Los ecologistas califican de "desastre" la nueva Ley de Costas

MADRID // Esperaban un empeoramiento de la legalidad medioambiental, pero los ecologistas no imaginaban el “desastre” que se ha dibujado ante ellos esta mañana tras la aprobación en el Consejo de Ministros de la Ley de Costas. Bajo la bandera de “conseguir una mayor seguridad jurídica y mejorar la imagen internacional de España”, el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha intentado convencer de que la nueva Ley no supone una “amnistía a las situaciones ilegales” y de que generará “confianza y certidumbre”. Nada más lejos de la lectura que han hecho los ecologistas.

“La Ley es un auténtico desastre que obedece a los intereses privados y de los sectores de la construcción y del turismo. Desprotege más que protege”, lamentó Theo Oberhuber, portavoz de Ecologistas en Acción. Un “oscurantismo” que denunció también Pilar Marcos, desde Greenpeace: “Ha sido preparada a espaldas de la sociedad y los grupos ecologistas. Su único objetivo es perdonar los desmanes urbanísticos que se han cometido y posibilitar que se vuelvan a repetir”.

Según el portavoz de Ecologistas en Acción, la Ley se ha redactado al margen de criterios técnicos y de estudios de impacto socioeconómico y ambiental. Tras la aprobación del borrador (el pasado mes de julio) los ecologistas tan solo se reunieron en una ocasión con el ministerio, cita a la que los primeros acudieron con “propuestas concretas”. Como explica Oberhuber, “poco tardamos en darnos cuenta que no teníamos la oportunidad de debatir nada”.

La nueva Ley, que modifica a la de 1988, amplia de 30 a 75 los años las concesiones para las viviendas y negocios a pie de mar y prorrogará las licencias que estaban a punto de vencer. De esta forma se evitará el derribo en 2018 de 1.100 viviendas, algo que, según el ministro, no estaría bien visto “desde el exterior”.

Como explica Oberhuber la ley se basa en la “arbitrariedad, la inseguridad y los intereses de los de siempre”. Cañete ha insistido en que, para renovar la licencia a determinadas industrias, como las papeleras, el Gobierno estudiará un informe medioambiental emitido por las comunidades autónomas, pero ha evitado concretar cuáles serán los criterios que se aplicarán a casa caso.

¿Y el cambio climático?

Theo Oberhuber no se explica cómo el Gobierno ha aprobado una Ley ambiental al margen de la evidencia de la existencia del cambio climático. “El Gobierno quiere casas y restaurantes a pie de playa. El problema es que ya hay muchos estudios que demuestran que el 70% de las playas de Guipúzcoa desaparecerá en 10 años a causa de la gran subida del nivel del mar”, comentó.

Además, los ecologistas temen que uno de los efectos derivados de la aplicación de la Ley sea la privatización de algunas zonas del litoral español. Uno de los artículos explica que “no pasarán a formar parte de dominio público marítimo-terrestre aquellas zonas que sean inundadas artificialmente o de forma controlada”. Es decir, algunas zonas podrán llegar a ser privadas a través de mecanismos que dependen de la mano del hombre, como son las inundaciones controladas.

Uno de los grandes argumentos de Cañete para justificar la nueva Ley es que supondrá un mecanismo “generador de empleo, negocio y actividad económica”. De nuevo, desde
Ecologistas en Acción, lo ponen en duda: “Parece que la situación económica en la que nos encontramos justifica toda la medida que proponga el Gobierno, incluso si supone invadir el litoral. No han hecho ningún estudio del efecto que esta Ley va a tener sobre otras actividades, como la pesca en los deltas y las rías”, insistió Oberhuber.