El juicio por la presunta financiación irregular de Unió se pospone a la espera de un acuerdo

BARCELONA // El inicio del juicio por el caso Pallerols ha quedado pospuesto hasta el martes por la tarde porque los magistrados han decidido otorgar más tiempo a las partes para que sigan negociando un posible acuerdo. Las 54 sesiones programadas del juicio contra ex altos cargos de Unió Democrática de Catalunya deberían aclarar la presunta financiación ilegal del partido que dirige Josep Antoni Duran i Lleida, que está citado a declarar como testigo.

Según el fiscal, la formación conservadora recibió cerca de 600.000 euros entre 1994 y 1999 del empresario andorrano Fidel Pallerols, a cambio de otorgarle a éste algo más de 8 millones y medio de euros de fondos europeos para que realizase varios cursos de formación.

El ministerio público refleja en su escrito de acusación que dichas subvenciones se inflaron deliberadamente y que la empresa de Pallerols pagaba después a Unió el 10% de lo obtenido, bien directamente o haciéndose cargo de las facturas del partido. Según la fiscalía, las subvenciones otorgadas no solo estaban “muy por encima” del coste real de los cursos, sino que en algunas ocasiones ni siquiera se impartían por no haber suficiente alumnado. El dinero, sin embargo, no sedevolvía a la Conselleria de Trabajo. Las investigaciones del caso revelaron que 8 de los 376 cursos no se realizaron, y que en 233 de ellos se produjeron diversas irregularidades.

Cinco de los seis imputados en el caso son antiguos altos dirigentes de Unió, y el sexto es el mismo Pallerols. Se trata del ex consejero nacional del partido, Vicenç Gavaldà; el ex director de Ocupación de la Generalitat, Lluís Gavaldà; la subdirectora, Dolors Llorens y el empresario y militante de UDC Santiago Vallvé, que según el fiscal actuó de intermediario para que Pallerols contactase con los altos cargos del partido. Además, también se encuentra imputada la mujer de Pallerols, Maria de la Cruz Guerrero, también militante de UDC.

La fiscalía solicita penas de entre siete y once años de prisión para cada uno de ellos por delitos de malversación, falsedad documental y cohecho, y considera que el partido democristiano debería responder como responsable civil subsidiario y devolver a la hacienda autonómica el dinero desviado. Unió Democrática sigue manteniendo que nunca se lucró con esta trama.

Según explicó el viernes la Cadena Ser, que citó fuentes jurídicas cercanas al caso, los acusados han tratado de frenar el proceso y estarían dispuestos a devolver casi un millón de euros a cambio de que se les retirasen los cargos, si bien hasta ahora no se ha llegado a ningún acuerdo. Catorce años después de que se destapara el caso, y tras el sobreseimiento provisional de la causa en 2005, debía haber comenzado esta mañana el juicio.

Además de Duran i Lleida, también están citados a declarar como testigos Josep Sánchez Llibre, diputado de CiU en el Congreso; y el actual portavoz del PP en el Parlamento catalán, Enric Millo (antiguo dirigente de Unió en Girona), entre otros.