El Tribunal de Cuentas destapa numerosas irregularidades en la gestión de la ciencia española

Daniel Mediavilla // El Tribunal de Cuentas (TdC), el órgano encargado de velar por el buen uso del dinero de todos, no ha podido evaluar la eficacia en la gestión del programa que paga gran parte de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico en España. Y ha sido incapaz de hacerlo por “las insuperables deficiencias en la definición de objetivos e indicadores, y la inexistencia de un sistema de seguimiento e información adecuado y fiable a tales efectos”. En definitiva, no es posible saber hasta qué punto se está empleando de manera adecuada el dinero que se dedica a la ciencia.

Este es uno de los resultados del último informe del TdC sobre el programa presupuestario 463B, que se encarga, entre otras cosas, de financiar proyectos de I+D, promover infraestructuras que faciliten el desarrollo de esos proyectos y llevar los resultados de las investigaciones a la sociedad. En este documento se menciona, por ejemplo, que los encargados de gestionar este programa no aportaron información sobre la devolución de casi 38 millones de euros concedidos por el Estado a interés cero para financiar infraestructuras científicas. Por este motivo, ha sido imposible saber si quienes recibieron el dinero lo están devolviendo.

Otro punto en el que se han detectado anomalías son las becas para jóvenes investigadores FPI (Formación de Personal Investigador). Este programa cuenta con unas ayudas para asistir a congresos y reuniones científicas. En dos años analizados se concedieron becas por 78.750 y 137.500 euros respectivamente. Según la información que proporcionó la Dirección General de Investigación (DGI) al tribunal, “se aprecia la casi total falta de justificación de las ayudas concedidas por este concepto (más del 95% de las mismas)” sin que la DGI haya realizado actuación alguna al respecto. El problema de la falta de justificación de las subvenciones recibidas, del que estas becas son un ejemplo, aparece a lo largo de todo el informe.

En el documento también se apunta la existencia de personal cedido irregularmente por el CSIC para trabajar en la DGI o a la Secretaría de Estado de Universidades, funcionarios que recibieron pagos en exceso o investigadores que acumulan ayudas incompatibles. El objetivo de destapar todas estas irregularidades es corregirlas, pero también evitar que se produzcan en el futuro. Esta intención topa con la propia anomalía de los informes del Tribunal de Cuentas. El estudio reflejado en este informe se refiere al año 2005, tres años antes de que el estallido del sistema financiero estadounidense dejase en evidencia las terribles carencias de la economía española. En aquel tiempo el presidente José Luis Rodríguez Zapatero prometía elevar hasta el 2% del PIB el gasto en I+D y aún podía sustentar con el presupuesto sus buenas intenciones.

Ese desfase hace que con frecuencia la reprensión del TdC a los gestores de la ciencia resulte, leída en 2013, disparatada. Una de las irregularidades mencionadas es el adelanto en un único pago de la cuota de 2005 por la pertenencia al Laboratorio Europeo de Biología Molecular con la intención de evitar la producción de intereses arrastrados de años anteriores. El tribunal recuerda que ese pago se debía realizar en tres plazos y no justifica aquel alarde de liquidez de los gestores de la ciencia. Hoy, cuando se lee esta advertencia, España debe al CERN, el mayor laboratorio de física de partículas del mundo, 55 millones de euros y aún no ha pagado el 75% de su cuota de 2012.

También resulta peculiar que se señale como un problema que “del examen de las cuentas anuales de los años 2004 a 2006? se aprecie “un exceso notable de financiación, materializada por subvenciones públicas, respecto de las inversiones efectuadas por Grantecan [el Gran Telescopio Canarias]” y se destaque que cuente con más de 11,6 millones de euros acumulados en Tesorería. El año pasado, sin embargo, su director afirmaba que, después de mucho tiempo empleando esos fondos propios, era posible que con lo que quedaba no se pudiese llegar a final de año. Un caso similar que aparece en el informe del TdC es el del consorcio CELLS para la construcción del sincrotrón Alba. Sobre él también se aprecia un “exceso notable de financiación” y se advierte, entre otras cosas, que obtuvo entre 2003 y 2005 “una financiación pública de 64 .797,9 miles de euros, de los que invirtió apenas el 34%, manteniendo el exceso en inversiones financieras temporales y tesorería”. Pese a aquellos años de bonanza, hoy solo están construídos 7 de los 32 laboratorios que puede albergar la que, con más de 200 millones de euros de coste, es la infraestructura más cara de España.

Desde un punto de vista general, el TdC señala muchas deficiencias que aún sufre la gestión de la ciencia española. Los sistemas de control interno establecidos en los centros que gestionan este dinero no resultan adecuados para controlar las ayudas tramitadas. Según indica el tribunal, los registros presentan deficiencias y errores que impiden conocer, entre otras cuestiones, si el beneficiario ha justificado o no la subvención percibida. Además, no se cruzan normalmente las bases de datos para controlar posibles incompatibilidades y lo que parece aún más grave, salvo en el caso de las ayudas cofinanciadas por la Unión Europea, no se realizan controles sistemáticos sobre la realidad de los proyectos subvencionados.

Acelerar las convocatorias de ayudas

También se señala que en prácticamente todas las ayudas se excede el plazo de 6 meses establecido como máximo para resolver y notificar la concesión de las subvenciones. Este problema, casi ocho años después, sigue presente. Este año, una vez más, las becas para jóvenes investigadores han sufrido importantes retrasos. Muestra de lo inveterado de este defecto en la ciencia española es que antes de conocer la recomendación de agilizar la tramitación de las subvenciones que hace el TdC, el Gobierno ya aseguraba que en el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016 tratará de corregir los frecuentes retrasos en las convocatorias de los distintos programas de financiación de la ciencia. No será extraño, sin embargo, que algunos muestren su escepticismo ante esta intención porque, si no se hizo en la etapa dorada de la economía española, los gestores de la I+D ahora lo tendrán mucho más difícil con las trabas cada vez más habituales del Ministerio de Hacienda.

Además de acelerar los trámites de las subvenciones y mejorar el control de lo que se hace con el dinero público dedicado a financiar la ciencia, el TdC recomienda que se ajusten los pagos de las subvenciones al avance real de los proyectos y a sus verdaderas necesidades de financiación. Este consejo se ofrece para evitar “los varios casos observados en los que el exceso de financiación pública ha generado importantes saldos de Tesorería”, un problema que no parece muy acuciante en la ciencia española de 2013. Por último, se pide la definición de objetivos e indicadores adecuados para el fomento público de la ciencia y la puesta en marcha de un sistema de seguimiento para obtener información fiable sobre el cumplimiento de los objetivos fijados.

En este sentido, el Gobierno, en su Plan Estatal, ya ha contemplado la puesta en marcha del Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnología e Innovación (SICTI)previsto en la Ley de la Ciencia de 2011. Este instrumento permitirá la recogida de datos sobre I+D y su posterior análisis para crear un sistema unificado y homogéneo que permita la generación de información fiable y accesible para que los gestores tengan datos con los que tomar sus decisiones. Este sistema debería estar listo para 2014. Si los plazos habituales hasta ahora se mantienen, el TdC tendría listo su análisis sobre el efecto de estas reformas en el sistema de I+D hacia 2022.

[Artículo publicado en Materia]