Los recortes y la corrupción arruinan la sanidad catalana

BARCELONA // Ante un auditorio de centenares de personas, Teresa Forcades, médico, teóloga y monja de Montserrat, hizo ayer una defensa férrea de la sanidad pública y realizó un llamamiento a “tomar conciencia” de los peligros de “mezclar medicina y negocio”. El acto, convocado por Revolta Global Esquerra Anticapitalista bajo el título “el negocio de la sanidad”, también contó con la presencia de la escritora y activista Esther Vivas, y de los editores de la revista Cafè amb Llet, Albano Dante y Marta Sibina. Estos últimos, destaparon hace unos meses varios casos de presunta corrupción en la gestión de la sanidad pública catalana.

Centenares de personas ya hacían cola una hora antes del inicio de la charla, que finalmente tuvo que realizarse en plena calle ante la imposibilidad de que cupieran en la sala de actos de las Cotxeres de Sants. “Se nos ha intentado vender la falacia de que la sanidad privada es de más calidad que la pública”, comenzó Forcades su intervención. La religiosa citó el último ránking de salud elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2000, según el cual la sanidad española –eminentemente pública- se situaba en séptimo lugar, y lejos quedaba el modelo mixto público-privado de Alemania (25º) y el totalmente privado de EEUU (37º). También explicó cómo a partir del 2000 empezó a entrar capital privado en la OMS y el ranking dejó de elaborarse.

Forcades centró su intervención en exponer las tremendas desigualdades de la cobertura sanitaria a nivel mundial, en el que el 90% de los recursos sanitarios se invierten en enfermedades que afectan sólo al 10% de la población. Así, relató que mientras la investigación de enfermedades como la malaria, la tuberculosis o el chagas -que matan cada año a millones de personas- casi no reciben recursos. Las empresas se centran en investigar la impotencia masculina, la obesidad o el insomnio. “Dejar en manos privadas la gestión sanitaria lleva a sinsentidos como éste, en el que sólo se invierte en aquello que genera negocio”, aseguró.

La religiosa se refirió también a los presuntos casos de corrupción en la sanidad pública catalana, que iba a investigar una comisión en el Parlament que ha quedado disuelta con la convocatoria de elecciones: “Debemos exigir a todos los partidos que se presenten a las elecciones que se comprometan públicamente a reabrir la comisión. Si se llegase hasta el fondo de los casos de fraude que ha habido en Cataluña no sólo no habría que seguir haciendo recortes, sino que se podría volver atrás y reabrir quirófanos y centros de salud”.

El director de la revista Cafè amb llet, Albano Dante, había relatado minutos antes la investigación que llevaron a cabo y que permitió destapar presuntos casos de corrupción en los hospitales de Blanes y Calella. Para Dante, el principal problema de la sanidad catalana es que más de la mitad de la actividad corresponde a centros concertados, cuyo gasto escapa incluso a la supervisión del propio Parlament. “El sistema está creado expresamente para fomentar y encubrir el sistema de fraude”, denunció Dante. “El problema de la sanidad pública es que no es suficientemente pública, porque la han convertido en una gestión opaca”.

“Cuando empezamos todo esto, en el hospital de Blanes ya habían despedido a trabajadores y reducido sus salarios. Vimos, sin embargo, que se estaba construyendo una nueva cafetería. Al preguntar nos dijeron que era un compromiso ya adquirido. O sea, ¿se pueden romper los compromisos firmados con los trabajadores pero no con la empresa de la cafetería?”. La cafetería a la que se refería pertenecía al Grupo Serhs, propiedad de Ramón Bagó, un alto directivo de la sanidad y exalto cargo del Govern de Pujol.

Posteriormente conocieron que Bagó había utilizado su cargo para adjudicarse, sin concurso previo, el suministro alimentario de varios hospitales, por un contrato de 50 millones de euros. El de Bagó es uno de los múltiples casos que investiga la Justicia, que el pasado lunes imputó al expresidente del Institut Català de la Salut, Josep Prat, y al exdirector del Catsalut, Carles Manté, por presuntos pagos irregulares de más de un millón de euros. “Se ha producido una gran estafa a los ciudadanos llevada a cabo de manera sistemática”, denunció Dante.

Las intervenciones de los ponentes se siguieron con gran entusiasmo -en repetidas ocasiones con aplausos- por parte de la audiencia que abarrotaba la plaza Bonet i Muixí de Sants, la mayor parte de ella personas mayores. “La primera medida que habría que tomar es la recentralización de la gestión de la sanidad a la Generalitat. Si la Generalitat paga la factura debe ser quien controle en qué se gasta el dinero”, defendió Marta Sibina. Y añadió: “Los que se oponen a ello son los que están creando un sistema de monopolio privado”.