Endesa deberá pagar 37,5 millones de euros a las víctimas del gran incendio del Berguedà en 1994

BARCELONA // “Instalación inadecuada”, “mantenimiento deficiente”, son algunas de las conclusiones por las que un juez de Barcelona ha condenado hoy a Endesa a indemnizar con 37,5 millones de euros a las víctimas del gran incendio que dejó cuatro muertos y asoló más de 20.000 hectáreas de la comarca barcelonesa del Berguedà en 1994. La sentencia constata que el fuego se originó por el mal estado de la línea eléctrica, y obliga a la multinacional a compensar económicamente a más de un centenar de propietarios de las granjas, campos agrícolas y bosques que quedaron afectados.

El incendio, concluye el juez, se inició en el paso de la línea eléctrica de Endesa por el término municipal de Montmajor, “como consecuencia directa de la caída de chispas y de trozos incandescentes” de las cubiertas plásticas del cableado “sobre el terreno segado”. La sequedad de los campos propagó rápidamente el fuego, que quemó durante 14 días, hasta que pudo ser extinguido. El magistrado resalta además que no funcionaron los fusibles que debían haber detectado el sobrecalentamiento de la instalación eléctrica, y que por tanto la línea “no quedaba suficientemente protegida contra cortocircuitos y sobrecargas”.

En el 2007 se celebró un juicio penal por la muerte de cuatro personas en el incendio contra un solo acusado, Llorenç Villalonga, ex jefe de mantenimiento de Fecsa en el Berguedà. La Audiencia de Barcelona lo acabó absolviendo al considerar que la instalación de nuevos tendidos o elementos de seguridad que hubieran evitado la catástrofe no eran competencia suya. Sin embargo, tras el macrojuicio civil que tuvo lugar en noviembre del año pasado, el juez ha estimado ahora parcialmente la demanda de los afectados, que pedían cerca de 115 millones de euros en indemnizaciones.

Las cuantías que deberá abonar Endesa a los demandantes, que oscilan entre 15.000 y más de 3 millones de euros, corresponden a los daños que el incendio provocó tanto en los bosques afectados como en las infraestructuras agrícolas, instalaciones y maquinaria, e incluyen el incremento del IPC desde 1994. La compañía eléctrica ya ha anunciado que recurrirá la sentencia.