El CGPJ gasta 271.584 euros al año en licencias de buscadores privados de sentencias y leyes

CIVIO // El Consejo General del Poder Judicial ha publicado la licitación de un acuerdo marco para el acceso de sus miembros y de jueces y magistrados a bases jurídicas de legislación y jurisprudencia. El gasto presupuestado es de 543.168 euros para 2013 y 2014 (271.584 euros por anualidad). Una vez seleccionadas las empresas proveedoras de este servicio, cada miembro de la carrera judicial elegirá entre ellas el buscador que prefiera y el CGPJ le otorgará una licencia de uso.

Los usuarios accederán a estas bases de datos privadas a través de la web del CGPJ, la misma que aloja el buscador público de jurisprudencia del propio Poder Judicial, el CENDOJ. ¿Por qué, entonces, necesitan contratar bases de datos externas?

La respuesta que recogen las cláusulas administrativas del contrato es que, pese a que el CENDOJ ha “progresado significativamente” y acumula “mayores niveles de consulta”, una tercera parte de los jueces y magistrados no ha realizado la “transición” al buscador público y se siente más cómodo utilizando los mismos buscadores de pago con los que lleva trabajando durante toda su carrera. Así, el objetivo del contrato, según apunta el documento, es “que la transición sea pacífica y culmine con éxito”.

El precio máximo por licencia de acceso -para los miembros de la carrera judicial y las sedes del CGPJ-, es de 126 euros. Los requisitos que deben cumplir las empresas que se postulen a esta licitación pasan por incluir ciertos niveles de información, toda ella en manos de las administraciones públicas de Justicia. Tal y como marcan los pliegos técnicos, incluirán:

• LEGISLACIÓN: normas estatales desde 1978 publicadas en el BOE y una selección de las normas anteriores vigentes; normas autonómicas publicadas desde ese mismo año en los boletines autonómicos; resoluciones de la Dirección General de Registros y del Notariado; normas europeas vigentes de aplicación en España; tratados internacionales ratificados en España y publicados en el BOE; y convenios colectivos publicados en los distintos boletines oficiales.

• JURISPRUDENCIA: al menos el 95% de las sentencias del Tribunal Supremo desde 1992 y una amplia selección de autos desde 1996; todas las sentencias del Tribunal Constitucional; una selección de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de los tribunales de justicia de la UE; el 25% de las resoluciones dictadas desde 1997 en la Audiencia Nacional, tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales.

Toda esta información es, o debería ser, pública en las distintas bases de datos oficiales -BOE, otros boletines, el propio CENDOJ-. De hecho, un acuerdo del propio CGPJ de 2010 establecía precios de 1,50 euros por sentencia -con importantes descuentos por volumen- para empresas como este tipo de buscadores de pago. Los mismos a los que el Estado contrata para estos servicios.

Más allá de culpar a la actitud de los miembros de la carrera judicial ante el cambio de un buscador a otro, es importante destacar que la base de datos del CENDOJ no es, por el momento, ni mucho menos completa, como bien saben abogados y otros profesionales del derecho que se ven obligados a pagar por el uso de portales privados para el desarrollo de su trabajo.

[Eva Belmonte es autora del blog El BOE nuestro de cada día]