“No hay instancias para controlar a las multinacionales”

Desde 2003, Telefónica, Santander, Endesa y muchas otras empresas saben que tienen tras ellas la lupa de los investigadores del Observatorio de Multinacionales América Latina (OMAL). Ante un mapa colombiano de puntos de extracción de recursos y zonas de comunidades indígenas, nos reciben los investigadores Erika González y Pedro Ramiro en su despacho de la Gran Vía de Madrid,  igual que lo han hecho con algunos representantes de las más influyentes empresas españolas. A ellas, en cambio, les han dejado su clara su postura; no se dialoga si no es en un debate público, algo que las empresas raramente han aceptado.

¿Las empresas transnacionales producen beneficios sociales, por ejemplo, al crear empleo?

Erika: Muchas de las multinacionales españolas que están en los países del sur pertenecen al sector servicios. No van a crear una nueva empresa, sino a comprar una existente a buen precio. Para recuperar rápidamente la inversión recurren a la reducción de costes, generalmente laborales a través de la subcontratación. Pero también ocurre aquí. Telefónica en 2011 planteó recortar un 20% su plantilla española a la vez que marcaba un récord de beneficios de unos 10.000 millones de euros en 2010.

Entonces, ¿quién se beneficia de las ganancias?

Pedro: El beneficio va al bolsillo del accionista y de los grandes ejecutivos. En 2011, con ese récord histórico, el 70% de los beneficios de Telefónica fue a los dividendos de los accionistas. Nosotros tratamos de desmantelar el mito de “nuestras empresas” por el mundo. Esas empresas son de sus accionistas. Les rinden beneficio a ellos, a sus ejecutivos ya los políticos que las favorecen y que luego forman parte del entramado de puertas giratorias.

¿Y quién vigila a estas empresas?

P: Nadie. No hay instancias nacionales o internacionales para controlar empresas. No hay interés en controlar a las empresas a nivel global. En los años 70, en Naciones Unidas se quiso crear un centro internacional de seguimiento para las empresas trasnacionales y hacer una normativa internacional o al menos un código, como el que existe para los derechos humanos. No fue posible porque los grandes lobbies empresariales y los grandes gobiernos de los países donde se ubican estas empresas se opusieron a ello. Al final, lo que ha primado es la responsabilidad social corporativa y los códigos de buena conducta. Pero es papel mojado en el ámbito legal.

¿Y cómo reaccionaran los pueblos a esta falta de vigilancia?

E: Hay países como Bolivia que históricamente tienen una tradición de lucha social, conquistas, nacionalizaciones y expulsión. Aquí, en cambio, seguimos teniendo la cultura de la transición, del pacto y del consenso, sobre todo de no disputarle a las clases altas sus privilegios.

¿Qué países están cambiando las reglas del juego?

E: Aunque no son el ejemplo a seguir en muchos otros aspectos, países como Bolivia, Venezuela y Ecuador están cambiando las condiciones de fiscalidad a las multinacionales, que es un muy buen primer paso. Pero a medio plazo hay una discusión a abordar sobre el modelo de desarrollo. Si no se disputa la pelea de la propiedad de los medios de producción no va a haber un cambio en las relaciones de poder.

¿Son conscientes los directivos de lo que hacen sus empresas?

P: Como dice Noam Chomsky, “analizar una corporación es como analizar al propietario de un esclavo; tienes que distinguir entre la institución (la esclavitud) y el individuo”. No tengo ninguna duda de que grandes accionistas saben los efectos que tienen en el planeta sus empresas.

¿Pero estas personas y sus corporaciones tienen margen de maniobra dentro del capitalismo?

E: El margen es muy limitado, más allá de algún tipo de medida muy concreta que pueda dar un beneficio local temporal. El propio sistema no permite hacer cambio estructural alguno.

¿Por qué?

E: La máxima del capitalismo es el máximo beneficio en el menor plazo posible y eso no se puede conseguir a través del respeto de los derechos ambientales, de los derechos humanos, laborales… porque esto conlleva un coste y un límite del beneficio privado. Las transnacionales están en una lógica similar a “para que no me coman, yo tengo que comerme al de al lado”.

Son las propias empresas las que se obligan a tener esa actitud…

P: Claro. Repsol está haciendo todo tipo de artificios contables para mantener sus indicadores de crecimiento y sus beneficios ahora que no tiene YPF porque si no pasado mañana, que presumiblemente es lo que pasará, será absorbida por una empresa china o rusa.

Entonces, ¿cómo y quién puede frenar esto?

P: Sin un cambio en la filosofía del modelo económico es imposible salir de ahí.

Nuevas ideas están surgiendo en el plano teórico. La Economía del Bien Común de Christian Felber propone, por ejemplo, que se “premie” con mejores condiciones fiscales a las empresas que sean respetuosas con sus trabajadores y el entorno. ¿Sería un buen comienzo para construir un nuevo modelo?

P: La realidad es que no se puede, hay todo un entramado legal de tratados de libre comercio y bilaterales y acuerdos de la Organización Mundial del Comercio y el Fondo Monetario Internacional que impiden que un país pueda poner incentivos fiscales a las empresas que traten bien a sus trabajadores.

¿Qué podemos hacer ante esto?

E: Se podría empezar por hacer una auditoria de la deuda ilegítima en cada país. El movimiento de protesta contra la privatización de la sanidad y la educación en el Estado español es también una lucha por otro modelo que pretende frenar el poder de las trasnacionales sobre bienes y servicios básicos para la población. Las cooperativas de consumo, fuera de la lógica de la mercantilización, son otra vía. Todas esas propuestas, ensayos y experimentos son muy válidos para ir caminando hacia otros modelos, sobre todo si se dan en un contexto de gran movilización social. No hay una receta única.