El calvario judicial del PP valenciano empieza el próximo lunes

VALENCIA // Este próximo lunes 10 de septiembre comienza el calvario judicial del PP valenciano. El partido del presidente Alberto Fabra está envuelto en varios procesos judiciales que afectan a tres supuestos casos de corrupción en los que, de alguna forma, aparecen implicados diputados populares: el caso Emarsa, el caso Cooperación y el caso de financiación ilegal, enmarcado en una separata del caso Gürtel.

La primera prueba de fuego será este lunes cuando se reanudarán las declaraciones por el llamado caso Emarsa. En él se investiga una presunta trama corrupta que se dedicó a saquear las arcas de la empresa pública de gestión de agua de Valencia y su área metropolitana del 2006 al 2009. Cerca de 25 millones de euros se calcula que se desvió de la empresa pública a manos privadas. En el auto aparecen imputadas varias personas vinculadas al Partido Popular.

Ya se conoce el calendario de declaraciones en este caso. Antes de que acabe el año, pasarán más de 30 testigos por el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia

Imputados populares que aparecen también en el conocido como caso Cooperación, donde se investiga el desvío de fondos públicos, en esta ocasión, destinados a ayuda al Tercer Mundo (por ejemplo la construcción de un hospital en Haití). En la actualidad hay 22 imputados, seis de ellos altos cargos de la administración valenciana y se espera que en los próximos días se impute al actual portavoz popular en Les Corts, Rafael Blasco, por su relación con la trama.

El tercer caso de corrupción que se investigará en Valencia y que tiene como actores a miembros del Partido Popular, está relacionado con la trama Gürtel. Previsiblemente el 18 de septiembre se retomarán las declaraciones para investigar la presunta financiación irregular del PP en el País Valenciano.

El encargado de investigar este caso será el Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad Valenciana (TSJCV), quien deberá pronunciarse sobre el presunto delito de delito electoral y una presunta prevaricación de la Administración autonómica. La causa, derivada de la investigación del juez Pedreira en Madrid, está dividida en tres piezas: delito electoral por las elecciones municipales y autonómicas de 2007, delito de falsedad documental en las generales de 2008 y prevaricación de la Generalitat en la contratación de Orange Market, vinculada a la trama Gürtel, derivados de su contratación para la feria de turismo Fitur.

Además, sobre el ex Gobierno valenciano de Francisco Camps también recae la duda de su relación con la trama Nóos y sus contrataciones con Iñaki Urdangarín para la realización de la Valencia Summit.