La escuela catalana rechaza de plano el proyecto educativo de Wert

BARCELONA // La escuela catalana ha recibido con indignación la propuesta de reforma educativa presentada por el Ministro de Educación, José Ignacio Wert. El proyecto de ley relega en la práctica el catalán a cuarta lengua (al pasar de ser materia troncal a materia de especialidad), introduce la obligatoriedad de ofrecer la escolarización en castellano, e insta a la Generalitat a que si no puede garantizar a una familia la escolarización en castellano de su hijo en los colegios de su localidad, “sufrague los gastos de escolarización” en “centros privados”. El texto, que incluye cesiones a la Iglesia Católica y a la escuela concertada, dinamita así el modelo de inmersión lingüística, que en Cataluña goza de un amplio consenso.

Para la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Cataluña (FAPAC), la reforma presentada por Wert “responde a un criterio puramente ideológico y de fanatismo”. “Es un cambio del sistema educativo muy drástico, basado únicamente en cuestiones ideológicas, sin tener presente que se está hablando de alumnos, niños, de su futuro, y no sólo del grito histérico en un mitin de la extrema derecha”, valora el presidente de la FAPAC, Àlex Castillo.

La FAPAC acusa al Gobierno de querer utilizar la lengua “para crear confrontación y dividir a la sociedad”. “La sociedad catalana es una sociedad separada por razón de clase social, debido a la separación residencial de los alumnos en barrios según su clase social, y también a la posibilidad de elección del centro que aprovechan unas clases sociales determinadas para evitar el contacto con otras clases sociales”, expone Castillo. “Pero si encima a este parámetro claramente clasista le añadimos un elemento de separación en función de la lengua nos estamos jugando la cohesión social del país”, alerta.

Desde el sindicato USTEC-STEs, su portavoz, Rosa Cañadell, considera que la reforma es “un acto de irresponsabilidad” por parte del ministro Wert, porque lo que busca es “el desmantelamiento del modelo de escuela catalana y de la inmersión lingüística, un modelo que ha asegurado la igualdad de oportunidades y la inclusión social, que tiene un consenso social global, y que ha asegurado hasta ahora y continuará asegurando que nuestro alumnado tenga competencias en lengua castellana y catalana igual o superior al del resto del Estado”. Cañadell, además, expresa su indignación porque “en un momento de recortes, en el que tenemos a la escuela pública casi en la UVI, sólo nos faltan nuevas medidas que distorsionen todavía más la marcha de los centros”.

Ataque a la enseñanza pública

La portavoz de USTEC-STEs llama a movilizarse para “parar esta ley”, y anima a sumarse a la movilización de rechazo convocada a nivel estatal el próximo 13 de diciembre. “Esta ley tiene dos patas: una ataca directamente a Cataluña y al modelo de inmersión, y por otra parte ataca a la enseñanza pública en general, porque profundiza en la privatización, la mercantilización y en un modelo de organización en los centros totalmente autoritario y no participativo”, señala. Somescola.cat (somos escuela), la plataforma de entidades en defensa de la escuela catalana, afirma en un comunicado que el borrador de ley “lleva la política educativa a un pasado predemocrático: el control doctrinal de la educación y la recentralización del sistema”.

Tanto el Govern de la Generalitat como el PSC, ERC, e ICV-EUiA han anunciado que si el Gobierno continúa adelante con su plan llevarán la reforma al Tribunal Constitucional. El secretario general de Iniciativa per Cataluña Verds- Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), Joan Herrera, ha acusado al ministro Wert de querer “cargarse la inmersión lingüística” y “la convivencia”, y ha pedido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que lo cese. El president de la Generalitat, Artur Mas, ha convocado a todos estos partidos a una reunión la próxima semana para configurar un frente común contra la reforma de Wert.

Concesiones a la Iglesia

El texto de Educación no contempla la asignatura de Educación Cívica y Constitucional, que debía sustituir a la Educación para la Ciudadanía del Gobierno del PSOE, y en su lugar consagra una de las principales reivindicaciones de la Conferencia Episcopal Española, una alternativa evaluable sobre valores a la asignatura de Religión confesional: Valores Culturales y Sociales en primaria, y Valores Éticos en secundaria.

Por otro lado, se prolonga el periodo para renovar los conciertos con la escuela concertada (de un máximo de cuatro años se pasa a un mínimo de seis) y se especifica que las Administraciones, cuando hagan la programación de oferta de plazas, tendrán que tener en cuenta «la demanda social», es decir, si hay padres que prefieran llevar a sus hijos a la concertada en vez de la pública. Pocas horas después de que se haya conocido el borrador del ministerio, una petición en Change.org para frenarlo acumula ya más de 30.000 firmas.