Las renovables denunciarán al Gobierno por “acoso y derribo”

MADRID // La aprobación de la quinta reforma eléctrica en un año ha puesto en pie de guerra al sector de las renovables. El pasado viernes, el Ministro de Industria, José Manuel Soria, anunció la aprobación en Consejo de Ministros de un nuevo Decreto Ley que, tan solo un mes después de la entrada en vigor de los nuevos impuestos que gravan la energía, complica más aún la supervivencia de las llamadas energías limpias. En esta ocasión los cambios afectan a las políticas de retribución, pues «empeora, retroactivamente, las condiciones iniciales de inversión de las instalaciones». Las renovables han anunciado este jueves que tomarán medidas legales contra el Ejecutivo.

“Somos cientos de miles de familias que en 2008 invertimos todos nuestros ahorros en plantas fotovoltaicas. Somos agricultores, estudiantes y amas de casa arruinados”. Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (ANPIER),  transmitía así esta mañana el sentir de un sector que se siente desprotegido, atacado y ninguneado por el Gobierno de Mariano Rajoy, el cual, denuncian, está «al servicio de las grandes eléctricas».

Las cuatro principales asociaciones nacionales de las energías renovables (ANPIER, PROTERMOSOLAR, APPA y UNEF), que representan al 70% del sector, han hecho una denuncia pública sobre la situación de “acoso y derribo” y han anunciado que sus abogados están estudiando los últimos cambios legislativos para tomar medidas legales contra “la falta de seguridad jurídica de las inversiones renovables”. Aun así, no han concretado si estas acciones se llevarán a cabo de forma unitaria como sector o por separado, pues este ámbito engloba a tecnologías con naturalezas y problemáticas muy diferentes. Tampoco han concretado a qué instancias van a recurrir, aunque sí que han asegurado que serán “todas las posibles, nacionales e internacionales”.

La otra opción es buscar apoyos entre los políticos,  una comunidad autónoma o bien buscar el respaldo de 50 diputados o senadores. En todo caso, el sector sólo puede recurrir directamente las liquidaciones definitivas de la Comisión Nacional de Energía (CNE). A pesar de que cada mes los productores reciben unas liquidaciones provisionales, la Audiencia Nacional consideró que solo se pueden recurrir las definitivas, que se publican dos años después de cada cierre de ejercicio.

El nuevo Real Decreto-ley 2/2013, han explicado, refleja la discriminación del sector frente a las eléctricas, ya que “ve reducida su retribución en casi 500 millones de euros, mientras el resto del sistema eléctrico experimenta un incremento de ingresos superior a los 1.000 millones”. Esta nueva medida, “obliga a recibir a los productores renovables la tarifa regulada, que no se actualizará según el IPC, lo que hace que los inversores carezcan de parámetros que les permitan predecir cuál será su retribución”.

“Nos sentimos estafados”
“¿Dónde está la seguridad jurídica en este país? Han cambiado todos los parámetros que se firmaron. Nos sentimos estafados. Cuando hablamos con nuestros socios extranjeros experimentamos una gran vergüenza”, ha declarado José Miguel Villarig, presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables. En esta misma línea, desde la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) han asegurado que “lo que está haciendo en Gobierno es una expropiación en toda regla, aunque luego ponga en el grito en el cielo cuando pasa de puertas para afuera”.

Hablan de acoso y derribo, de campaña para acabar con las renovables, de discriminación, de estafa y de engaño y aportan datos para justificar sus argumentos, pues las modificaciones de las reglas del juego que ha sufrido el sector son sustanciales: limitación horaria a las plantas existentes (RD 1614/2010 y RD-L 14/2010), moratoria (RD-L 1/2012) o establecimiento de nuevos impuestos (Ley 15/2012).

España tiene en la actualidad casi 60.000 instalaciones de producción de actividad fotovoltaica de las que,  según UNEF, “la inmensa mayoría no generan ingresos suficientes para cumplir con el servicio de la deuda” adquirida. De hecho, el papel de los bancos está siendo fundamental. Como ha asegurado Martínez-Aroca, “la banca no está siendo sensible con la difícil situación de los productores. Están aprovechando para reforzar garantías y aumentar intereses”.

Ha confirmado que ya se están dando “lanzamientos fotovoltáicos” (desahucios) y ha recordado que al estar hablando de familias, “detrás de cada placa hay una casa y un patrimonio familiar”. El presidente de ANPIER ha hecho hincapié en la negativa del Gobierno a abrir una línea ICO para ayudar «al sector a hacer frente a los obstáculo que él mismo pone».

Ofrecen diálogo, “el que no ha habido durante el proceso de modificación de todas estas medidas”, ha lamentado Villarig. Y exigen que el Real Decreto se tramite como proyecto de ley con el fin de poder introducir modificaciones durante el proceso parlamentario.