España amenaza con expulsar a unos “testigos incómodos”

MADRID// Sidi Ifni, esa ciudad marroquí que fue colonia española hasta 1969, era una tierra yerma para ellos. Cansados de consumir su juventud esperando una oportunidad, Fadel (el nombre es ficticio) y sus amigos se prepararon para hacer la travesía hacia un futuro que imaginaban mejor.

Era la noche del pasado 13 de diciembre, las aguas bravías del Océano Atlántico habían dado una tregua, y los chicos -25, todos jóvenes, varios de ellos menores- se montaron en la barcaza esperando pasar lo antes posible el trámite del miedo, del frío y de la amenaza de las corrientes.

Cuando ya estaban cerca de las Canarias, un foco los cegó: una embarcación se aproximaba a gran velocidad. Supusieron que era un barco español y pararon el motor, incluso se pusieron de pie para hacerse ver. Pero la patrullera de la Guardia Civil no se detuvo y, en su avance inexorable, embistió a la barcaza y a sus ocupantes: siete de ellos murieron, 18 fueron rescatados -un guardia civil se arrojó al mar para ayudarles- alguno gravemente herido, como el menor que sufrió una fractura en la base del cráneo.

Este relato, el de estos jóvenes que vieron morir ante sus ojos a siete de sus amigos, «no ha sido escuchado por la juez encargada del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Las Palmas, donde fueron conducidos, ni tampoco por el director de éste», denuncia Javier Baeza, cura de la parroquia San Carlos Borromeo del madrileño barrio de Entrevías.

La versión de los jóvenes, esbozada nada más llegar a puerto en un interrogatorio centrado en dilucidar quién era el patrón de la embarcación, podría ahora caer en el olvido de unas autoridades que, según denuncia Baeza y la Coordinadora de Barrios de Madrid, no tienen interés en aclarar quién o qué fue el culpable del accidente.

Muertes que podrían quedar impunes

Pese a haber reclamado en muchas ocasiones ser escuchados por la Justicia, los jóvenes no han encontrado amparo en ella y ahora una inminente expulsión pende sobre sus cabezas. Si son enviados a Marruecos, es probable que nadie pague por las muertes de sus amigos.

«Estos jóvenes están muy impresionados por lo que vieron, y si reclaman poder declarar no es porque pretendan quedarse en España. Sólo quieren contar lo que paso. Además, ni siquiera sostienen que haya habido una mala actuación de la Guardia Civil, sólo quieren que se investigue», explica Baeza

La Coordinadora de Barrios  presentó hace días una petición para reclamar la suspensión cautelar de la expulsión. La suspensión se les concedió pero expiró este jueves, por lo que, si nada lo remedia, estos «testigos incómodos», como los define el sacerdote, serán expulsados.

Si bien los inmigrantes no culpan a nadie del accidente, Baeza y sus compañeros en esta causa no lo tienen tan claro: «La patrullera que embistió la patera sigue precintada en el puerto de Arrecife (Lanzarote) y, en ese momento, uno de los agentes reconoció que tenía un motor averiado por lo que no podía maniobrar de forma adecuada». La versión oficial de lo que pasó el 13 de diciembre atribuye la responsabilidad al patrón de la patera que, según afirmaron entonces las autoridades, «soltó el timón de la embarcación».

Pero esta versión no aclara las muchas zonas de sombra. El cura de Entrevías recuerda que, en este caso, «no se cumplió el protocolo de avistamiento de pateras, que exige avisar a Salvamento Marítimo y a la Cruz Roja cuando se detecta la embarcación».

Para Baeza, la prueba de que estos chicos son «testigos incómodos» es la «inusitada rapidez» con la que se ha tramitado la expulsión; de hecho dos de ellos ya están en Marruecos. La «indefensión» con la que se han topado estos jóvenes llevó a la Coordinadora a interponer hace una semana una denuncia contra la Guardia Civil, con el fin de «forzar que se les tome declaración».

La Coordinadora tiene previsto llevar a cabo este viernes por la mañana un «paseo luctuoso» ante la Fiscalía General del Estado en Madrid, para denunciar, explica el cura, la «vergüenza del silencio de la Fiscalía de Las Palmas y de la Fiscalía encargada de extranjería».