Las 10 claves del fin de la sanidad universal

MADRID // Los inmigrantes en situación irregular pierden hoy su derecho a la asistencia sanitaria. Es una de las medidas más controvertidas del Real Decreto que entra hoy en vigor y que rompe el principio de universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Estas son las 10 claves que explican la norma, que se empezará a aplicar el lunes, ya que los fines de semana sólo funcionan las urgencias hospitalarias y las de algunos ambulatorios:

1. Inmigrantes. Se calcula (no existen registros al respecto) que unas 150.000 personas viven en España sin permiso de residencia. No cotizan a la seguridad social ni figura que paguen impuestos. Exceptuando a las embarazadas y a los menores, sólo se atenderá a este colectivo en las Urgencias. Los inmigrantes sin papeles no tendrán, por tanto, un médico de cabecera, tampoco podrán acudir a un especialista ni se les hará ningún tipo de seguimiento si son enfermos crónicos.

2. Previo pago de una cuota. “Nadie va a quedar desatendido”, aseguró el miércoles pasado la ministra de Sanidad, Ana Mato, tras la reunión de trabajo que mantuvo con los consejeros del ramo. ¿Entonces para qué el Real decreto? Mato aclaró, acto seguido, que quienes carezcan de tarjeta sanitaria “deberán abonar dicha asistencia”. El Ministerio de Sanidad ha instado a las autonomías a formalizar convenios con las personas que queden fuera del sistema. Si pagan 710,4 euros al año (1.864,8 si son mayores de 65 años), tendrán garantizada la asistencia. Pero, ¿cómo va a pagar un inmigrante sin papeles esas cantidades?

3. Cobro a los países de origen. Gobiernos como el de Castilla y León han planteado, en la reunión que mantuvieron los consejeros autonómicos con la ministra Ana Mato el miércoles pasado, que si los inmigrantes sin papeles no pudieran pagar ese seguro, como es previsible, se les atenderá pero se cobrará a sus países de origen. Esto resulta prácticamente imposible sin convenios ni registro exhausto de los inmigrantes que ni siquiera consta en sus países que emigraron.

4. Turismo Sanitario. El Gobierno ha vinculado desde el principio la exclusión de los inmigrantes sin papeles de la sanidad pública con el turismo sanitario. Nada que ver. Ni siquiera la idea de que miles de jubilados viajan a España cada año para operarse gratis no se corresponde con la realidad. Quienes lo hacen viven varios meses al año en España y son sus países de origen quienes pagan al de residencia por la atención que reciben. El mecanismo fue reforzado en 2011 en Europa, bajo la presidencia española de la Unión.

5. Tener un seguro. Si bien la Sanidad se financia a través de los impuestos, el Gobierno ha vuelto a vincular la condición de asegurado a la Seguridad Social al derecho a la Sanidad. Sólo estando asegurado se tendrá la tarjeta sanitaria, individual, necesaria para acceder al SNS. Las principales asociaciones de profesionales sanitarios, la oposición política y los sindicatos han criticado con dureza la normativa, al considerar que además de excluir y fragmentar la cohesión social, es una golosina para las mutuas sanitarias. ¿Si el paciente cada vez paga más por la atención sanitaria pública, por qué no tener un seguro privado?

6. Objeción de conciencia. Varios colectivos de profesionales sanitarios ya han mostrado su rechazo a la normativa y han expresado en público su intención de objetar. Consideran que sólo atendiendo a quienes lo necesiten respetan su código deontológico. Son los médicos de cabecera quienes se encontrarán con más casos, al ser la puerta de entrada al sistema. Para plasmar su rechazo, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SemFYC) ha elaborado un registro estatal de objetores, a la que ya se han apuntado cerca de 2.000 profesionales, entre médicos, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, farmacéuticos y administrativos. De todos depende la atención en el ambulatorio.

7. Peligro de Salud Pública. La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) también ha hecho hincapié en que dejar de atender a quienes lo necesiten pone en peligro al resto de la sociedad, al favorecer la propagación de enfermedades e infecciones. De igual parecer es la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp).

8. El abuso. Tanto SenFYC, Semergen como la Fadsp han alertado del peligro de que se colapsen las urgencias hospitalarias. Esto ha servido de excusa al Gobierno para insistir una vez más en la idea de que los ciudadanos acuden al médico más de lo que necesitan. De hecho, varias autonomías ya han dicho que vigilarán el abuso en las Urgencias. El argumento es viejo y se ha utilizado recurrentemente para justificar el copago médico. Sin embargo, los profesionales sanitarios aseguran que el abuso se da en casos muy contados.

9. Jóvenes y sanos. Numerosos estudios desmontan las tesis que señalan que los inmigrantes abusan de los servicios públicos, en este caso de la sanidad. Al contrario, suelen acudir menos al médico. Hay que tener en cuenta que quienes emigran lo hacen en edad de trabajar, gracias a ellos la población española no está tan envejecida como debería. Huelga decir que el uso de la sanidad se incrementa con la edad. Además, en el caso de los inmigrantes sin papeles, muchos han demostrado su fortaleza física aguantando viajes en medios de lo más rudimentarios.
10. Estado autonómico. Las autonomías son quienes tienen la última palabra sobre la normativa, al tener las competencias en Sanidad. Pueden, por tanto, mejorar las condiciones que impone el estado, como harán Euskadi y Andalucía. Esto podría generar la movilidad de inmigrantes sin papeles entre comunidades autónomas limítrofes.