Política
Armas, publicidad de alcohol y discapacidad, todo incluido en la ley de liberalización comercial
La Ley de Medidas de liberalización del comercio incluye en su articulado el apoyo a la exportación de armamento o la ampliación del plazo para regular sancionar la discriminación a los discapacitados
El BOE ha publicado esta mañana la ‘Ley de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios’ tras su paso por el Congreso y el Senado, donde ha sido avalada únicamente por los diputados del PP. El grueso de la norma está en vigor desde el 27 de mayo, un día después de su publicación en el boletín oficial como Real Decreto Ley, ya que el texto original ha sufrido muy pocas modificaciones durante su trámite parlamentario pese a que los grupos presentaron un total de 64 enmiendas.
La ley promulga la libertad de elección de horarios comerciales y periodos de rebajas en las tiendas de más de 300 metros cuadrados de superficie, entre otras medidas. El objetivo es mejorar la competitividad del sector, según el Gobierno, que en el redactado inicial incluyó modificaciones normativas tan dispares como el mecanismo de publicación de las infracciones de tráfico, la regulación de la amnistía fiscal o los márgenes en la venta de medicamentos para los farmacéuticos. Todas estas ‘bolas extras’ se enumeran en las disposiciones finales. El título II, además, recoge medidas de apoyo a la exportación de material de defensa por el ministro del ramo.
El redactado final que entra en vigor mañana suma nuevas temáticas a este batiburrillo en forma de cuatro nuevas disposiciones finales, todas propuestas por el PP durante el periodo de enmiendas al articulado. Una de ellas tiene carácter técnico (modificación del redactado de la ley de contratos de crédito al consumo) y otra incluye una orden para que el gobierno establezca las sanciones las infracciones al articulado principal sobre consumo, pero las otras tres añaden nueva y dispersa reglamentación con rango de ley.
La disposición final quinta modifica la Ley 26/2011 de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establecía que en un término de un año el Gobierno debía presentar un texto refundido para regular y armonizar las normas que defienden la igualdad de trato y las sanciones por discriminación a discapacitados. Este texto debería haberse presentado antes del 1 de agosto de 2012. Como el Gobierno no lo ha redactado, se da a sí mismo un nuevo plazo hasta el 31 de diciembre de 2013.
La disposición final séptima, por su parte, da vía libre a la publicidad de bebidas alcohólicas de hasta 20 grados -cerveza y vino, en su mayoría- en espacios en los que esté prohibida su venta, como estadios deportivos, por ejemplo. Hasta ahora, la ley prohibía la publicidad de cualquier bebida alcohólica, independientemente de su graduación, en dichos lugares.
Durante el proceso de presentación de enmiendas, ERC criticó -además de la invasión de competencias- el título dedicado a apoyar la exportación de armamento. El PSOE, por su parte, afeó al Gobierno que incluyera aspectos como los precios farmacéuticos en una norma destinada a la liberalización comercial. La mayoría de las 64 enmiendas cayeron en saco roto. Excepto las del PP, que se enmendó a sí mismo para ampliar aún más los ámbitos a los que afecta esta ley.
El potaje de normativas en un solo articulado es habitual también en grandes reformas como las leyes de acompañamiento a los presupuestos o las òmnibus catalanas, en las que todo cabe.
(Eva Belmonte es autora de elboenuestrodecadadia.com)
La demolición de la sociedad y por tanto del Estado que lleva a cabo el Pepé a modo de una harka bárbara es ilegal y antidemocrática, porque en el caso de que los once millones de timados le hayan votado mayoritariamente; mas de siete de esos millones no lo hicieron para que dinamitaran España. El resto ya conocemos lo animales que son desde el franquismo puro que ese no dudó en bombardear, cañonear, traer a los moros para que asesinaran masivamente aldeanos republicanos e ir fusilando sobrante de españoles demócratas e intelectuales hasta exterminarlos.
¿El Pepé no ha comprendido todavía que once millones de españoles no pueden ser mayoría real directriz del destino de cuarenta y siete millones de ciudadanos? ¿Es verdad que se cree que el Estado es una empresa de su propiedad?
El odio patológico que estos ignorantes sienten por el Pueblo lo han demostrado ya con declaracioners como :¡Que se jodan! o *Gobernar a veces es repartir dolor*.
Va a ser imposible en el futuro recuperar el progreso social al que España llegó con los socialistas e incluso con el gobierno de Suarez.
Para atajar el mal habría que declarar ilegales todas las *transacciones* que esta banda de facinerosos han hecho regalando el patrimonio público a los especuladores que esos al aprovecharse son cómplices de robo y deberán devolver sin ninguna indemnización lo robado al Pueblo.