La violencia institucional también es violencia de género

El pasado 14 de noviembre se aprobó en las Cortes Valencianas, con los únicos votos del Partido Popular, el Proyecto de Ley, de la Generalitat, Integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana -nótese que el término violencia de género ha sido eliminado, con las profundas consecuencias que ello comporta conceptualmente-.

Desde Esquerra Unida habíamos solicitado previamente un aplazamiento del Pleno para que no coincidiera con la Huelga General pero, por supuesto, dicha petición fue desestimada a tenor de la mayoría absoluta y caciquil del PP, que aprovechó la ausencia de la oposición para  sobrecargar el orden del día y poder así acusarnos de «irresponsabilidad». Viejas estrategias para no tan nuevos tiempos.

Nosotras, como feministas, sin embargo, sabíamos dónde teníamos que estar: en la calle, mostrando nuestra más enérgica oposición a las políticas de austericidio salvaje que están llevando a cabo tanto desde el Gobierno de España como desde el gobierno de la Generalitat contra la mayoría de la población y, especialmente, contra las mujeres.

Porque, en un contexto distinto, la aprobación de una ley autonómica contra la violencia de género podría calificarse como un acertado intento de dar respuesta a un problema social tan grave como lo es este. Sin embargo, su tramitación en este momento no pasa de ser una broma pesada y de mal gusto. Y no solamente porque se haya aprobado sin financiación -que ya es lo suficientemente grave- sino porque el hecho de estar con la mano derecha desmantelando el (ínfimo) estado del bienestar que teníamos y, mientras, con la mano izquierda legislando contra la violencia de género, es como mínimo insultante.

La violencia de género es un problema social tan grave que sólo puede ser solucionado a través de un acuerdo político, económico y social de amplio alcance que garantice la prevención de esta violencia en todas sus dimensiones, como base para su erradicación definitiva, poniendo en el centro la coeducación, y actuando no sólo sobre la violencia cuando se manifiesta, sino y sobre todo, sobre la violencia simbólica.

Pero ni el gobierno valenciano ni el Partido Popular están por la labor. Se han pasado años boicoteando la ley de la dependencia, la ley del aborto, la dispensa sin receta de la píldora del día después; oponiéndose una y otra vez a una red pública de escolarización de 0 a 3 años; subvencionando a entidades católicas para que coaccionen a las mujeres en su derecho a decidir; cerrando viviendas tuteladas y casas de acogida por impagos reiterados de Conselleria; reduciendo el personal de las entidades de atención e información a mujeres víctimas de violencia de género, etc…

¿Acaso no es violencia de género que el riesgo de pobreza en el caso de las mujeres mayores sea hoy de un 42% en el País Valenciano? ¿Acaso no es
violencia que el riesgo de pobreza de las mujeres jóvenes sea del 48%, más del doble que la de los hombres?

La violencia institucional que ejerce la derecha cada día, acatando las decisiones de los poderes económicos, afecta de una forma más tremenda y cruel a las mujeres. Porque su violencia institucional acaba siendo también otra forma de violencia de género.

Esther López Barceló, diputada de Esquerra Unida en Corts Valencianes.
Aurora Mora, cordinadora del grupo de EUPV en Les Corts Valencianes.