Pero este plazo de trámites es similar al de los españoles. «Dos meses y medio esperando a tener los papeles en regla, no se dan cuenta de que el hambre no puede esperar tanto tiempo», explica Rosa. Esta navarra asegura que «cuando consigues una plaza en un comedor social es para un año renovable».

Un convenio desde 1999

La presencia de Cruz Roja en el comedor de inmigrantes es fruto de un convenio que fue suscrito en 1999 por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y la entidad Cruz Roja Española-Madrid. En él se presentan las condiciones que determinan el funcionamiento del comedor de la calle Canarias.

Se explicita, en el séptimo apartado, que la duración del servicio para cada servicio, «salvo que Cruz Roja estime una inferior, será de un mes, prorrogable mensualmente hasta un máximo de 12». Además, se detalla el perfil de los beneficiarios, el contenido del comedor y el procedimiento para acceder al centro, entre otras condiciones.

A pesar de que han pasado 14 años y en este tiempo ha cambiado mucho la situación, especialmente para los inmigrantes, el convenio se mantiene intacto. Desde la propia Cruz Roja reconocen que «ya no se da la avalancha de llegadas que tuvo lugar cuando se firmó el convenio, ya no es el mismo escenario, pero sí las mismas reglas del juego».