Rato: el último beneficiado del maridaje político-empresarial

El fichaje de Rodrigo Rato por Telefónica como asesor no debe soprender a nadie. Sin duda, el ex vicepresidente económico del gobierno de José María Aznar, que ultimó la privatización de esta empresa pública en 1999, sirve para abrir puertas en América Latina y muchos otros lugares del mundo. Pero la fulgurante carrera empresarial del ex director del FMI y ex presidente de Bankia, imputado por estafa, es el último ejemplo del maridaje entre la gran empresa y el poder político, una práctica muy frecuente en esta multinacional presidida por César Alierta hasta el punto de valerle el apodo de «Inem de los políticos», sobre todo los del Partido Popular.

En muchos casos, la sospecha de que las empresas devuelven ciertos favores es inevitable. Entre los múltiples ejemplos, destaca un informe encargado por Telefónica a la consultora PriceWaterhouseCoopers cuyos argumentos y conclusiones se trasladaron casi por completo al proyecto de ley presentado el pasado febrero que fusionará los reguladores sectoriales en España.

Telefónica no es la única compañía que contrata los servicios de ex dirigentes y en muchos casos familiares de estos, como es el caso del marido de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Es una parte que no regula la Ley de Incompatibilidades, una ley que, por otra parte, tiene muchas lagunas. Los altos cargos, en principio, no pueden trabajar para empresas privadas que han estado en su ámbito de competencias durante dos años después de dejar el cargo. Pero en la práctica hay un gran margen de discrecionalidad por parte del gobierno de turno. David Taguas, el ex director de la oficina económica de José Luis Rodríguez Zapatero, pasó de la Moncloa a presidir la patronal de la construcción. Por su parte, el secretario de Estado de Comunicación de Aznar, Alfredo Timermans, hizo lo mismo al pasar a estar en nómina de Telefónica.

El gobierno de Mariano Rajoy considera que la Ley de Incompatibilidades es lo suficientemente rigurosa y no hace falta endurecerla. Una moción no de ley presentada por el BNG el año pasado fue tumbada con los votos de PP y PSOE.

Hace casi un año, el Gobierno presentó la Ley de Transparencia, que debe arrojar luz sobre la gestión de las administraciones públicas. Sin embargo, muchas de las recomendaciones que hizo un grupo de expertos han desaparecido en el largo trámite parlamentario. En la última versión, por ejemplo, ya no se contempla incluir a partidos políticos, sindicatos y patronales, como explicó a La Marea Manuel Villoria, catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Rey Juan Carlos que fue vicepresidente de aquella comisión de expertos.

Ahora, PP y PSOE se han puesto de acuerdo para darle el empujón final para que la Ley de Transparencia vea la luz pronto. Para ello han convocado una Comisión Constitucional, otra vez formada por personas como el presidente de la delegación española de Transparencia Internacional, el catedrático Jesús Lizcano. Cabe esperar que esta vez, los dos grandes partidos tomen en cuenta los consejos que les dan para que la relación entre el poder político y el económico no sea tan opaca.

(Leyes al servicio del capital. Dossier de 12 páginas sobre las relaciones entre el poder político, medios  y las grandes empresas en el número 1 de la revista de La Marea).