El pacto CiU-ERC fija tasas a los grandes patrimonios y los depósitos bancarios

BARCELONA // El president de la Generalitat en funciones, Artur Mas, y el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, han firmado este mediodía el “pacto de gobernabilidad” que garantizará la investidura de Mas, un pacto que pretende otorgar estabilidad al nuevo Govern. El acuerdo entre ambas formaciones establece la creación de nuevas estructuras de Estado para Cataluña, y la celebración de una consulta de autodeterminación para el año 2014, así como la creación de hasta 9 nuevos impuestos.

El documento hace referencia a que la Generalitat deberá “orientar su política hacia una distribución más equitativa de la carga fiscal y de los ajustes del gasto, para conseguir una contribución justa y equitativa de las cargas derivadas de la crisis económica”. En ese sentido, prevé la aplicación de un impuesto sobre los depósitos bancarios, una medida con la que el Govern, según ha anunciado esta semana, pretende recaudar 500 millones de euros. Se recupera el impuesto de sucesiones que eliminó el Govern en la anterior legislatura y se establece la creación de una tasa que grave la emisión de gases contaminantes y la producción de residuos nucleares.

Tasa sobre pisos vacíos

También se ha fijado un recargo del impuesto de patrimonio para “los grandes patrimonios”, así como un gravamen sobre “las bebidas de refresco con exceso de azúcar, por razones de salud, que afectaría principalmente a las grandes distribuidoras de refrescos”. Asímismo, el acuerdo entre CiU y ERC contempla “estudiar” la aplicación de una tasa sobre los pisos vacíos para favorecer que estos vuelvan al mercado de alquiler. El texto no incluye la eliminación del euro por receta, una de las reivindicaciones de los republicanos, pero establece la ampliación de los colectivos exentos de abonar esta tasa, si bien no explicita qué colectivos se incluirían.

CiU y ERC se han comprometido a elaborar un “plan de lucha contra el fraude fiscal”, a potenciar un fondo y un servicio de “rescate” de familias y la mediación entre las entidades financieras y las familias en casos de desahucio, e implantar un plan de apoyo a la creación de cooperativas de trabajo. Por otro lado, establece que los recortes de gasto deberán diseñarse teniendo en cuenta “su incidencia en los colectivos más vulnerables y con más riesgo de exclusión social, y los servicios públicos preferentes para preservar el principio de igualdad de oportunidades”.

La consulta de autodeterminación, en el 2014

En el plano nacional, el acuerdo de gobierno pone fecha a la consulta de autodeterminación, que deberá de celebrarse en el año 2014, aunque podrá ser aplazada de mutuo acuerdo si “el contexto socioeconómico y político requiriese una prórroga”. El texto prevé “abrir un proceso de negociación y diálogo con el Estado español” para establecer las bases que permitan celebrar la consulta. Como el primero de los pasos hacia una “transición nacional”, explicita el texto, se ha acordado formular una “declaración de soberanía” en el primer pleno ordinario de la legislatura.

Dicha “transición nacional” contará como pieza clave con la creación de nuevas estructuras de estado. Así pues, el acuerdo incluye la transformación del Institut Català de Finances en el banco público de Cataluña, así como el diseño y desarrollo de la Tesorería de la Seguridad Social Catalana “para garantizar la percepción futura en cualquier caso, de las pensiones y prestaciones de paro a los catalanes”. También se contempla “elaborar un plan” para asumir la gestión, el transporte, y la distribución de energía y a gestión del agua y las principales infraestructuras logísticas que en la actualidad son competencias del Estado.