El defensor del pueblo catalán denuncia “indefensión jurídica” en comisarías

BARCELONA// “Hay estadas innecesarias en comisaría, en las que no se da la asistencia letrada al detenido de forma inmediata, en contra de lo que establece la ley y la Constitución”, ha denunciado esta mañana el Síndic de Greuges (defensor del pueblo de Cataluña), Rafael Ribó, tras entregar a la presidenta del Parlament el Informe del 2012 de la Autoridad Catalana para la Prevención de la Tortura (ACPT).

“En ningún caso la participación de más de un cuerpo policial en la custodia del detenido puede justificar que entre la detención y la asistencia letrada pasen, como sucede ahora la mayoría de las veces, varias horas en el mejor de los casos”, reflejan las recomendaciones que la ACPT ha trasladado a la cámara catalana, los cuerpos policiales y el subcomité de prevención de la tortura de la ONU. Ello supone, según la ACPT, un impedimento a la hora de garantizar los derechos de los arrestados.

A la indefensión jurídica que sufren los detenidos, obligados en muchos casos a pasar varias horas en los centros de detención hasta que son puestos a disposición judicial, se añade la falta de las mínimas condiciones de higiene en las estancias donde permanecen custodiados. En las múltiples visitas realizadas a centros de detención, el Síndic ha constatado que las mantas que se ofrecen a las personas bajo custodia policial “se pasan de unos detenidos a otros sin las mínimas condiciones de higiene, cuando a nosotros se nos ha dicho que se cambian inmediatamente”. Además, ha asegurado Ribó, numerosos espacios de detención presentan “un olor insoportable”, fruto de la falta de limpieza.

Posibles maltratos en la cárcel de Brians II

Para la realización del informe, la ACPT ha visitado 33 centros, entre los que se encuentran cárceles, comisarías y centros de menores. El mayor número de denuncias por maltratos recibidas por el Síndic corresponden a internos de la prisión de Brians II, con una veintena de casos. Tras visitar hasta tres veces la cárcel y entrevistarse de forma aleatoria con los presos “para evitar represalias sobre las personas que han presentado quejas”, los miembros de la ACPT han visto como la versión de las autoridades de la prisión contradice a la de varios de los internos, que aseguran haber sufrido golpes y maltrato físico, sobretodo en los espacios de régimen cerrado y sanciones.

A pesar de que los responsables del centro han negado los maltratos, el Síndic otorga “un cierto grado de credibilidad” a las denuncias, y ha expresado su preocupación por la falta de una investigación “inmediata e imparcial” de estos presuntos casos de tortura y maltrato, necesaria ya que “las evidencias físicas suelen desaparecer al cabo de pocos días, y entonces la investigación se vuelve muy compleja”. Así mismo, Ribó ha denunciado que algunos funcionarios no llevan la identificación pertinente, y ha reclamado que se amplíe la instalación de cámaras de video-vigilancia a las celdas de contención y aislamiento, los lugares donde se producen gran parte de los presuntos maltratos.

El CIE de la Zona Franca sigue vetado al Síndic

El único centro que no ha podido visitar el equipo de la ACPT es el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona. “Una prevención de maltratos deficitaria y una supervisión escasa o inexistente es motivo de preocupación y una fuente de quejas periódica y sospechas constantes sobre el grado de cumplimiento de la legalidad de estos centros”, refleja el informe.

El Síndic mantiene una disputa abierta con el Gobierno central después que en marzo del año pasado la delegada del Gobierno en Cataluña le impidiese entrar a visitar el CIE alegando que no tenía competencias para ello. Desde entonces ha seguido recibiendo denuncias de maltratos a los internos por parte de la Policía Nacional. La última, el pasado viernes, cuando uno de los inmigrantes presos le llamó para denunciar haber sufrido maltratos. El caso ya ha sido puesto en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La falta de un reglamento claro y exhaustivo que regule la actividad en los centros supone también un escollo a la hora de garantizar una atención y trato adecuados a las personas encerradas en el CIE. El Síndic ha afeado hoy al Ministerio del Interior que todavía no haya elaborado el reglamento de los CIE. “Hace más de un año que el ministro anunció la elaboración inmediata del reglamento que regula aspectos de derechos y seguridad jurídica de los internos”, ha lamentado Ribó.