Entidades de la sociedad civil catalana se querellan contra Bárcenas

BARCELONA// El Observatorio para el cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los Derechos Económicos y Sociales de Cataluña (DESC) ha presentado esta mañana una querella criminal contra el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, en la que le acusa de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad de contabilidad de partido político y delito contra la hacienda pública. La querella se basa en los denominados “papeles de Bárcenas”, en los que supuestamente se reflejan donaciones irregulares al partido y pagos en negro a altos dirigentes del PP.

En estas anotaciones manuscritas, señala la querella, “figuraban entradas de dinero negro por parte de particulares que excedían el límite fijado legalmente”, y se pueden identificar a empresas y empresarios que, presuntamente, por aquellas fechas “tenían estrecha relación con la Administración Pública, por medio de contrataciones públicas”. El presidente del Observatorio, el geógrafo y urbanista Jordi Borja, ha destacado que los hechos que relata la querella “atacan a los derechos de los ciudadanos, degradan la democracia y transfieren el coste de los sobornos a la ciudadanía”.

Con la presentación de la denuncia, los querellantes pretenden que el caso pase a ser investigado por un juez de instrucción. El único órgano que actualmente ha emprendido tímidas acciones sobre las anotaciones es la fiscalía. El letrado Jaume Asens, uno de los que ha redactado la querella, ha recordado esta mañana que “no podemos olvidar que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, fue nombrado por Mariano Rajoy, que también estaría implicado”.

Los querellantes, a los que se han adherido CCOO-Cataluña, UGT-Cataluña, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, y la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, consideran que la fiscalía “tiene reticencias a la investigación”, y por ese motivo “no se han llevado a cabo las diligencias necesarias”.

“Es urgente que se judicialice. El riesgo de destrucción de pruebas es brutal”, ha manifestado Gonzalo Boye, otro de los abogados que han redactado el texto. “El objetivo es sacarle de las manos el caso a la fiscalía y dárselo a un juez de instrucción. Personándonos queremos que la ciudadanía esté presente y ejerza la función de control para garantizar la transparencia en el proceso”, ha subrayado Asens.

La acción legal identifica las donaciones realizadas al Partido Popular entre los años 1990 y 2008, muchas de las cuales, “no han quedado ingresadas en ninguna entidad bancaria, tal cual se exige por ley, puesto que dicha cantidad ha quedado sustancialmente mermada gracias a las salidas de dinero efectuadas a favor de distintas personas”, entre las que se encuentran, entre otros, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja, Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas o el propio Mariano Rajoy.

El documento también señala a los empresarios que supuestamente habrían realizado donaciones al PP, como Juan Miguel Villar Mir, presidente del grupo OHL; Luis de Rivero, expresidente de Sacyr Vallehermoso; Alfonso García Pozuelo, entonces consejero delegado de Constructora Hispánica S.A o Pablo Crespo (imputado en la trama Gürtel); y a empresas como Mercadona, Copisa o Sedesa. A pesar de que la querella se dirige contra Bárcenas, los demandantes esperan que se incluya en el proceso “a quien resulte responsable a lo largo de la investigación”.

La “corroboración periférica” otorga veracidad a los papeles

“Una vez más, los poderes del Estado no han funcionado en este caso, que surgió de una investigación periodística”, ha resaltado Boye. El letrado ha argumentado que el hecho de que algunas de las personas que aparecen en los papeles hayan reconocido haber realizado dichas donaciones o haber recibido las cantidades de dinero que figuran, lo que se denomina “corroboración periférica”, da veracidad al documento.

La querella no incluye aquellos posibles delitos que por su naturaleza hayan prescrito, y reclama varias diligencias de prueba entre las que figura llamar a declarar a las personas implicadas. “Personas y responsables legales de las empresas aportantes tendrán que declarar como testigos, también los recibientes y el Tribunal de Cuentas”, ha detallado Boye. Los querellantes consideran que los hechos recogidos en su denuncia no guardan relación con la investigación de la trama Gürtel que lleva a cabo la Audiencia Nacional, y por la que Bárcenas ya se encuentra imputado por los delitos de cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales, por lo que consideran que el juez no debería desestimar su escrito.

Asimismo, aseguran que tampoco es incompatible con la denuncia contra el extesorero presentada por la secretaria general del PP, Maria Dolores de Cospedal. Este caso, que Boye ha calificado como una “cortina de humo”, es una demanda por vía civil en la que Cospedal denuncia que Bárcenas atentó contra su honor al incluirla en los papeles, otra prueba más de su posible veracidad, ha defendido el letrado.

Durante la presentación en rueda de prensa de la querella, el exfiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, ha lamentado que “la ciudadanía española es demasiado pasiva ante los abusos de poder, que se practican con una considerable impunidad”. “Esta querella era estrictamente necesaria, lo que era sorprendente es que no hubiera ninguna iniciativa activa de la fiscalía ante los tribunales”, ha mantenido Villarejo.

El exfiscal ha denunciado una “voluntad política común” entre el PP y el PSOE para poner trabas a la transparencia y al control de los representantes públicos. “Es inadmisible el sistema de penas absolutamente bajas, y que no se hayan atendido las recomendaciones de la OCDE de ampliar la prescripción de los delitos”. Y ha lanzado una advertencia: “La corrupción es una auténtica carcoma, y la carcoma, como bien se sabe, lo destruye todo”.