Comunicado de la Plataforma por la nacionalización de las cajas de ahorros y por la banca pública

Las entidades financieras nacionalizadas —Bankia, CatalunyaCaixa, Novagalicia y Banco de Valencia (BV)— van a recibir 38.000 millones de euros de ayudas públicas para cubrir parte de sus pérdidas y seguirán operando como entidades bancarias plenamente privadas o vendidas a otros bancos privados. Ese ha sido el caso de BV vendido a CaixaBank por un euro, con 11.000 millones de euros en dinero público que le blinda contra pérdidas futuras. Y será el caso de Novagalicia y CatalunyaCaixa más adelante. De esa forma, el resto de bancos privados mejoran su solvencia adquiriendo entidades saneadas con dinero público. Y Bankia continuará actuando como una entidad independiente y definitivamente convertida en un banco con accionistas privados, que espera tener beneficios en 2015. ¡Beneficios a costa del erario público! Así cualquiera.

La otra vía de ayuda es el llamado banco malo, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Restructuración Bancaria (Sareb), que comprará parte de los activos tóxicos de las entidades financieras, a fin de que éstas puedan sacarlos de sus balances. ¿Con qué dinero? Con el prestado por la Unión Europea. Mediante ingeniería financiera intentarán que no compute como deuda pública, y probablemente lo consigan, pero lo cierto es que el Estado es quien responderá de dichos fondos.

Grandes accionistas, grandes beneficiados

Al final, los beneficiados son los grandes accionistas de los bancos. Con la ayuda de los dos últimos Gobiernos, han logrado convertir definitivamente en bancos privados las antiguas cajas de ahorro, con lo que consiguen dos cosas: convertirlas en cabeza de turco de la crisis de todo el sistema bancario y el acceso a los depósitos de dichas entidades. Por eso afirmamos que se está salvando a los banqueros y no a los bancos.

Esta última tanda de apoyos se suma a más de 200.000 millones de euros en avales, préstamos, capital y esquemas de protección de activos que el Estado ha puesto a disposición de los bancos desde que empezó la crisis. Y a los más de 300.000 millones de euros que les ha prestado el Banco Central Europeo, del que son garantes el conjunto de los países miembros de la UE. Así pues, hay más de 500.000 millones de euros de dinero de procedencia pública disponibles para las entidades financieras, pero se recorta la sanidad, la educación y el conjunto de los servicios públicos. En realidad, una cosa implica la otra, pues se está haciendo una enorme transferencia de dinero de la mayoría de la sociedad hacia los sectores más ricos de la misma.

Más paro y más intereses de demora

Y, además de exprimir el erario público hasta el último euro, también van a pasarle parte de la factura a los trabajadores de estas entidades y a quienes tienen una hipoteca. A los primeros, con una nueva tanda de despidos que destruirá más de 8.000 puestos de trabajo, contribuyendo a los récords en las cifras del desempleo. Y, a las familias hipotecadas, subiendo sus intereses de demora hasta casi el 30%, demostrando lo intensamente sensibilizados que están ante su situación.

Esto nos obliga a reiterar a todas las fuerzas políticas progresistas, sindicales, sociales, educativas, a los representantes de la pequeña y mediana empresa… la urgente convergencia de esfuerzos para parar esta dinámica de despilfarro de los fondos públicos españoles y europeos.

La creación de una Banca Pública, basada en primera instancia en el sector nacionalizado de las Cajas, es el único cortafuego para estas políticas de mera concentración bancaria subvencionada, que supondrán un desastre económico que nos pondrá definitivamente en manos de los grandes inversores nacionales y foráneos, y contribuirá a acrecentar las desigualdades sociales y territoriales.